El 46 por ciento de asesinatos de líderes sociales se registró en Colombia. ¿Qué está fallando?

Front Line Defenders, una organización internacional no gubernamental, publicó su informe 2022. Según el análisis, Colombia fue el país donde hubo más asesinatos de defensores de derechos humanos: 186 en total.

El año pasado, en 26 países, hubo un total de 401 muertes. Esto significa que el 46 por ciento de los casos se presentaron en el país. Además, en 2021, Colombia también ocupó el primer puesto en el ranking, con un total de 138 asesinatos.

La organización también planteó que Colombia continúa presentando violencia contra protectores y líderes medioambientales, a pesar de que el país haya apoyado el acuerdo de Escazú.

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Las cifras mundiales en 2022

Según la organización, hubo más asesinatos el año pasado que en 2021, cuando se presentaron 358 casos en 38 países. "En un hito sombrío, por primera vez vimos más de 400 asesinatos selectivos de defensores de los derechos humanos en 2022", expresó la directora interina de la ONG, Olive Moore.

Por otra parte, aunque Latinoamérica continuó siendo la región más mortífera para las personas que se dedican a defender los derechos humanos, Moore dijo también que en 2022 "vimos un panorama más peligroso para los defensores en el contexto de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania".

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El fenómeno de asesinato de líderes y defensores de DDHH en Colombia

Mauricio Valencia, investigador de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), le manifestó a CAMBIO que las cifras que manejan en su institución se acercan bastante a las entregadas por la ONG.

Según Pares, en 2022 se registraron 180 asesinatos de líderes ocurridos y 136 en 2021, lo que significa un gran aumento de casos.

No obstante, Valencia dijo que "el año más fatídico para líderes y lideresas sociales fue 2020, donde se presentaron 223 (asesinatos) desde la firma del acuerdo de paz".

Además, "en 2022 lo que se registra es una tendencia a que haya mayor propensión de estos asesinatos en departamentos como Cauca, donde se presentaron un total de 26 asesinatos. Le sigue Nariño con 19, Antioquia y Putumayo con 17 cada uno, Arauca y Valle del Cauca con 14 cada uno",  expresó el investigador.

Valencia también planteó que en estas regiones se concentra gran parte de los asesinatos, pues concentraron cerca del 60 por ciento de los casos de asesinato de líderes y defensores de derechos humanos el 2022.

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Por otra parte, según el investigador, otro factor fundamental que influye en la escalada de asesinatos es la actividad de grupos al margen de la ley.

Ocurre en Arauca, por ejemplo, debido a los enfrentamientos entre el frente Domingo Lain del ELN y la estructura Martín Villa de las disidencias de las Farc, que se ha intensificado durante 2022 y el presente año. "Esto, por supuesto, ha producido una estigmatización de los liderazgos sociales, puesto que lo que hacen los grupos armados es señalar a estos líderes de pertenecer a uno u otro grupo", dijo Valencia.

Algo similar sucede en Cauca y Nariño, donde se ha incrementado la violencia entre las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, encabezadas por Iván Márquez, y el Estado Mayor Central, a cargo de Iván Mordisco.

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En adición a esto, "hay que mencionar que en el caso de Cauca y Nariño hay una composición muy fuerte de ataques sistemáticos contra líderes y lideresas indígenas", aseveró el investigador. En el caso de Cauca, de los 26 asesinatos que hubo, "13 fueron dirigidos hacia comunidades indígenas. Sobre todo los Nasa, que tienen un gran arraigo en ese departamento".

Y en el caso de Nariño, ha habido un gran ataque contra la población indígena awá y sus liderazgos. En 2022, esta comunidad expidió más de veinte comunicados en relación a los ataques sistemáticos que provenían de actores armados.

Valencia hizo énfasis en que uno de los liderazgos más afectados fueron los comunales. Dichos líderes y defensores de derechos humanos, que además de conformar las juntas de acción comunal, suelen encabezar también otras agendas relacionadas a temas como el campesinado, la restitución de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos, entre otros.

"Esto es una hipótesis que se maneja, y es que una de las razones por las cuales los líderes comunales sufren más este flagelo se debe al rol fundamental en el direccionamiento de espacios consolidados como las juntas de Acción Comunal (JAC)", aclaró el investigador.

Según Valencia, estos liderazgos tienen una gran capacidad de gestión en la defensa de derechos de sus comunidades. No obstante, "su labor en zonas donde persisten conflictos asociados a cultivos de uso ilícito, explotación de recursos naturales e intereses económicos han contribuido a su estigmatización".

Por este motivo, en varias ocasiones el rol que juegan estos líderes es visto como contrario a los intereses de los grupos armados.