Ametralladoras, malos tratos y 'falsos positivos': el expediente por el que va a juicio el coronel (r) David Guzmán

Las víctimas eran dos jóvenes del corregimiento del Aro, en Ituango, Antioquia. Era el 12 de noviembre de 2004 cuando tropas del Batallón Contraguerilla 79 se hicieron pasar por paramilitares, irrumpieron en esas casas en horas de la noche y se los llevaron. La orden la habría dado el mayor David Guzmán Ramírez, entonces comandante del Batallón, según declararon el sargento Fidel Ochoa Blanco y los soldados Ricardo Manuel Buelvas y Oswaldo Manuel Arrieta a la JEP.

Las víctimas duraron seis días a manos del paramilitar conocido como ‘Junior’ en el Cerro del Oso hasta que, el 18 de noviembre de ese mismo año, las tropas regresaron. Una víctima fue entregada a los militares. Guzmán le ordenó a un soldado que le disparara al joven desarmado e indefenso y, como este se negó a cumplir la orden, el mayor Guzmán tomó la ametralladora y disparó. De la otra víctima hoy no se tiene razón.

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Este es uno de los hechos por los que el ahora coronel en retiro del Ejército Nacional David Herley Guzmán Ramírez fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz. A diferencia de otros militares responsables de ‘falsos positivos’ en diferentes municipios de Antioquia, el exoficial no aceptó cargos, reclamó ser inocente y, por eso, enfrenta un juicio transicional. Este proceso puede terminar en una sentencia favorable o una condena de hasta 20 años de prisión que contempla las reglas de la justicia transicional para quienes no admiten crímenes ni aportan verdad.

Este martes, en Medellín, arrancará formalmente el juicio transicional en su contra. La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA), que es la Fiscalía de la JEP, lo acusó en diciembre de 2024 porque, presuntamente, en compañía de otros miembros de la fuerza pública y en asocio con organizaciones paramilitares del norte de Antioquia, participó en la comisión de homicidios contra personas protegidas por el DIH, desapariciones forzadas y, en algunos casos, de tratos crueles, humillantes y degradantes contra un sector de la población civil. 

Todo esto, dice la acusación, ocurrió entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, cuando Guzmán estuvo al frente de ese Batallón, en una actuación que fue posible por una política de felicitaciones y demás incentivos previstos en las disposiciones administrativas internas del Ejército. La mayoría de las víctimas mortales fueron exhumadas de cementerios de Ituango y Dabeiba.

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Según la Fiscalía de la JEP, Guzmán Ramírez llegó al punto de ordenar disparar con ametralladoras y con granadas a las víctimas con el fin de desfigurarlas y dificultar su identificación posterior.

Los testimonios contra Guzmán coinciden en varios aspectos: como una persona que daba las órdenes directas para reclutar víctimas y disponer qué uniformados iban a cometer los crímenes y como directo responsable de un entramado criminal que fue perfeccionando la comisión de los ‘falsos positivos’, por cuenta propia, y con ayuda o participación de grupos paramilitares, siendo las víctimas personas en condición de vulnerabilidad.  Según la JEP, el 31 de agosto de 2005, Guzmán entregó dineros a dos sargentos que reclutaron a una víctima y disparó a la cabeza del joven Jhon Jarvi Cañas Cano mientras yacía en tierra boca abajo en un retén militar. 

“Se le atribuye la presunta comisión de homicidios y de desapariciones forzadas de personas protegidas, así como la ejecución de tratos inhumanos y degradantes en un contexto de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Dabeiba. Se evidenció un patrón de macro-victimización caracterizada por ejecuciones extrajudiciales sistemáticas y encubiertas perpetradas por tropas bajo su mando. Las víctimas eran civiles vulnerables dentro de un contexto institucional que priorizaba resultados operacionales medidos por el número de muertes, respaldada por una política de beneficios”, indicó la JEP.

El de Guzmán Ramírez es el segundo juicio adversarial que la JEP inicia contra perpetradores de graves crímenes con ocasión del conflicto armado. En diciembre pasado, la JEP condenó a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su probada participación en las ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante su paso por el Batallón La Popa, de Valledupar.