La plata no alcanza: los problemas fiscales del gobierno Petro y del nuevo ministro de Hacienda

Desde hace 60 años no se veía tanto movimiento en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El gobierno de Gustavo Petro pasará a la historia en el ámbito económico por tener —por ahora— cuatro ministros al frente de una de las carteras más importantes, la encargada de definir y ejecutar la política económica y fiscal del país. 

Esta semana, el ministro Diego Guevara se despidió del ministerio. A inicios de diciembre del año pasado, el presidente confirmó su designación y lo posesionó el 29 de enero. Antes de eso, Guevara había sido el viceministro durante todo el gobierno, pero en la práctica estuvo al frente de la cartera menos de cuatro meses. 

Su salida, según fuentes del Gobierno y versiones que ya circulan en los medios, responde a diferencias con el presidente por los mensajes de austeridad que mandó el ministro en algunas intervenciones públicas. Además, recién designado le tocó lidiar con el trámite de la reforma tributaria con la que el Gobierno buscaba recaudar 12 billones de pesos, que no logró salir a flote en el Congreso. 

Antes de Guevara estuvo Ricardo Bonilla en el cargo. Un escudero de vieja data para el presidente, que duró poco más de un año y siete meses, pero el presidente le pidió renunciar luego de que se le mencionó en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Su primer ministro de Hacienda, el reconocido economista José Antonio Ocampo, duró ocho meses en el cargo, y salió en medio del primer remezón ministerial de la administración, en el que el presidente se distanció de varios funcionarios por considerar que no eran afines a su plan de gobierno. 

La cuarta puede ser la vencida. Quien asumirá ahora el cargo es Germán Ávila, actual presidente del Grupo Bicentenario, un economista con 30 años de trayectoria y también amigo personal del presidente. En el libro escrito por el mandatario Una vida, muchas vidas menciona a Ávila como su “compañero de lucha política”, pues se conocieron desde jóvenes e integraron juntos el primer comando del M-19 en Zipaquirá. 

La última vez que el ministerio vio tantos relevos en un periodo presidencial fue durante el gobierno del conservador Guillermo León Valencia, entre 1962 y 1966. Por la época, durante el Frente Nacional, el Gobierno tenía problemas para manejar el país: en medio de una recesión que enfrentaba Colombia desde finales de los cincuenta por la caída de los precios del café, el mandatario enfrentó un panorama político complejo con el nacimiento de las guerrillas de las Farc y el ELN, lo mismo que la creación de un sistema legal de autodefensas y en el que el apoyo del presidente a la mayor intervención de Estados Unidos en Colombia terminó agravando la deuda externa. 

Muchas necesidades y poca plata

El ministro de Hacienda es de los miembros del gabinete que, históricamente, le hablan al oído al presidente de turno, manejan las cuentas y es el que muchas veces amarga la fiesta, porque su tarea es ponerle un 'tatequieto' al gasto, direccionar cómo va a invertir el Gobierno y balancear qué tanto se puede endeudar. 

Una tarea compleja cuando el Gobierno tiene un ambicioso plan de gastos y la plata no alcanza. Hoy, el país enfrenta una coyuntura compleja. En enero pasado, la nación reportó problemas de caja que terminaron afectando hasta los honorarios de miles de contratistas del Estado. También ha habido problemas para financiar diferentes programas, que van desde los subsidios estatales de vivienda hasta los créditos que otorga el Icetex, pasando por los subsidios a los excombatientes o, incluso, los compromisos de la Nación con los distribuidores del servicio de energía eléctrica. 

Mientras tanto, el Gobierno tiene sobre la mesa la idea de realizar una consulta popular para aprobar sus reformas sociales, que también están frenadas por el Congreso, y algunos expertos aseguran que dicho proceso podría costar entre 400.000 y 500.000 millones de pesos. 

La base de todo esto está en el presupuesto general de la Nación, la ley anual que establece los ingresos y gastos del Estado para ese lapso. Este año, el gobierno Petro tuvo que aprobar vía decreto un presupuesto desfinanciado, porque el Congreso no lo avaló por considerar que era muy alto y que los ingresos no daban para respaldar el plan de gastos. 

El gobierno Petro había propuesto un presupuesto por 523 billones de pesos y una reforma tributaria de 12 billones para ayudar a completar los ingresos para que las cuentas cuadraran. El Legislativo no le dio el visto bueno a ninguno. 

Por eso, el presupuesto lo tuvo que decretar el presidente, por primera vez desde la Constitución de 1991 y, a inicio de año, a minHacienda le tocó recortar igualmente los 12 billones de la tributaria del monto. Pero el problema no para ahí: algunos expertos consideran que el país necesita ser mucho más austero y reducir sus gastos en varios billones. 

En una entrevista reciente con CAMBIO, la presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Astrid Martínez, aseguró que se deberían ajustar las cuentas en más de 40 billones de pesos más. 

La entidad, un organismo técnico e independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, también emitió recientemente un pronunciamiento en el que augura que para este año el país no logrará recaudar la meta de impuestos que se puso el Gobierno, de 299,9 billones, sino que será 34 billones inferior.

El desbalance fiscal 

Para que a un país le vaya bien, a la economía te tiene que ir bien. Hoy, las cuentas no pintan nada bien y se necesita una mano firme. La importancia de ajustar el presupuesto está en que las finanzas públicas sean sostenibles, pero el país empezó el año con el pie izquierdo y las cuentas públicas podrían complicarse si no se toman las decisiones correctas. 

Hace menos de dos meses, el Ministerio de Hacienda presentó su Plan Financiero de 2025 con el balance fiscal del año pasado y sus proyecciones para este. Las noticias no fueron buenas. 

En primer lugar, los datos de 2024 resultaron peores a las proyecciones que tenía el Gobierno desde junio, cuando presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento que actualiza todos los años con proyecciones a largo plazo. 

El déficit fiscal, es decir, el desbalance entre ingresos y gastos, llegó el año pasado a 6,8 por ciento, cuando la proyección que se tenía antes era de 5,6 por ciento. La deuda de la Nación llegó al 60 por ciento del PIB, por encima del nivel de 55,4 por ciento que había calculado previamente. 

Así como el CARF, el centro de estudios económicos Anif también hizo un llamado al Gobierno para “no repetir los errores de 2024” y sugirió un recorte adicional de 30 billones de pesos. 

Para este año, las previsiones del propio Gobierno tampoco son las mejores. Proyecta que el déficit fiscal será de 5,1 por ciento y la deuda seguirá cercana al 60 por ciento del PIB, cifras que siguen siendo altas en comparación con datos históricos para unas finanzas sanas en la Nación.

“El déficit fiscal inició el 2025 en su peor nivel en 21 años”, alertó Camilo Pérez, jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. Según Pérez, parte del problema que enfrentan las finanzas del Gobierno tienen que ver con presiones de gasto y un elevado presupuesto general frente al estándar histórico. 

Además, para 2025 el Gobierno redujo su pronóstico de crecimiento de 3,0 a 2,6 por ciento, y aumentó el pronóstico de inflación de 3,2 a 3,6 por ciento. Es decir, ahora se espera un año con un PIB más bajo y una inflación más alta en comparación con los pronósticos de hace unos meses. 

Aunque el economista cree que el recaudo mejorará en 2025, considera que no alcanzará a cumplir las metas que tiene el Gobierno. “Sin un ajuste en el gasto, el déficit fiscal podría ser de más del 6 por ciento del PIB en 2025, y la discusión cambia del cumplimiento de la regla fiscal a la sostenibilidad de las finanzas públicas”, dijo. 

Bajo los ojos de las calificadoras 

Todos estos mensajes no han pasado inadvertidos por el mercado. A inicios de mes Fitch Ratings, una de las tres grandes calificadoras de riesgo, rebajó a negativa la perspectiva de calificación para Colombia, a pesar de que mantuvo la calificación del país en BB+. Esto quiere decir que en una próxima revisión puede bajarle la nota a Colombia, lo que indica que el país se está volviendo, a los ojos de la calificadora, más riesgoso para invertir. 

La calificadora tomó en consideración el "deterioro en la posición fiscal del país y las perspectivas inciertas de medidas correctivas" y cuestionó que el balance fiscal se ubicó “muy por debajo” de su pronóstico y culpó de ello a los déficits de ingresos y la incapacidad de implementar recortes de gasto que los compensen. De hecho, la calificadora piensa que el déficit fiscal de Colombia este año sería de 6,2 por ciento, y no de 5,1 por ciento como prometió el Gobierno. 

“El gran reto que tiene la cartera de Hacienda, independientemente de la persona, es lograr bajar los niveles de déficit que tiene Colombia. En prepandemia estábamos con un déficit de 4 o 4,5 por ciento y ya parecían elevados, pero con un déficit de 6 por ciento es más que necesario considerar un proceso de ajuste”, comentó Carolina Monzón, gerente de Investigaciones Económicas de Banco Itaú. 

Hay varios expertos que ven este panorama con preocupación. El equipo de investigaciones económicas de Bancolombia también cree que el déficit fiscal será más alto de lo que estima el Gobierno, y podría llegar a 5,9 por ciento. 

“Esta actualización no cuenta todavía con la perspectiva de un posible mayor gasto de un ministro de Hacienda entrante, pero sí estamos incorporando retos a mediano plazo como que no se alcance la meta del recaudo y un nivel de gasto elevado, pero podría ser incluso mayor dependiendo de cómo se configure la senda de gasto planeada para este año”, explicó Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. 

Y en línea con ellos, BBVA Research estima que el déficit fiscal podría llegar a ser incluso de 6,8 por ciento si no se reducen los gastos, se persigue la meta de gasto original que tenía el Gobierno antes del recorte y no se consiguen fuentes adicionales de financiamiento. 

Juana Téllez, economista jefe del equipo de investigadores de BBVA remarcó que "hoy el gasto del Gobierno asciende a 23,5 por ciento del PIB, superior al gasto promedio entre 2020 y 2024, que fue de 22,8 por ciento del PIB por año". 

La tarea de Ávila

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"Mi designación no debe producir sobresaltos en la salud económica del país. Por el contrario, los buenos resultados deben continuar y afianzarse. Continuaremos atendiendo los compromisos de la deuda pública y realizaremos los ajustes necesarios para mejorar los ingresos tributarios que nos permitan atender la estrechez fiscal de esta coyuntura". 

Entre la noche del jueves y la mañana del viernes. el ministro designado Germán Ávila envió este mensaje en audio a varios medios de comunicación, con el objetivo de calmar las aguas por el movimiento de esta semana en la cartera. 
 
Pero con todas estas presiones, la labor del nuevo ministro no será sencilla ni tampoco popular, en un año en el que también se empieza a marcar la carrera electoral de 2026. 

 
Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina del banco BTG Pactual, advierte que el problema con el relevo en la cabeza del ministerio, y la salida Guevara con tan poco tiempo en el cargo, tiene más que ver con el precedente que sienta sobre las razones para su salida que con la llegada del nuevo ministro. 

“Se está diciendo que la razón de su salida se dio después de que el ministro anunció que se necesitaba un recorte adicional al presupuesto, y que aparentemente al presidente no le gustó. Eso significa que cualquiera que llegue difícilmente se podrá mover en la dirección de la consolidación fiscal”, explicó el experto. 

Así mismo, Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de la comisionista de bolsa Acciones & Valores, dijo que más que el cambio del ministro, “lo importante es revisar si también hay una recomposición del equipo técnico del Ministerio”, pues esos funcionarios son los encargados de proporcionar los insumos al ministro para la toma de muchas de sus decisiones.  

Es claro que se necesita un recorte porque los ingresos del Gobierno no alcanzan para financiar la totalidad de los gastos que están presupuestados, y de seguir a este ritmo, el déficit y la deuda se podrían disparar y las cuentas podrían empeorar. Queda en manos de Ávila saber manejar las finanzas, y también los planes del presidente Petro.