Qué es la amnistía de iure y por qué la JEP se la aplicó a más de 9.600 firmantes

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó este miércoles 21 de noviembre un acto en sus instalaciones en el que anunció que se resolvieron las amnistías de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Según el tribunal, este es un paso importante en la seguridad jurídica de los comparecientes.

En el evento estuvieron representantes del Gobierno como el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño; la directora de la Agencia de Reincorporación Nacional (ARN), Alejandra Miller; también estuvieron el senador y exnegociador del proceso de paz, Humberto de la Calle. Además, de varios magistrados de la JEP.

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Por otra parte, en el evento estuvo presente el jefe del Partido Comunes y quien fue el último jefe de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño. Desde la JEP recordaron que la amnistía ha sido un recurso legal y político utilizado en procesos de paz anteriores.

¿Qué es la amnistía de iure?

La JEP explicó que ya se habían emitido entre junio de 2017 y julio de 2018 decretos presidenciales para la amnistía de 9.6000 firmantes del Acuerdo de Paz. Sin embargo, los excombatientes no tenían claridad sobre su situación jurídica.

Los decretos presidenciales eran amnistía de iure por delitos políticos. Este tipo de indultos se aplica, según un documento del Ministerio de Justicia, a quienes "hayan cometido delitos políticos y los delitos conexos taxativamente consagrados en la ley de amnistía".

En un proceso de investigación que comenzó en septiembre de 2023, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP, en coordinación con otras entidades estatales y con el apoyo del (PNUD), recopilaron los nueve decretos presidenciales que conceden la amnistía.

Según el altro tribunal: "En un proceso de investigación que comenzó en septiembre de 2023, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP, en coordinación con otras entidades estatales y con el apoyo del (PNUD), recopilaron los nueve decretos presidenciales que conceden la amnistía".

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Esta labor se hizo después de que algunos firmantes expresaran preocupación porque no tenían claridad de su situación jurídica. La JEP afirmó que quienes recibieron estos beneficios y no tienen otras cuentas pendientes "están exentos de responsabilidades legales y pueden continuar sus vidas en la legalidad, convirtiéndose así en agentes activos en la construcción de un mejor país".

No obstante, la magistratura recordó que hay delitos no amnistiables, como los de lesa humanidad o de guerra, estos continuarán con sus trámites ante la JEP.

De igual manera, el tribunal de paz informó que en el caso de los antiguos miembros de la guerrilla que no fueron amnistiados y no han sido seleccionados como máximos responsables de los graves crímenes, será la Sala de Amnistía o Indulto la que se encargue de definir su situación jurídica.

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Esa sala de la JEP está encargada de los casos más difíciles. "Es decir, aquellos en los que es necesario investigar en profundidad si el hecho victimizante puede ser amnistiable o no", explicó el tribunal de paz.

Para garantizar el derecho al habeas data el listado con los nombres de los beneficiarios fue borrado del texto de los decretos. Sin embargo, cada firmante podrá descargar un certificado en el que consta que su nombre fue incluido en el respectivo decreto que lo beneficia.