Los crímenes contra los wayúu que resultaron en una nueva condena de 40 años de prisión contra Salvatore Mancuso
Un tribunal de Justicia y Paz lo declaró responsable de 117 hechos delictivos cometidos por estructuras paramilitares en La Guajira entre 2002 y 2006. La sentencia reconoce reparación colectiva a comunidades indígenas y fija una pena de hasta 40 años de prisión.
Por: Juan David Cano
La justicia colombiana condenó este lunes 19 de enero al exjefe paramilitar y designado gestor de paz Salvatore Mancuso a 40 años de prisión por su responsabilidad en 117 crímenes cometidos contra comunidades indígenas wayúu y otras poblaciones de La Guajira, durante los años más crudos de la expansión paramilitar en ese departamento.
La decisión fue adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que acogió los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y estableció que las estructuras armadas bajo el mando de Mancuso perpetraron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, violencia basada en género y otros delitos entre 2002 y 2006.
El papel del Frente Contrainsurgencia Wayúu
Según la sentencia, los hechos fueron ejecutados principalmente por hombres del Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creada para extender el control paramilitar en amplias zonas de La Guajira.
Entre los casos documentados, el tribunal destacó la incursión armada a la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, el 10 de octubre de 2003, donde varios indígenas fueron retenidos, golpeados y maltratados durante horas, además del saqueo y destrucción de bienes culturales fundamentales para su subsistencia, como chinchorros, mochilas y mantas tradicionales. También se probó el homicidio de dos indígenas wayúu en la ranchería Kepischon, ocurrido en marzo de 2002.
La estructura armada llegó a contar con cerca de 150 integrantes y facilitó la expansión de las AUC en zonas medias, altas y nororientales del departamento, incluyendo áreas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta.
La reparación colectiva de la condena y el alcance de la pena
Además de la condena penal, el fallo reconoció como sujetos de reparación colectiva a comunidades indígenas ubicadas en Carraipia, Majayura y Malaki (Uribia), así como en Matitas (Riohacha), una medida clave para procesos de memoria, restitución y garantías de no repetición en la región.
Mancuso fue sentenciado también a una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. Sin embargo, el fallo dejó abierta la posibilidad de que la pena efectiva se reduzca a ocho años de prisión, siempre que cumpla estrictamente las condiciones establecidas en la Ley de Justicia y Paz, entre ellas el aporte pleno a la verdad, la reparación a las víctimas y el compromiso de no repetición.
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