Al menos 65 menores muertos: el saldo que deja el regreso de los bombardeos en la estrategia militar de Petro
El director de Medicina Legal reveló que 65 menores de edad han muerto en operaciones militares durante el actual Gobierno. La cifra llega tras el cambio en la estrategia de seguridad que el propio Ejecutivo ha defendido como necesario frente a la expansión de los grupos armados.
Por: Juan David Cano
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que al menos 65 menores de edad han muerto en operaciones militares durante el actual Gobierno, la mayoría de ellos entre los 14 y los 17 años.
El dato lo entregó el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés Martínez, durante la rendición de cuentas de la institución este 1° de julio. “Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual”, dijo Cortés Martínez.
El funcionario precisó que los casos se concentran en áreas periféricas del país. “Las principales son las 6 periféricas, por ejemplo, la del Guaviare y lo que es Arauca y el Putumayo; son los sitios donde más se está dando”, señaló.
Entre las víctimas contabilizadas por Medicina Legal también figuran cuatro menores que murieron el 12 de junio en un bombardeo del Ejército contra el Clan del Golfo en Nuquí, Chocó.
Un giro de ida y vuelta en la estrategia militar
La cifra llega después de un cambio de rumbo en la política de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro.
Al llegar al poder en agosto de 2022, el Ejecutivo suspendió los bombardeos contra estructuras armadas ilegales, una decisión que en su momento se justificó como una medida para evitar afectar a menores reclutados por esos grupos y avanzar en los diálogos de paz.
Pero, según registros de la Fundación Ideas para la Paz, esa pausa se tradujo en una caída sostenida de las acciones ofensivas de la fuerza pública, hasta tocar su punto más bajo en 2023, con apenas 80 operaciones registradas, la cifra más baja desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, en 2016.
Y en ese mismo periodo, organizaciones como el Clan del Golfo expandieron de forma acelerada su presencia territorial y su número de integrantes.
Ante ese escenario y los bajos resultados de la llamada Paz Total, el Gobierno retomó los bombardeos en 2024, bajo la condición de que no afectaran a niños y adolescentes reclutados por los grupos armados.
A finales de ese año se realizó el primer ataque aéreo contra el Clan del Golfo durante la actual administración, y en 2025 se ejecutaron otros, además de operaciones contra el ELN y las disidencias de las antiguas Farc.
La tensión entre la ofensiva militar y la protección de menores
Sin embargo, el regreso de los bombardeos no ha estado exento de episodios que han generado cuestionamientos.
El 10 de noviembre de 2025, un ataque aéreo en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar (Guaviare), dejó al menos siete menores de edad muertos, según cifras de Medicina Legal.
El hecho llevó a la entonces defensora del Pueblo, Iris Marín, a pedirle al presidente Petro que suspendiera los bombardeos, tras varios ataques aéreos registrados en Amazonas, Guaviare y Arauca.
El propio presidente pidió perdón a las madres de siete menores muertos en uno de esos episodios. “Es dolorosa la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia, y sé que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón”, dijo en su momento.
Pese a las críticas, el Ministerio de Defensa ha sostenido que las operaciones se han ejecutado dentro del marco del derecho internacional humanitario, y que los adolescentes reclutados por los grupos armados pueden perder su condición de protegidos cuando cumplen funciones continuas de combate.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo entre enero y mayo de este 2026 se han registrado al menos 51 casos de niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados por grupos armados.
Lea los comentarios
