Operación Orión: ¿Los terceros serán los últimos?

Se suele pensar que la garantía y protección de los derechos humanos es cuestión exclusiva del Estado, como si los ciudadanos e instituciones ―llamados “terceros civiles” en el ámbito judicial― estuviéramos exentos de obligaciones. Si se trata de crímenes de Estado, las investigaciones se orientan a indagar por “¿quién dio la orden?” y sus motivaciones; no obstante, tan importantes como las órdenes impartidas son aquellas que se dejan de dar tanto a agentes estatales como, en determinados contextos, a “terceros civiles”.

El 16 y 17 de octubre de 2002, la defensora de derechos humanos María Victoria Fallon atendía una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Washington, supo desde el primer instante quién y por qué dio la orden de proceder con la Operación Orión en la Comuna 13. Después descubriría las omisiones, en especial las relacionadas con terceros civiles. Por cuenta de las órdenes no impartidas, una empresa ―un “tercero civil”― acumuló escombros sobre un sitio de posible presencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en las operaciones militares en la Comuna 13: durante más de dos décadas, familiares de personas desaparecidas han suplicado para que se detenga el crecimiento de esa montaña de impunidad.

En 2018, el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) solicitó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) medidas cautelares para proteger sitios con posible presencia de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en Colombia. Entre ellos está en la Comuna 13.

El pasado 4 de octubre, en Medellín, la JEP llevó a cabo una audiencia de seguimiento de dichas medidas cautelares. Durante casi ocho horas y tras la intervención de familiares de las víctimas, representantes del Estado y organizaciones de la sociedad civil, se decidió que se reiniciarán las excavaciones en La Escombrera. La abogada Fallon, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, quien ha llevado cuatro grandes casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Masacre de El Aro, en Ituango; el asesinato de Jesús María Valle; el de Ana Teresa Yarce y otras lideresas; y la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán, en la Operación Orión), habló con  CAMBIO sobre las órdenes dadas y omitidas…y el papel crucial de los “terceros civiles” que, por lo visto, serán los últimos en ser llamados por la justicia.

ANA CRISTINA RESTREPO JIMÉNEZ: ¿Cómo llega usted al caso de la Operación Orión?

MARÍA VICTORIA FALLON: Como organización de derechos humanos, el Grupo Interdisciplinario ―antes Comité Permanente Héctor Abad Gómez―, teníamos una relación con líderes y lideresas de la Comuna 13 que llegaban a nuestra oficina a informar sobre situaciones de violaciones de derechos humanos. Desde el año 2001, empezamos a recibir información sobre lo que estaba pasando en los enfrentamientos entre milicias urbanas y grupos paramilitares. En marzo de 2002, solicitamos ante la CIDH una audiencia de carácter temático para informarle sobre la situación de derechos humanos en general en Antioquia, en Medellín, y en particular en Comuna 13. Cuando se hizo esa primera audiencia, ya se habían realizado varias operaciones militares pequeñas donde la fuerza pública entraba y volvía y salía, pero generaba una cantidad de afectaciones a violaciones de derechos humanos. Cuando ocurrió la Operación Orión estábamos en Washington, porque le habíamos solicitado a la CIDH una audiencia de carácter temático, para que el Estado también diera un informe sobre la situación de lo que se está denunciando. Esas audiencias, por lo regular, se convocan unos dos meses antes, es decir: el gobierno de Colombia sabía con mucha anterioridad que el 16 de octubre teníamos una cita en la CIDH, y nos informaron sobre lo que estaba pasando en Colombia. Regresamos de la audiencia y entramos en contacto directamente con líderes y lideresas que empiezan a darnos declaraciones sobre las violaciones múltiples de derechos humanos que estaban ocurriendo.

A.C.R.J.: La Operación Orión nos remite a nombres como Luis Pérez Gutiérrez, Álvaro Uribe Vélez, Marta Lucía Ramírez, Leonardo Gallego, Mario Montoya. Pero usted también habla de la responsabilidad empresarial de los “terceros civiles”. En la reciente audiencia de la JEP usted dijo que la empresa “Construcciones El Cóndor tiene una responsabilidad inmensa en lo que pasó en la desaparición forzada en Comuna 13: ellos eran los que les abrían la puerta a las camionetas que llegaban con personas desaparecidas, acompañadas de paramilitares, de la policía o de soldados”. Hagamos un contexto sobre qué son La Escombrera y La Arenera en la Comuna 13 y cuál es el papel de esta empresa.

M.V.F.: La Comuna 13 queda en una montaña, aún hoy la parte alta tiene mucha zona rural. En el año 2002, esa zona rural era muchísimo más amplia, pero a la vez estaba a continuación de donde habían llegado las construcciones de las personas. Era relativamente fácil acceder a esa zona rural. En la parte alta, funcionaban desde esa época dos empresas: una arenera que es una concesión minera para la extracción y explotación de arena y de otros materiales pétreos para la construcción, una mina a cielo abierto, con todo lo que implica eso para el medio ambiente. Además de la arenera, una escombrera tiene por propósito recibir los residuos sólidos sobrantes de las actividades de construcción. Normalmente están reguladas por los municipios, las escombreras no son botaderos libres. Como funcionan con regulación, tienen unos controles de acceso tanto para las personas como para los vehículos. En La Escombrera subían y bajaban permanentemente volquetas, bajaban con los materiales de extracción de la mina de arena, y subían con escombros de las construcciones. Pasaban por una portería, estamos hablando de setenta a ochenta hectáreas en una montaña. En esa zona, los paramilitares instalaron un campamento, pero la forma de acceder no era otra que el ingreso de La Arenera que, en ese momento, pertenecía a Construcciones El Cóndor, y La Escombrera, de Agregados San Javier. En el año 2009 todo quedó unificado. Desde 2002, solamente tenían una portería de ingreso vehicular; las personas a pie podían meterse por el terreno. La comunidad veía cuando las pickups de paramilitares llevaban personas retenidas, a veces iban policías o soldados sentados en las camionetas. Con los detenidos subían, y bajaban vacías, solamente con los hombres que las estaban manejando: por eso las personas saben que muchos de los desaparecidos de la Comuna 13 están en esos terrenos. Desde el inicio, las organizaciones de derechos humanos solicitamos dentro de los procesos de investigación en la Fiscalía que se vinculara a Construcciones El Cóndor, porque si no había prueba de su participación directa, estaba claro que estos carros que llevaban a las personas retenidas, que iban a ser asesinadas y desaparecidas, tenían necesariamente que pasar por esa portería. Sin embargo, es una solicitud que nunca ha sido tomada en cuenta. Han pasado veintiún años, pero tiene que haber algún tipo de responsabilidad en relación con Construcciones El Cóndor: eso pone en la mesa una discusión muy interesante acerca de la responsabilidad de los terceros particulares en la protección de los derechos humanos.

A.C.R.J.: Es preciso aclarar que la JEP verificó que la abogada de Construcciones El Cóndor ha hecho presencia en las audiencias de la Comuna 13 y que ha intervenido en una de ellas. Hasta el día de hoy, Construcciones El Cóndor ha cumplido con las órdenes de la JEP. Detengámonos en quiénes permitieron que esta empresa continuara arrojando escombros durante años, mientras que madres como las de Mujeres Caminando por la Verdad insistían en que pararan: varios alcaldes y gobernadores pudieron haber dicho “no más” y no lo hicieron. En 2015 hubo excavaciones, ¿qué pasó?

M.V.F.: Es cierto, la JEP convocó a Construcciones El Cóndor y ha respetado el cerramiento del polígono que tiene las medidas cautelares; pero habría que ir a terreno para mirar cómo se respetó el polígono y cómo se sigue trabajando al borde del polígono, casi que a centímetros de donde está el cerramiento. Aparte de eso, la JEP ha dado esas órdenes, pero en ningún momento ha solicitado a El Cóndor que entregue la información sobre los responsables del manejo y administración (entre otras cosas, porque no tiene competencia en la sala donde están en este momento las medidas cautelares). En 2009 pedimos por primera vez a la administración de justicia, al fiscal noveno de Derechos Humanos de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), que ordenara medidas cautelares de protección para una zona donde probablemente podía estar enterrado Arles Edison Guzmán. Esa solicitud nos fue negada, diciendo que no había prueba de que estuviera en ese lugar, que existían unos contratos que la FGN no estaba en posibilidades de suspender. En relación con la desaparición de Arles Edison Guzmán: desde el momento mismo en que se lo llevaron, la familia de Arles Edison salió a buscarlo y se metieron incluso al campamento de los paramilitares, reclamando que lo devolvieran. Se movieron tanto, que finalmente consiguieron que un paramilitar les pasara la información que él había logrado conseguir sobre el posible lugar de enterramiento; lo hizo a través de un croquis con unos puntos clave de ubicación, como una laguna que existía en esa época y las diferentes calles dispuestas para el movimiento de las volquetas. Ese croquis se entregó a la FGN y, con base en él y las declaraciones de otro paramilitar, hicimos la solicitud de las medidas cautelares que se negó. Solicitamos a la alcaldía medidas de cerramiento provisionales, también las negaron. Era la alcaldía de Alonso Salazar, reconocemos que de todas maneras su alcaldía es de las que intentó hacer algo, al menos unos estudios, finalmente no resultaron. Después, el intento de Aníbal Gaviria en 2015, también fallido. El tema lo llevó adelante el Grube [Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas de la FGN]. ¿Quién podía parar La Escombrera? Yo siempre he dicho que en el derecho las cosas se deshacen como se hacen: hay unas contrataciones, unas concesiones mineras, cuyos tiempos fueron extendidos en 2019. Si la Fiscalía hubiese hecho las investigaciones que correspondían en relación con Construcciones El Cóndor, si hubiese determinado su responsabilidad por permisibilidad del ingreso y del establecimiento de una base paramilitar en sus terrenos, ahí no más ya habría una causal de dar por terminada esa concesión. Las concesiones mineras son competencia de las gobernaciones y del Ministerio de Minas; pero en las escombreras sí regulan las alcaldías. Es decir, desde el año 2002, las alcaldías sucesivas que han pasado por Medellín tenían competencia para haber buscado una manera de haber cerrado las escombreras.

A.C.R.J.: En 2015 hubo una excavación, el anhelo de las madres o los dolientes de las víctimas, pero se detuvo. Hoy, gracias a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) hablamos de un polígono, delimitado, que Constructora El Cóndor no puede tocar. ¿Ese polígono procede del croquis? ¿Cuándo se puede empezar a excavar otra vez? 

M.V.F.: El polígono no sale a partir del croquis. Una de nuestras críticas ha sido precisamente que el polígono que se trabajó en el año 2015, a partir de unas declaraciones que dio Juan Carlos Villa Saldarriaga, el paramilitar alias Móvil 8, un hombre que deja saber que para el año 2002 no estaba en la Comuna 13. Sin embargo, a partir de sus declaraciones, la FGN a través del Grube determinan tres polígonos. El polígono 1 fue el que se trabajó en 2015: ninguna declaración de otro paramilitar, ni el croquis que nosotros entregamos en 2003, no había ninguna otra razón que señalara que en ese polígono se podía encontrar algo. Efectivamente, no se encontró nada. Ahora, cuando el Movice hace la solicitud de medidas cautelares no las limita a ese polígono, sino que las pide en general sobre La Escombrera y La Arenera. En estudios de la JEP, de UBPD y algunas entidades con experiencia en búsqueda, deciden hacer un cambio en los otros dos polígonos que había fijado la FGN, adicionar uno de esos polígonos y crear lo que se llamó el nuevo polígono; pero solo se han tenido en cuenta las declaraciones de Móvil 8 y hay otros paramilitares que declararon mucho antes que él, por ejemplo, Carlos Arturo Ramírez, asesinado en 2005. Ese año, hace una visita a La Escombrera con el cuerpo técnico de la FGN, que georreferencia seis sitios con las coordenadas. En dos de ellos se han encontrado cuerpos. En otros dos, nunca se ha hecho nada. En relación con los últimos dos coinciden, aproximadamente, cerca a este polígono que está trabajando la JEP. Al hacer el análisis del posible lugar en que coincide el sitio señalado por el croquis que entregamos en 2003, dio al límite de este polígono nuevo de la JEP. Entonces, de alguna manera está bien orientado porque hay otras dos declaraciones. En relación con la búsqueda de Arles Edison, como el sitio que señala el croquis nuestro es producto de un dibujo a mano alzada y estamos hablando de un espacio tan grande, la persona señala y puede significar una diferencia de cincuenta o sesenta metros en terreno. Ese posible punto quedó en el límite del polígono 1, nos da temor de que no vaya a llegar al sitio donde posiblemente está Arles Edison. Valoramos mucho lo que ha hecho la JEP. En el año 2009, presentamos el croquis de 2003 con el informe del cuerpo técnico. En este momento hay catorce metros de escombros en ese sitio. En aquella época eran dos volquetas de escombros y el fiscal noveno de Derechos Humanos nos negó la posibilidad de que ese sitio quedara como estaba para hacer la búsqueda.

A.C.R.J.: La gran discusión de la JEP es qué tanto hay que excavar, si son necesarias obras civiles, porque han sido muchos años en que ha crecido una montaña de escombros sobre lo que podría ser un lugar donde habría personas desaparecidas. Lo que se busca es la verdad, no solamente un cuerpo y su entrega digna, hacer un duelo, sino responder a la pregunta “¿Quién dio la orden?”. En un reciente video en la campaña electoral, en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín, el expresidente Álvaro Uribe dijo: “Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla, los paramilitares de allá”. Al principio de esta conversación, usted nos dijo que, cuando ocurrió la Operación Orión, usted estaba en Washington, estaba en una audiencia de la CIDH, cuéntenos un poco de eso.

M.V.F.: Ese vídeo tiene una verdad y cosas que no son ciertas. La verdad es que efectivamente Él dio la orden. Empezamos la audiencia en Washington, cerca de las nueve de la mañana. La audiencia fue de alguna manera alterada en el momento en que se nos acercó una persona de la Secretaría de la CIDH y nos notificó que nos estaban llamando de Colombia con carácter urgente. Nos dieron cinco minutos para que nos informáramos y nos dijeron: “Entró el Ejército con tanques y helicópteros en la Comuna 13”. Regresamos a la audiencia y le decimos a la Comisión que vinimos a esta audiencia temática, en la que el Estado sabía desde hace dos meses la fecha en la que teníamos la cita para hablar de Comuna 13, y nos acaban de informar que alrededor de las tres o cuatro de la mañana, entró el Ejército. La Comisión le da la orden al Estado [colombiano] que informe qué es lo que está pasando en la Comuna 13. Los delegados, los representantes del Estado en esa audiencia, también se retiran, van a averiguar y vuelven al recinto: “En este momento está ocurriendo una operación de seguridad en la Comuna 13 para el control de criminalidad, y fue una orden directamente presidencial”. Esa parte del video donde él dice que dio la orden, lo sabía toda Colombia, pero lo teníamos confirmado porque los delegados del gobierno en la audiencia así lo hicieron saber a la CIDH. Lo que no es cierto es que la orden haya sido “para sacar las milicias y sacar los paramilitares”. Vale la pena tener en cuenta que, durante mucho tiempo, cuando empezaron a presentarse las peticiones ante la CIDH, el Estado colombiano presentó como prueba de esa acción realizada en la Comuna 13, una serie de órdenes de captura proferida por la FGN. La Operación había sido solamente para respaldar la seguridad de los fiscales que iban a hacer efectivas esas órdenes de captura. Esas órdenes eran absurdas, ¡había órdenes de captura por personas que tenían procesos por alimentos!, por diferentes delitos, por homicidio, por porte de armas. Eso fue insostenible. Finalmente lo que quedó claro fue que el propósito de la Operación Orión no era otro que crear las condiciones para que el Bloque Cacique Nutibara (BCN) se asentara en la Comuna 13. En 2004, sería el laboratorio de los paramilitares desmovilizados. En la Comuna 13 tuvo la casa principal la Corporación Democracia, la fachada legal de la desmovilización del BCN, cuyos integrantes terminaron caídos en enfrentamientos, en problemas con otros grupos o en la cárcel. Se sacaron las milicias, pero se instaló el BCN a controlarlo todo: las relaciones sociales, el microtráfico, la entrada y salida de personas, las construcciones de vivienda. Entraron a manejar la Comuna 13.

A.C.R.J.: De acuerdo con los datos de la JEP, son 435 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 entre los años 1978 y 2016; entre ellas, 126 habrían sido desaparecidas en el segundo semestre del año 2002 y el primero de 2003, épocas de las operaciones militares urbanas. Sabemos que la JEP no puede tocar expresidentes, ¿qué tipo de instancia podría procesar la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe frente a la Operación Orión?

M.V.F.: Nosotros esperamos que de la JEP salga claramente responsabilidad para los mandos militares de la época: de la IV Brigada y de la Policía Metropolitana. Leonardo Gallego fue sancionado disciplinariamente, pero quedó impune desde el punto de vista penal. Nosotros esperamos que de ahí salga algo. En cuanto a Uribe, creemos que la Fiscalía no va a estar eternamente en manos de un fiscal de bolsillo del expresidente Uribe y quienes lo apoyan. Llegará un momento en que la Fiscalía vuelva a estar en manos de personas idóneas, autónomas, independientes y con capacidad para seguir adelante con los procesos que cursan ante la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia. De hecho, hay un proceso que duerme el sueño de los justos en relación con la Operación Orión en la en una de las fiscalías delegadas ante la Corte Suprema en relación con Uribe. Eso está ahí.

A.C.R.J.: El macrocaso 08 de la JEP investiga crímenes cometidos por agentes del Estado con paramilitares o terceros. Ahí está el subcaso de la Operación Orión: hay un universo provisional de todo este macrocaso de 72492 víctimas de crímenes de Estado y 2840 presuntos responsables. Es decir, es un caso bastante grande. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes con respecto a la Comuna 13 y los pasos que esperarían frente a posibles responsables que no se les ha llamado directamente como Construcciones El Cóndor?

M.V.F.: Esperamos que con el caso 08 haya alguna atención especial tanto para terceros civiles responsables, como el caso Construcciones El Cóndor y con agentes del Estado que hasta el momento han pasado absolutamente impunes en todo. Se supone que para finales de este año o el primer trimestre del año entrante, habrá algún tipo de resolución por parte del magistrado encargado del caso 08. Nosotros estamos preparando la representación de víctimas en un proceso que apenas se está iniciando. En realidad, la impunidad en Colombia ha sido de tal tamaño que no tenemos otra posibilidad, sino tener  la esperanza de que con la JEP logre algo. Son muchos años de pedir justicia a la FGN sin obtener absolutamente nada.

A.C.R.J.: Le cambio el tema antes de despedirnos, doctora Fallon: usted está en Bogotá porque asistió a una de las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo le fue?

M.V.F.: Esas audiencias de supervisión de cumplimiento tienen carácter privado, porque se supone que las partes van a poder conversar sobre cuáles son los obstáculos para el cumplimiento de las sentencias. Nosotros teníamos una gran expectativa porque era la primera audiencia de supervisión de cumplimiento con este Gobierno. El Gobierno ha manifestado en muchos espacios que está dispuesto a cumplir las sentencias de la Corte, pero la verdad es que veo con cierta preocupación que no necesariamente la buena voluntad de los más altos cargos, empezando por el presidente de la república, es suficiente para que en todos los niveles de las instituciones haya el mismo compromiso para el cumplimiento. Eso termina siendo un obstáculo. El desarrollo inicial de la audiencia no fue el más fácil, no fue el más fácil, un poco tormentoso porque eran temas un poco complejos. Gracias a la intervención del presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique, se acordó entre las partes la creación de un mecanismo en un tiempo muy corto (también con tiempo corto para informar a la Corte) sobre cómo podemos destrabar el problema que se estaba planteando ahí, el tema relativo a la reparación de los desplazados de El Aro, un problema jurídico que ha creado el Consejo de Estado con una sentencia. Vamos a implementar un mecanismo y esperamos que haya avances en ese sentido.

A.C.R.J.: Podría parecer que la Operación Orión es un caso muy local, de Medellín, pero no es así. Es un caso emblemático de violación de derechos humanos en Colombia, porque fue una intervención militar en un área urbana, con todas las consecuencias que hemos conversado. También es emblemático por el papel tan importante que han cumplido las mujeres defensoras de derechos humanos y de familiares que son incansables en la búsqueda, como Mujeres Caminando por la Verdad...

M.V.F.: La Operación Orión se realizó bajo un decreto de Estado de excepción que declaró Uribe como presidente en ese momento. En ese mismo marco, en el ámbito nacional, hubo una gran cantidad de acciones para hacer detenciones masivas. En Orión se detuvieron en un solo día 351 personas. Eso mismo ocurrió a lo largo y ancho del país, en diferentes partes.