Las deudas e incumplimientos de las Farc con las víctimas: los hallazgos de la Contraloría sobre el Acuerdo de Paz

En la noche del 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, líder máximo de las Farc-EP, firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado, con el que se buscaba cerrar un capítulo de 50 años de guerra. Sin embargo, casi una década después, el cumplimiento de los compromisos de reparación a las víctimas sigue enfrentando serias dificultades. 

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Un reciente informe de la Contraloría generó nuevas alertas sobre el incumplimiento de puntos clave del acuerdo, que tenía como pilares las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición a millones de víctimas del conflicto armado. El órgano de control advirtió que las fallas detectadas incluso afectan directamente la ejecución de las órdenes impartidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En su auditoría, la Contraloría Delegada para el Sector Justicia profirió órdenes judiciales para identificar el nivel de avance de cumplimiento por parte de entidades públicas nacionales y territoriales. Con la información obtenida, la entidad advirtió sobre la falta de garantías para la implementación del Acuerdo Final provocadas por escasez de recursos y debilidades en la articulación institucional.

El informe puso el foco en las obligaciones económicas asumidas por las antiguas Farc para contribuir a la reparación de las víctimas. En ese sentido, la Contraloría señaló que persisten retrasos significativos en la monetización y transferencia de los bienes entregados, lo que ha impedido que esos recursos se traduzcan de manera efectiva en medidas de reparación material, tal como lo estableció el Acuerdo de Paz.

El órgano de control también advirtió que estas fallas no solo comprometen el cumplimiento de las sentencias emitidas por la JEP, sino que generan un riesgo de revictimización al prolongar la espera de miles de personas que aún no reciben reparación. En ese escenario, la Contraloría insistió en la necesidad de medidas urgentes para garantizar que los compromisos pactados en 2016 no queden en el papel.

Las alertas sobre la falta de recursos para la ejecución de las sentencias de la JEP

En septiembre de 2025, la JEP emitió sus dos primeras sentencias relacionadas con los secuestros cometidos por las extintas Farc y los casos de ejecuciones extrajudiciales en el Batallón de La Popa. No obstante, la implementación de las medidas de reparación definidas por el tribunal de justicia transicional para ambos procesos estaría en riesgo.

En las decisiones emitidas ocho años después de su creación, la JEP sentenció a integrantes del último secretariado de las Farc y a exmilitares involucrados en casos de falsos positivos a realizar actividades de reparación, como búsqueda de personas desaparecidas, acciones de desminado humanitario, recuperación del medioambiente y reparación simbólica.

La implementación de los componentes restaurativos y reparadores de las órdenes impartidas por el tribunal requiere 121.858 millones de pesos. Sin embargo, la auditoría realizada por la Contraloría permitió establecer que hasta la fecha solo hay 20.000 millones de pesos disponibles, por lo que falta financiar el 86 por ciento del total de recursos necesarios para garantizar la ejecución integral de las medidas.

El Ministerio de Hacienda ha girado solo una parte de los recursos que se invertirán en las acciones restaurativas previstas en comunidades afectadas por el conflicto armado. Por eso, la JEP había advertido que la apropiación presupuestal resultaba fundamental para que los proyectos de reparación se materialicen en los territorios.

Retrasos y falencias en la entrega de bienes para la reparación de víctimas por parte de las Farc

Uno de los puntos más críticos del Acuerdo de Paz, relacionado con la reparación a las víctimas, es la entrega de bienes por parte de las Farc. Según la Contraloría, la entrega de bienes ha sido incompleta y deficiente, con una serie de incumplimientos que dificultan la reparación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el país.

La auditoría reveló que solo una fracción de los bienes prometidos por las extintas Farc ha sido entregada o monetizada, dejando una brecha significativa en los recursos disponibles para las víctimas. En su informe, la Contraloría identificó que, de los bienes reportados, una cantidad considerable aún no ha sido entregada al Estado una década después del acuerdo.

El informe permitió confirmar que la extinta guerrilla había asegurado disponer de más de 24.000 semovientes, pero hasta la fecha solo se han entregado 258. Además, la Contraloría señaló que, de los 722 bienes inmuebles reportados por las Farc, la extinta guerrilla solo ha entregado formalmente una propiedad al Estado.

Los miembros del último secretariado de la organización ilegal reportaron en 2016 que tenían 319 vehículos utilizados para transportarse por el país antes de la firma del acuerdo de La Habana. No obstante, hasta la fecha solo han entregado 31 unidades, correspondientes al 9,72 por ciento de los bienes automotores declarados para contribuir a la reparación de las víctimas.

Las Farc reportaron una disponibilidad en efectivo cercana a los 12.000 millones de pesos como parte de los bienes destinados a la reparación de las víctimas. Sin embargo, el Estado solo ha recibido 2.100 millones de pesos, equivalentes al 17,5 por ciento del total declarado. A esto se suma que, durante el proceso de verificación, la Contraloría estableció que solo pudieron ser monetizados 448.500 dólares, debido a que 1.500 correspondían a billetes falsos.

Finalmente, la Contraloría también reveló retrasos significativos en la monetización de otros activos, como joyas, oro y divisas, elementos que forman parte de los recursos destinados para la reparación de las víctimas. Para la entidad, las dificultades en la transferencia de bienes han provocado una escasez de fondos que impide cumplir con las obligaciones reparadoras contempladas en el Acuerdo de Paz.