La JEP abrió investigación contra el general (r) Mario Montoya por los ‘falsos positivos’ en Antioquia

El 30 de noviembre del 2003, una de las unidades militares adscritas a la IV Brigada del Ejército Nacional, que para entonces lideraba el general Mario Montoya, montó una operacion de registro y control en el barrio Olaya de Medellín y terminó asesinando a sangre fría a Franklin de Jesús Gómez en el mismo barrio donde residía. El hombre, que padecía discapacidad intelectual, fue presentado como baja en combate y señalado de hacer parte de las milicias de las Farc. Para montar una escena creíble, los militares le sembraron material de guerra. Esa es una de las 141 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño por las que, según la JEP, debe responder el general (r) Mario Montoya Uribe. CAMBIO revela en exclusiva el auto que le da un comienzo decisivo al proceso en los estrados judiciales.

En octubre del 2024, el general Montoya se negó a reconocer su responsabilidad por los ‘falsos positivos’ cometidos en Antioquia por los cuales la JEP lo imputó. Por eso, en diciembre del mismo año, la jurisdicción envió su caso a su Unidad de Investigación y Acusación (UIA), una especie de Fiscalía, para que indagara los hechos y determinara si había mérito o no para abrir una investigación formal en su contra. Finalmente, el 23 de diciembre del 2025, tras más de un año de indagaciones, la UIA tomó su decisión: abrió una investigación formal en contra del general Montoya por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate, ocurridas cuando comandó la IV Brigada del Ejército, entre 2002 y 2003. 

El auto, con fecha del 23 de diciembre de 2025, marca el tránsito definitivo del caso al escenario adversarial. Esto, en términos prácticos, significa que Montoya dejó de ser un compareciente con opción de recibir beneficios y pasó a enfrentar un proceso penal, con la posibilidad de que, en los próximos meses, lo acusen formalmente y afronte un juicio que, de salir en su contra, podría enfrentarlo a una condena de hasta 20 años de prisión, la pena máxima prevista por la JEP para quienes, teniendo la oportunidad de aportar verdad y reconocer responsabilidad, deciden no hacerlo.