Los cuestionamientos de firmantes de paz a la implementación del Acuerdo por parte del Gobierno Petro
El exjefe guerrillero Pastor Alape aseguró que el Ejecutivo aún no ha cumplido la promesa de ajustar dos normas relacionadas con la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz. También recordó las cifras de homicidios contra excombatientes y pidió que las medidas acordadas pasen de los anuncios a la implementación efectiva.
El exintegrante de las antiguas FARC, Pastor Alape, solicitó al Gobierno nacional modificar dos decretos que, según afirma, afectan los esquemas de seguridad destinados a garantizar las condiciones de seguridad de los firmantes de paz en Colombia.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Alape manifestó que el Estado aún tiene compromisos pendientes en materia de protección para los excombatientes y advirtió sobre la persistencia de riesgos en distintas regiones del país. Según indicó, desde la firma del acuerdo han sido asesinados más de 485 firmantes.
En su pronunciamiento, el exjefe guerrillero hizo referencia a los decretos 019 y 020 de 2026, normas que, de acuerdo con los excombatientes, requieren ajustes para garantizar plenamente las medidas de seguridad pactadas durante el proceso de paz.
Alape sostuvo que el Ejecutivo había expresado su disposición de modificar esos decretos, pero aseguró que hasta ahora los cambios prometidos no se han concretado. Por ello, pidió que las reformas se realicen de manera inmediata y reiteró que la implementación de las garantías contempladas en el acuerdo constituye una obligación estatal.
“Exigimos la modificación inmediata de estos decretos y la implementación plena del Acuerdo Final de Paz”, señaló el exintegrante de las FARC, quien insistió en que las medidas de protección son fundamentales para la consolidación de la paz en los territorios.
El llamado se produce en medio de las discusiones sobre el avance de la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la seguridad de los firmantes, un tema que organizaciones de excombatientes consideran prioritario debido a las amenazas y hechos de violencia que continúan registrándose en varias zonas del país.
Preocupación por cambios en la Unidad Nacional de Protección
Las inquietudes sobre las garantías de seguridad no son nuevas. A comienzos de este año, el partido Comunes expresó su preocupación por la salida de funcionarios vinculados a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependencia encargada de coordinar medidas de protección para excombatientes y sus familias.
La colectividad aseguró que al menos 18 contratistas de esa área fueron informados de que sus contratos no serían renovados para 2026. Según el partido, la decisión no estuvo relacionada con incumplimientos o deficiencias en el desempeño de los profesionales.
En un comunicado divulgado en ese momento, Comunes señaló que la no continuidad de esos contratos estaría asociada a que las hojas de vida de los funcionarios habían sido postuladas y respaldadas por esa organización política, surgida tras la desmovilización de la antigua guerrilla.
La denuncia fue presentada como una señal de alerta sobre posibles afectaciones a la estructura encargada de brindar protección a los firmantes del acuerdo, en un contexto en el que distintos sectores continúan reclamando mayores acciones para garantizar su seguridad.
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