A un mes del cese al fuego bilateral, todavía no existen los protocolos para verificarlo
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Los altos oficiales de las Fuerzas Armadas andan preocupados porque el ministro de Defensa no ha firmado los protocolos elementales que les den claridad sobre cómo deben operar contra los grupos ilegales que hacen parte del cese bilateral.
La decisión de un cese bilateral con las bandas criminales, ordenado por el presidente Petro a pocas horas de terminar el año 2022, ha generado más inquietudes que certezas, sobre todo entre quienes deberían tener el conocimiento: las Fuerzas Militares.
Durante la primera semana de enero, un grupo de oficiales –en reacción al sorpresivo anuncio del mandatario– trabajó en un documento en el que identificaron la ubicación de las organizaciones ilegales, el número de integrantes y las actividades criminales de cada uno en el país.
Para profundizar
El documento, que incluyó una serie de sugerencias sobre el protocolo que las fuerzas debían seguir para cumplir con los compromisos del presidente sin descuidar la seguridad de la nación, fue entregado por el general Helder Giraldo, comandante general de las Fuerzas Militares, la tarde del miércoles 11 de enero en el despacho del ministro de Defensa, Iván Velásquez. Cerca de un mes después, el documento no ha sido devuelto con el visto bueno del ministro, lo cual tiene a los militares en ascuas.
CAMBIO habló con varios generales activos que se mostraron muy preocupados por no contar con una bitácora oficial para verificar y monitorear el cese al fuego. Según los altos oficiales, los grupos ilegales siguen patrullando las calles de varios municipios en Cauca, Nariño y Norte de Santander, poblando los campos de minas y atacando a la fuerza pública, que ha sufrido la muerte de seis uniformados.
“No puedo decir que se esté rompiendo el cese al fuego, porque falta difundir cuáles son los protocolos. Ya se encargarán las autoridades correspondientes de establecer si ha habido alguna infracción o violación”, aseguró el general Helder Giraldo.
La falta de directrices también ha sido denunciada por la Defensoría del Pueblo. “Entre el primero y el 20 de enero de 2023, la Defensoría del Pueblo monitoreó y verificó seis acciones ocurridas después de emitidos los decretos por el Gobierno nacional de cese al fuego, cinco de ellas por grupos armados ilegales que se acogieron a la propuesta del Gobierno”, expresó Carlos Camargo, defensor del Pueblo; advirtió que “un compromiso con la paz total requiere de un cese total de cualquier afectación en materia de derechos humanos”, y le recordó al Gobierno la necesidad de expedir con urgencia los protocolos de verificación.
Para los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía es fundamental conocer qué entidades realizarán esas tareas y tener claro en qué lugares estarán concentrados los grupos ilegales.
¿Un país dividido en caguancitos?
Para los generales consultados por CAMBIO, la mayor preocupación es la propuesta presentada por los delegados de las disidencias de las Farc, que sostuvieron varias reuniones con la oficina del alto comisionado para la Paz, en la que proponen dividir el país en varias zonas de despeje militar.
Para profundizar
“A diferencia de lo ocurrido entre 1998 y 2002, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, cuando hubo una sola zona de distensión, en este caso vamos a tener de 20 a 25 caguancitos en donde la vida institucional, política y social de los ciudadanos que viven dentro de estos lugares va a quedar en el limbo”, aseguró un general que pidió la reserva de su nombre.
Los altos oficiales están convencidos de que las organizaciones ilegales están aprovechando el cese bilateral para mejorar su capacidad de movilización, abrir nuevas rutas para la salida de los cargamentos ilegales y –en especial– reforzar la seguridad en sus zonas de injerencia.
“La fuerza pública está contra la pared. Aunque el presidente da la orden de parar las operaciones, no se puede perder la misión constitucional. Si no defendemos a los ciudadanos, estamos corriendo un grave peligro porque podemos ser acusados de omisión”, afirmó otro general.
¿Servirá como ejemplo la experiencia de La Habana?
Humberto de la Calle, exnegociador de la paz con las Farc y ahora senador de la república, tiene la idea de que el Estado no puede perder el control de los territorios para dejárselos a los grupos armados. “Las disidencias deberían mostrar mayor compromiso; mientras esto no ocurra, el Gobierno debe garantizar el respeto por los derechos humanos”.
En su opinión, en la propuesta de Paz Total –un anhelo que tienen los colombianos, en especial los que viven en las zonas de conflicto– el Gobierno tiene pleno derecho a innovar. "El conflicto se ha transformado, de modo que no se debe apelar de manera arrogante a nuestra experiencia en La Habana". Aunque también advierte que la verificación simultánea de tantos ceses al fuego es un dolor de cabeza. "El Gobierno no ha sido claro, porque no se habla de un compromiso de los grupos ilegales para detener las hostilidades contra otras organizaciones y continuar con sus actividades ilegales. Esto se puede agravar también porque aún no hay protocolos sobre las complejas situaciones de la vida real, y más cuando se sabe que serán secretos”, afirmó De la Calle.
El otro problema para el senador es el que se presenta con la definición de los procesos de sometimiento y de diálogo. En este caso son más las incógnitas que las respuestas. "El alto comisionado no ha especificado cómo se va a negociar con las organizaciones ilegales, cuál va hacer el papel de la rama judicial y si estas decisiones van a quedar en manos del presidente".
