La Creg: sin comisionados ni expertos que lideren

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) es un cuerpo colegiado, es decir, las decisiones las toman seis expertos comisionados, que se dedican exclusivamente a sus funciones en la entidad. Esto hace que sea común la demora en las decisiones regulatorias, sin embargo, desde el segundo semestre de 2022 la falta de comisionados nombrados en propiedad ha ralentizado la regulación del sector energético del país, a la vez que ha acelerado la rotación laboral de la entidad pública.

Antes de dejar la Presidencia, Iván Duque nombró a tres comisionados expertos, para reemplazar a igual cantidad de profesionales, cuyos periodos -establecidos por ley en cuatro años no renovables- se habían vencido. Al nuevo presidente le habría correspondido el nombramiento de otros dos, con lo cual cinco de seis comisionados de la Creg serían nuevos en la entidad al inicio de 2023.

Sin embargo, el Consejo de Estado anuló el nombramiento de los tres comisionados del gobierno anterior, lo que le dejó al presidente Gustavo Petro la responsabilidad de nombrar a casi toda la plantilla de expertos comisionados. Un año y nueve meses después, la entidad funciona con solo un comisionado experto en firme y cinco delegados, funcionarios públicos que no tienen dedicación completa a la entidad.

Como consecuencia y dado que las reglas de la entidad exigen que las decisiones se tomen en reuniones a las que asistan al menos seis comisionados, la agenda regulatoria de la Creg se ha vuelto mucho más lenta de lo normal.

Hasta hace un par de meses, el sentimiento de varios analistas, asesores y funcionarios de la Creg era que el gobierno tenía una estrategia velada, es decir, más o menos oculta, para debilitar a la entidad, quitarle operatividad para tomar por cuenta propia las decisiones del sector.

Otra teoría del sector indicaba que el gobierno no quería nombrar comisionados en firme porque sabía que, una vez nombrados en propiedad, aunque sean de su propia cuerda, los expertos se volverían técnicos y no le aprobarían los cambios en el sector como los quería hacer.

Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad le contaron a CAMBIO que hoy la sensación de quienes trabajan en la Creg y quienes han salido recientemente es que la entidad se ha debilitado en un movimiento “de frente para que el gobierno pueda regular al sector mediante decretos o resoluciones de Presidencia y el Ministerio de Minas y Energía”.

En noviembre de 2023, el comité intergremial del sector de energía eléctrica y gas natural le envió una carta al presidente Petro en la que le advertía: “es evidente que el país enfrenta un alto riesgo de no contar con las medidas regulatorias necesarias y oportunas para enfrentar los retos que trae consigo el Fenómeno de El Niño, en momentos en los que la situación de las empresas comercializadoras no es la adecuada para hacer frente a dicha coyuntura, todo lo cual, debido a la incertidumbre de una institucionalidad confiable, estable e independiente y autónoma, puede poner en riesgo la prestación del servicio a los usuarios”.

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A la falta de comisionados en propiedad, se suma la renuncia de varios asesores y funcionarios, algunos de los cuales habían llegado antes de agosto de 2022 en medio una estrategia de fortalecimiento mediante la contratación de perfiles altos, incluso provenientes del sector privado, que tenía la Creg.

Una entidad sin peso

Como consecuencia, la Creg ha perdido la autoridad y fuerza regulatoria en el sector que dirige, lo que hace que ya no se discutan con tanta seriedad los cambios de la entidad. Por ejemplo, el manejo público, mediante anuncios en redes sociales y prensa, que ha hecho el gobierno nacional al tema de las tarifas de energía eléctrica en el Caribe debería ser un asunto regulatorio de la Creg por su complejidad.

Sin embargo, las reglas de juego le quitan margen de maniobra al gobierno. La solución tendría que incluir un cambio de normas de inversión, lo que le podría acarrear demandas y tribunales de arbitramento por cumplimiento de contratos, expectativas y derechos adquiridos. Ese es el dilema al que se enfrenta el gobierno cuando se enfrenta a la realidad del mercado eléctrico.

Adicionalmente, expertos cuestionan la necesidad de hacer cambios al sector para responder a una coyuntura específica, sabiendo que, si bien las reglas de juego se pueden mejorar, un movimiento en contratos que son a largo plazo puede incluso quebrar a varios inversionistas y empeorar la imagen del país y del gobierno.

Por su parte, los comisionados temporales podría firmar las resoluciones, pero se enfrentan más de cerca a los mismos dilemas y parecen haber notado que, en términos técnicos, la mejor ruta no es la planteada por el gobierno, así que prefieren aprovechar su condición de cuerpo colegiado para retrasar e incluso congelar las decisiones sobre las tarifas de energía.

CAMBIO se contactó con la Creg para conocer su posición respecto a este tema, pero no obtuvo respuesta.