Entre fusiles y urnas: ¿qué tan libre es el voto en los territorios bajo el control de grupos armados?
Mientras que los grupos armados se disputan territorios y economías ilegales, las elecciones siguen desarrollándose con normalidad. Sin embargo, persisten las dudas sobre qué tan libre es el voto en las regiones donde estas estructuras ejercen control.
Por: Carol Tatiana Gómez
La misma semana en que se realizó la primera vuelta presidencial, dos facciones disidentes de las FARC se enfrentaron en Guaviare por el control de rutas de narcotráfico y dejaron decenas de muertos. A pocos kilómetros de allí, los puestos de votación abrieron sin contratiempos el 31 de mayo. Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), ambas escenas hacen parte de una misma realidad. Como muestra de ello, la experta dice que “no se ha levantado una sola mesa de votación por orden público”.
Para el politólogo Andrés Dávila, esto no es algo raro: "Es el mejor ejemplo de la coexistencia de orden y violencia que tiene Colombia". Pero hoy esa convivencia tiene un matiz distinto. Según Barrios, no se puede afirmar que los más de cien grupos armados que operan en el país siguen buscando, como hace décadas, una alianza con el poder político o que tienen un interés directo en quién gane las elecciones: “Es un fenómeno diferente, donde no se puede afirmar que el objetivo de estos grupos, cuando hay un proceso electoral, sea tener dominio electoral”, explicó.
Pero aun cuando las urnas funcionan con normalidad, sigue abierta la discusión sobre si quienes viven en ciertos territorios están ejerciendo su voto con plena libertad o bajo la influencia de grupos armados.
Las cifras de violencia
Si el objetivo de las estructuras armadas ya no es el dominio electoral nacional ni la alteración de las urnas, ¿por qué las cifras de violencia siguen siendo altas? La respuesta, según Barrios, es porque las estructuras armadas avanzan en su propio calendario que no es el electoral: "Las elecciones del calendario electoral pasan mientras ellos están tratando de copar el territorio. Por eso, hasta hoy, afortunadamente, la presencia de estos grupos armados y sus acciones no han generado una distorsión en la organización de las elecciones”.
Sin embargo, desde 2022 la MOE ha registrado un incremento sostenido de la violencia dirigida al sector político, pero esta no afecta por igual a todo el espectro de poder. Las principales víctimas de amenazas y atentados han sido los concejales y los liderazgos étnicos, particularmente las comunidades indígenas en el departamento del Cauca.
Para Barrios, esto podría tener dos explicaciones. La primera, el intento de los grupos ilegales por copar y controlar físicamente territorios importantes para ellos. La segunda, las tensiones políticas estrictamente locales, en las que hay extorsiones y disputas relacionadas con el financiamiento de las campañas de los candidatos a los concejos, que al ser la representación más cercana de la gente, se exponen a las presiones de las economías ilegales.
Esto coincide con lo que dice el politólogo Andrés Dávila: “La violencia política en Colombia, incluso en sus momentos más intensos, nunca ha respondido a un plan nacional coordinado, sino a arreglos regionales y locales”.
¿Cómo se vota en las zonas con presencia de grupos armados?
Hay una idea que se repite mucho en la conversación por estos días y es que la gente en las zonas más golpeadas por el conflicto vota como vota porque hay grupos armados obligándolos. Barrios no descarta que exista esa relación, pero asegura: "No encontramos una evidencia estadística que nos permita hacer esa correlación, como se lograba de manera tan clara cuando estaban las AUC, las FARC y el ELN".
Para demostrarlo, puso dos ejemplos. El primero es Arauca, uno de los bastiones históricos del ELN, territorio que se disputa con disidencias de las FARC. Ahí en primera vuelta ganó Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha.
El otro ejemplo es Cauca. Allí, según Barrios, la izquierda ha consolidado durante los últimos ocho años una identidad política propia. Además, existen factores que ayudan a explicar ese respaldo, como la candidatura a la Vicepresidencia de la senadora indígena Aida Quilcué, nacida en el departamento.
¿Pero se está votando con libertad?
No todas las organizaciones están tan seguras de eso. Para las elecciones legislativas de marzo, un grupo de veedores del Instituto de Ciencia Política (ICP) y la Fundación Colombia 2050 investigó 42 municipios en 15 departamentos. Encontraron que en Caquetá a la gente le exigían el certificado electoral con amenaza de multa. En Guaviare, no dejaban moverse libremente a quienes trabajaban en campañas. En Guapi y López de Micay, en el Cauca, acompañaban a la gente hasta la mesa y anotaban por quién votaba.
En total, encontraron más de 327.000 votos en puestos con ese tipo de anormalidades. Para Carlos Augusto Chacón, director del ICP: "El voto se captura antes de llegar a la urna. Donde no hay denuncias visibles, puede haber miedo”.
La diferencia entre la lectura de la MOE y la del ICP está en la pregunta que cada organización intenta responder. Mientras la MOE analiza si existe una relación entre presencia armada y comportamiento electoral, el ICP se concentra en determinar si los ciudadanos pueden votar con plena libertad.
Entonces, ¿por qué presionar si no es para ganar una elección? Para la Defensoría del Pueblo esto ocurre por una "gobernanza armada ilegal". Lo que quiere decir que estos grupos ya controlan la vida cotidiana en esos territorios, así que ven el día de votaciones como una oportunidad para reafirmar ese control.
Para Andrés Dávila, el tema es aún más complicado. Según él, en el pasado sí hubo zonas donde un solo candidato se llevaba el 80, 90 o hasta el 100 por ciento de los votos por la influencia de un actor armado. Pero eso no significaba una alianza ideológica entre el grupo armado y el político. Casi siempre eran negocios puntuales, favores políticos y plata de por medio.
Con todo esto sobre la mesa, igual queda la incertidumbre de si esa presión a los votantes, aunque no favorezca a un candidato o partido de forma clara, podría terminar pesando en unas elecciones que cada vez se vuelven más estrechas. El propio ICP advierte que en una contienda como esta, 327.000 votos en zonas con anomalías no pueden ser un detalle menor. Para Dávila, el riesgo con esta segunda vuelta es precisamente que el resultado quede tan ajustado que cualquier irregularidad pese más de lo normal.
Lo que puede salir mal en la segunda vuelta: desinformación y un margen de votos muy estrecho
Para Alejandra Barrios, el peligro real de este domingo, más que las armas, son las campañas que se hagan en redes sociales: “Si este uso se concentra en desinformación, en mensajes de odio, haciendo llamados a la polarización, pues obviamente vamos a tener una jornada electoral muy tensa y en espera de resultados absolutamente tensos”.
Para Dávila, eso también es una preocupación. “Si la votación es muy cerrada, la cosa se puede poner difícil. Si la diferencia es menor a 50.000 votos, es probable que ambos lados terminen denunciando fraude y queriendo manifestarse y eventualmente coincidan en zonas o lugares públicos", asegura el experto. Y añade que si quien gana lo hace con un margen amplio, esa posibilidad se reduce.
El llamado de Barrios es a la confianza: “El domingo será un día rápido: a las 4 de la tarde cierran las urnas, y hacia las 5 ya debería haber resultados”. Pide confiar en los testigos electorales que cada campaña pone desde las 8 de la mañana hasta el cierre del escrutinio y en los jurados de votación, que no son funcionarios ni expertos, sino ciudadanos comunes escogidos para esa tarea.
Para ella, la verdadera prueba del domingo es demostrar la madurez democrática que tiene un país como Colombia, que es capaz de resolver las diferencias de manera pacífica, a través de la convocatoria a las urnas.
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