Contraloría advierte que consecuencias de la emisión de deuda del Gobierno se sentirán en 2029

La Contraloría General de la República prendió una alerta sobre el futuro de las finanzas públicas del país, luego de analizar las operaciones de deuda que realizó el Gobierno nacional entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Aunque el organismo de control concluyó que las transacciones cumplieron la ley y ayudaron a resolver problemas de liquidez, también advirtió que el país se acerca a un cuello de botella de pagos de deuda en 2029. Presidente Gustavo Petro. Créditos: Colprensa Lo que pasó en diciembre no fue nueva deuda, según la Contraloría A detalle, en diciembre de 2025, el Gobierno enfrentó una situación delicada de caja. Los depósitos disponibles llegaron a apenas 1,44 billones de pesos, un nivel bajo para atender pagos del Estado. Para aliviar esa presión, el Ministerio de Hacienda vendió parte de los TES B que ya tenía en su portafolio por 23,24 billones de pesos. “La Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y autorizaciones correspondientes, y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda. Si bien la compraventa de títulos es una práctica habitual, lo que distingue esta operación es el elevado monto transado”, explicó la entidad. El ente de control detalló que parte de esos recursos se negoció en dólares (5.000 millones de dólares, que se mantendrán en el exterior y se irán trayendo gradualmente al país) y otra parte en pesos (3,87 billones de pesos), lo que permitió mejorar la caja del Gobierno en el corto plazo. Germán Ávila, ministro de Hacienda. Créditos: Colprensa Enero sí trajo más endeudamiento En enero de 2026 hubo una nueva deuda. El Gobierno emitió bonos internacionales por 4.950 millones de dólares, como parte del plan de financiamiento aprobado en el Presupuesto General de la Nación, que contemplaba en total la necesidad de conseguir 13.096 millones de recursos de crédito externo. Según la Contraloría, esta emisión también fue legal: contó con el aval de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso y no superó el cupo máximo de endeudamiento externo autorizado, que es de 87.607 millones de dólares. Además, los recursos servirán para cubrir parte de las necesidades de financiación del año 2026. Sin embargo, más allá de la legalidad de las operaciones, la principal preocupación del ente de control está en el perfil de vencimientos de la deuda. Los nuevos bonos emitidos, sumados a otros compromisos ya existentes, hacen que en 2029 se concentre una carga muy alta de pagos. “La Contraloría advierte los esfuerzos fiscales que se deben realizar en los años 2029, 2031 y 2033 para cumplir con los pagos de deuda”, dijo la entidad. El gobierno emitió tres nuevos bonos globales con vencimientos en 2029, 2031 y 2033 por 4.950 millones de dólares. Crédito imagen: Freepik. En concreto, en 2029 el Estado deberá pagar cerca de 89,6 billones de pesos, entre bonos internacionales (43,72 billones) y distintos tipos de TES en pesos y en UVR (una unidad que se ajusta con la inflación y que suma 19,73 billones), además de los llamados Títulos de Solidaridad (9,74 billones) creados durante la pandemia. Para dimensionar la cifra: es un monto cercano a una quinta parte del presupuesto anual del país, lo que obligará a realizar un esfuerzo fiscal muy fuerte para cumplir sin afectar otras obligaciones del Estado. Un presupuesto cada vez más rígido El problema se agrava por otro factor: la inflexibilidad del presupuesto. Según la Contraloría, cerca del 93 por ciento del Presupuesto General de la Nación ya está comprometido en gastos que no se pueden mover fácilmente, como deuda, funcionamiento del Estado y transferencias obligatorias. Esto deja muy poco espacio para inversión social o nuevos programas, especialmente si los ingresos del Gobierno no crecen al ritmo esperado. En palabras simples: si no entra más plata, cada vez será más difícil financiar nuevas políticas públicas sin aumentar deuda o recortar otros rubros. ¿Está desbordada la deuda? En el criterio de la Contraloría, la deuda del Gobierno no está fuera de control por ahora. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 pasó de representar el 59,3 por ciento del PIB al 57,8 por ciento, dentro de los límites de la regla fiscal. Crédito imagen: Freepik. No obstante, el mensaje final de la entidad es claro: mantener esa trayectoria dependerá de que la economía crezca más rápido y de que el costo de la deuda, las tasas de interés, baje. De lo contrario, el peso de los vencimientos, especialmente los de 2029, puede convertirse en un serio dolor de cabeza para las finanzas públicas. “Para la Contraloría, en el mediano plazo, la trayectoria de la deuda a PIB depende de la evolución del crecimiento económico del país, la tasa de interés, la tasa de cambio y el desbalance fiscal” , concluyó la entidad.

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