La JEP imputó crímenes de guerra a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las Farc por las denominadas "pescas milagrosas"

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP por su responsabilidad en 827 secuestros individuales y colectivos perpetrados en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla. 

Estos crímenes, cometidos entre 1993 y 2002, se dieron en el contexto de la expansión de esta estructura guerrillera, que llegó a contar con al menos 1.320 combatientes y un número indeterminado de milicianos.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los secuestros siguieron tres patrones principales: obtención de recursos económicos, consolidación del control territorial y presión sobre el Estado para lograr intercambios por guerrilleros presos. Durante este periodo, el Bloque Caribe operaba bajo la dirección de su Estado Mayor, el órgano de mayor jerarquía dentro de esta estructura, después del secretariado.

Los cinco exguerrilleros imputados en este caso incluyen a Abelardo Caicedo, quien también lideró los frentes 41 y 19; Osmany Landero, comandante del frente 35; Gilberto de Jesús Giraldo, con funciones en el frente 41; Luis Cuadras, al mando del frente 59; y Uriel Oviedo, que comandó frentes 35 y unidades del frente 37.

Según la JEP, estos excomandantes tenían control y autoridad sobre sus tropas, ejecutaban órdenes del secretariado y disciplinaban a sus subalternos, lo que los hace responsables de otros delitos, además de secuestros, entre los que están la desaparición forzada, homicidio, desplazamiento forzado, tortura y violencia sexual.

La imputación de la JEP se dirige exclusivamente a los excombatientes que sobrevivieron al conflicto, dejaron las armas y se acogieron al Acuerdo Final de Paz de 2016. No incluye a comandantes como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, que se mantienen como disidentes armados, ni a Juan Hermilio Cabrera, alias Bertulfo Álvarez, quien fue imputado anteriormente, pero falleció en 2021.

Víctimas civiles, financiamiento y control territorial 

De acuerdo con los testimonios e investigaciones, la mayoría de las víctimas fueron civiles sin vínculos con el conflicto, capturados en operativos conocidos como “pescas milagrosas” en carreteras y áreas rurales del Caribe. Muchas de estas personas no contaban con los recursos económicos para pagar los montos exigidos por su liberación, que variaban entre 1 y 5 millones de pesos, y en varios casos, fueron retenidas por meses o incluso años. 

Algunos, como la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera, conocida como la Cacica, secuestrada y asesinada en 2001 en el Cesar, no sobrevivieron al cautiverio. Otro caso destacado es el del exministro de Desarrollo Fernando Araújo, quien estuvo cautivo durante seis años hasta que logró escapar en 2007. El gremio ganadero fue particularmente afectado, con casos como el de la familia del empresario Roberto Lacouture, que sufrió 14 secuestros, seis de los cuales fueron atribuidos a las Farc-EP.

Y es que el financiamiento del Bloque Caribe se sostenía principalmente a través de secuestros extorsivos y cobro de “vacunas”, dado que, a diferencia de otras estructuras guerrilleras, no dependía significativamente del narcotráfico. La JEP calcula que esta estructura tenía la misión de generar al menos 2 millones de dólares anuales para sostener a la organización.

En zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María y La Mojana, el bloque desarrolló una estrategia sistemática para consolidar su control territorial, incluyendo la retención de miembros de la fuerza pública, presuntos colaboradores de grupos paramilitares y personas que consideraban opositores a sus intereses.

Durante las audiencias ante la justicia transicional, los exintegrantes del Bloque Caribe reconocieron los crímenes cometidos y ofrecieron disculpas públicas a las víctimas, en un proceso que sigue avanzando en el desarrollo del Caso 01, que investiga los secuestros perpetrados por las antiguas Farc-EP a nivel nacional.