¿Cuánto costarán las reformas si son aprobadas?

Cuando el Gobierno presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) en junio de este año, fue claro en que el documento no incluía el impacto en el gasto que podrían tener las reformas a la salud y pensional, que siguen en trámite en el Congreso. En consecuencia, los gastos que proyecta el Gobierno –si se incluyen los costos de las reformas– podrían desbordar la regla fiscal en 2024.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) dijo este lunes 10 de julio que los gastos no solo son demasiado arriesgados porque dependen de ingresos que no son fijos –o lo son de una única vez–, sino porque no tienen en cuenta las reformas, que costarían al menos 11,7 billones de pesos adicionales cada año. 

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La explicación del grupo de expertos es que, con base en la información que ha entregado el mismo Gobierno, los costos calculables de la reforma a la salud serían de 6,7 billones de pesos, solo por “un crecimiento de los gastos en servicios ambulatorios y hospitalarios especializados equivalente al del PIB real, un supuesto conservador que no tiene en cuenta el envejecimiento poblacional”. 

Eso, sin tener en cuenta que los costos de poner en funcionamiento los centros de atención primaria podrían estar subestimados; que podría haber un exceso de gasto si la reforma crea subsidios a la oferta y no a la demanda en la atención primaria; que la capacidad de las regiones podría ser insuficiente para manejar sus recursos; que la gente podría interponer demandas por privación de sus derechos, y es posible que el sector público no tenga la capacidad de administrar por completo los riesgos propios del sistema de salud. 

A eso se sumarían cerca de 5 billones de pesos, correspondientes al pago del pilar solidario en el sistema pensional, que le daría a cada adulto mayor de 62 años un subsidio equivalente a la línea de pobreza monetaria extrema, más el pago de intereses de 3 por ciento anual, más la actualización por inflación del ahorro de quienes quedarían en el pilar semicontributivo y tendrían un ingreso mensual inferior al salario mínimo. 

Todo esto en un contexto de proyecciones de gasto público que ya ponen las metas en riesgo de no cumplirse y que, dado que cerca del 90 por ciento del gasto público es inflexible, le quitan maniobra en los años siguientes al Gobierno para reducir el poco gasto inflexible que puede hacer cada año.

Con estas cuentas, el CARF le pidió al Gobierno que cambie su techo de deuda a partir de 2024, para que sea más realista y que cumpla con la regla fiscal, ya que el gasto estaría 80 billones de pesos por encima de lo que sería si el país mantuviera el ritmo previo a la pandemia.