Abelardo de la Espriella descarta negociar; el Clan del Golfo plantea condiciones para su sometimiento y suspende cobros ilegales

El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), le envió una carta al presidente electo Abelardo de la Espriella en la que afirma estar dispuesto a someterse a la justicia y propone unas condiciones jurídicas y de seguridad bajo las cuales lo haría. La comunicación, fechada el 29 de junio y difundida a través de la cuenta de X Gaitanistas por el Pueblo, llega cuatro días después de que De la Espriella advirtiera a los grupos armados ilegales que tendrán un mes para organizar su sometimiento a la justicia.

De la Espriella ya había descartado abrir una negociación con la organización. El grupo armado le responde de todas formas, e insiste en que entiende el proceso "como un acuerdo con el Estado colombiano y con la sociedad, y no con un gobierno de turno". El mensaje se produce en medio de la tensión generada por los audios que reveló la semana pasada Noticias Caracol, en los que, presuntamente, el excomisionado de paz Danilo Rueda negoció beneficios para la organización a cambio de su entrada a la mesa de diálogo durante el Gobierno de Gustavo Petro.

 Antes de hablar de sometimiento

La carta recuerda que las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia se sometieron a la justicia hace 21 años. Usa ese antecedente para advertir qué le podría pasar si el Clan del Golfo sigue el mismo camino. Según el documento, la Corte Suprema de Justicia determinó en una sentencia que, al ritmo en que avanza hoy ese proceso, terminaría de resolverse dentro de casi 60 años, 12 años más de lo que duró el propio conflicto armado. El grupo criminal usa esa cifra para argumentar que el marco jurídico vigente no ofrece garantías suficientes para el sometimiento de una estructura de su tamaño.

El grupo pide en el documento seguridad jurídica y personal para sus integrantes, garantías para las comunidades de sus zonas de influencia y una ley que defina, en un plazo determinado, los términos de verdad, reparación y no repetición. Reitera además su disposición a recibir al comisionado de paz y a los funcionarios que designe el nuevo Gobierno, y pide vincular al proceso a los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, junto con los países que ya median en la mesa: España, Noruega, Suiza y Catar.

Anuncian la suspensión de extorsiones en más de 50 municipios

En un segundo comunicado, con fecha del 30 de junio, el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez anunció la suspensión temporal del cobro de lo que la organización llama "impuesto de guerra" sobre el comercio legal urbano en los municipios bajo su control. La medida regirá del 10 de julio al 10 de octubre y acoge más de 50 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, repartidos entre varios frentes que integran ese bloque.

El comunicado dice que es un "gesto tangible de buena voluntad" hacia De la Espriella, el gobernador de Córdoba y los países mediadores del proceso. La organización no precisa qué pasará con el cobro de ese tributo ilegal una vez se cumpla el plazo de tres meses, ni si la suspensión depende de algún tipo de respuesta del nuevo Gobierno.