Caso de los helicópteros MI-17: llamarán a juicio a un exviceministro del gobierno Petro
La Fiscalía radicó el escrito de acusación por el contrato de los helicópteros MI-17 del Ejército y llamará a juicio al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y a otras cinco personas por ocho delitos.
Por: Juan David Cano
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exviceministro Luis Edmundo Suárez Soto por el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército.
El escrito de acusación es el documento con el que la Fiscalía expone las razones por las que considera que los procesados deben ir a juicio; con su radicación, el ente acusador cierra la etapa de investigación y pide que los seis respondan ante un juez.
La decisión, conocida este martes 25 de agosto, recae también contra otras cinco personas, entre exempleados del Ministerio de Defensa y particulares vinculados al negocio.
Junto a Suárez Soto, quien fue viceministro para la Estrategia y Planeación, la acusación cobija al contratista Carlos Martín Uribe Forero; a James Lester Montgomerie, de la firma estadounidense Vertol Systems; al exsecretario general de la cartera, Hugo Alejandro Mora Tamayo; al exdirector de Logística, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército.
¿Qué le atribuye la Fiscalía?
La tesis del ente acusador es que varios de los procesados se pusieron de acuerdo para que el contrato terminara en manos de Vertol Systems, pese a que, según la investigación, la compañía carecía, en palabras de la Fiscalía, de 'la capacidad técnica y financiera para el trabajo'.
Para lograr direccionar el negocio, se habrían rebajado las exigencias del proceso y permitido que el oferente entregara información que no correspondía a la realidad. Además, se habría alterado la forma de pago para adelantar un giro equivalente a la mitad del valor pactado, unos 16 millones de dólares.
Por ese esquema la Fiscalía acusa a los involucrados de varios delitos: falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación (apropiación indebida de recursos públicos), interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción (proferir una decisión contraria a la ley), abuso de función pública y fraude procesal.
Por ahora, la audiencia en la que se leerán esos cargos aún no tiene fecha. Suárez, por su parte, ha rechazado las acusaciones. El exviceministro no aceptó los cargos en la imputación y ha sostenido que la contratación de Vertol Systems contó con el visto bueno de la División de Asalto Aéreo del Ejército, con lo que niega haber direccionado el proceso a su medida.
Un contrato de 32 millones de dólares y una flota en tierra
El negocio en cuestión es el contrato 012, firmado el 31 de diciembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa y Vertol Systems por cerca de 32 millones de dólares (unos 130.000 millones de pesos al cambio actual), para el mantenimiento y el suministro de repuestos de las aeronaves.
El acuerdo se dio en medio de un cuello de botella heredado, pues tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, las sanciones a las empresas rusas que históricamente atendían los MI-17 dejaron a Colombia sin la vía habitual para pagar repuestos y reparaciones.
La ejecución, sin embargo, no cumplió lo prometido. Aunque Vertol recibió el anticipo del 50 por ciento, los reportes de auditoría e interventoría citados por las autoridades apenas registraron trabajos parciales, y buena parte de la flota quedó inmovilizada.
En noviembre de 2025 el Ministerio de Defensa formalizó una sanción cercana a los 8,9 millones de dólares contra la firma y ordenó devolver el anticipo; a comienzos de 2026 el Estado recuperó 22 millones de dólares por la vía de una póliza de cumplimiento.
El daño operativo, en cambio, no se resolvió con dinero. En junio de este año el Ejército informó que lograron extender la vida útil de una de las aeronaves con capacidades propias de la nación, sin embargo, este trabajo requirió un esfuerzo conjunto especializado demasiado grande para el país que aún busca recuperar la otra parte de los recursos perdidos en el contrato.
El entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya había fijado la posición del Gobierno frente a las pérdidas del contrato: "No se va a perder un solo peso". Aun así, admitió que el golpe a la capacidad aérea del Ejército era serio y seguía sin subsanarse.
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