¿Podrían las transferencias reducir la pobreza?
Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño
El plan del gobierno para reducir la pobreza monetaria es aumentar el monto y la cobertura de las transferencias. ¿Será suficiente?
Por: Angélica M. Gómez
El gobierno de Gustavo Petro se impuso la meta de reducir la pobreza monetaria del 16 por ciento reportado en 2021 a –como mínimo– 10,4 por ciento al final del cuatrienio.
La estrategia, expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, es la Renta Ciudadana, una transferencia monetaria que unificará en uno solo todos los demás auxilios y que llegará a más familias. Hoy esas rentas están dispersas en programas como Colombia Mayor, que entrega 80.000 pesos a quienes cumplan los requisitos; Familias en Acción, que entrega hasta 203.000 pesos, y otros más, como Jóvenes en Acción.
El encargado de cumplir con la tarea es el Departamento Administrativo de Prosperidad Social. Según su directora, Cielo Rusinque, la idea es aumentar el monto de las transferencias monetarias a 500.000 pesos mensuales y usar la red de Familias en Acción como base para elaborar la lista que incorpore a todos los beneficiados.
La entidad contará con un total de 6,9 billones de pesos: 1,7 billones de pesos que recibió del presupuesto para 2023, y una adición presupuestal de 5,2 billones más.
Para profundizar: Así será la Renta Ciudadana y otros cambios a los subsidios en Colombia
En su cuenta de Twitter, Rusinque expuso tres argumentos que respaldan su confianza en que la meta se cumpla. El primero es que, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, la inflación ya llegó a su techo y, por lo tanto, en los próximos meses debería ceder, lo que mejoraría la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos.
En el segundo semestre, cuando empiece a aplicarse la transición de la Renta Ciudadana, los primeros hogares que reciban los 500.000 pesos mensuales deberían poder gastarlos en más cosas de las que podrían comprar hoy con el mismo dinero por cuenta de la inflación.
Sin embargo, las proyecciones del Banco de la República y de los analistas financieros son que la inflación termine este año cerca del 9 por ciento, inferior al 13,12 por ciento de 2022 pero más de dos veces por encima del límite superior del rango meta del banco central: entre 2 y 4 por ciento.
El segundo argumento de Rusinque es que la transición de la Renta Ciudadana empezará en el segundo semestre de 2023 y será aplicada completamente cuando se ponga en marcha el Plan Nacional de Desarrollo, una vez sea aprobado por el Congreso y sancionado como Ley de la República por el presidente Petro.
Roberto Angulo, socio fundador de la firma consultora Inclusión y experto en pobreza, comenta que, en principio, esto significaría una reducción de los beneficiarios. Por ejemplo –dice–, la red de Ingreso Solidario no es la misma de Familias en Acción, lo cual quiere decir que los beneficiarios de Ingreso Solidario quedarían por fuera de la Renta Ciudadana, al menos en la primera etapa.
En tercer lugar, Rusinque dice que la meta de reducción de pobreza “utilizó dos variables que no se utilizaron en gobiernos anteriores: el aumento sustancial de montos (por ejemplo, en Quibdó se pasaría de pagar mensualmente 102.000 a 500.000) y la optimización del modelo de focalización”.
¿Girar dinero acaba con la pobreza?
Pero aumentar el monto puede que no sea suficiente para acabar la pobreza. Así lo demuestran diferentes estudios internacionales y varias pruebas hechas en Colombia. Una transferencia monetaria aumenta el dinero disponible en un hogar para solventar gastos como alimentación, transporte o arriendo. Pero si los precios suben por cuenta de una inflación superior a la usual, o si el dinero recibido se convierte en el único ingreso de la familia, la transferencia no sirve de mucho para acaba con la situación.
Un ejemplo cercano es el efecto que tuvo la pandemia. En 2020, por cuenta del cierre de la economía, que afectó especialmente a los trabajadores informales –cuya mayoría pertenece a hogares pobres o vulnerables–, la pobreza monetaria aumentó a 42,5 por ciento, 6,8 puntos porcentuales frente a la cifra de 2019.
La población en situación de pobreza monetaria extrema llegó ese año a 15,1 por ciento, 5,7 puntos porcentuales más que en 2019 (9,6 por ciento) y 2,9 puntos porcentuales menos que en 2021, el 12,2 por ciento que está usando como referencia el actual gobierno.
Esto, pese a que durante ese año el gobierno de turno amplió el gasto público para aumentar los montos de las transferencias sociales existentes y creó el programa Ingreso Solidario, que llegaba a un millón de hogares adicionales con 360.000 pesos bimestrales.
En Argentina, un estudio de PNUD, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), que tuvo en cuenta transferencias monetarias, subsidios y transferencias indirectas, concluyó que “entre 1983 y 2018 la pobreza solo disminuyó en el rebote de las dos crisis macroeconómicas profundas que vivió el país, y en el período de excepcionales circunstancias externas durante parte de los 2000. Durante ese período el PIB per cápita creció a menos del 1 por ciento anual, un escenario no propicio para alimentar un proceso sólido de reducción persistente de la pobreza”.
Rusinque dice que la idea del programa de Renta Ciudadana es que las familias se puedan “graduar” a medida que salen de la pobreza y de su situación de vulnerabilidad, condiciones que harían que reciba una menor asignación monetaria. Para ello, como indica el Plan de Desarrollo, la base de datos del programa debería actualizarse al menos una vez al año para evitar “colados”.
El efecto de la educación
Esther Duflo y Abhijit Banerjee, ganadores del Premio Nobel de Economía en 2019, explican, en su libro Repensar la pobreza, cómo el acceso a la educación no solo aumenta los ingresos de los futuros adultos, sino que tiene impacto en –por ejemplo– la reducción del embarazo adolescente, como se demostró en Malaui; y en el descenso de la mortalidad infantil, como se vio en Taiwán. Además, los ciudadanos que saben leer tienen mejor acceso a información sobre los programas del Estado a los que pueden acceder.
“Quienes continúan estudiando en secundaria son más propensos a tener un buen empleo, pero incluso quienes no lo tengan podrán gestionar mejor sus propios negocios”, explican los expertos.
En el caso colombiano, las transferencias podrían estar condicionadas a la asistencia al colegio, como sucede con Familias en Acción, o ir directamente al pago de bonos en colegios privados, como los que existieron en Bogotá. Por supuesto, la mejor inversión sería la oferta, es decir, colegios suficientes, accesibles y de calidad cerca de los hogares en condición de pobreza.
Angulo explica que la estrategia de la Renta Ciudadana debe tener en cuenta el efecto inflacionario y de crecimiento económico. En el contexto macroeconómico actual, “es difícil pronosticar qué va a pasar con la pobreza. En periodos menos graves, como antes de la pandemia, cuando tuvimos una inflación alta pero no tanto como ahora, la inflación se comía la mitad del efecto del crecimiento económico sobre la reducción de la pobreza”, dice el experto.
En ese sentido, aunque en el último año los datos del mercado laboral y de crecimiento económico son positivos, la inflación fue la más alta en los últimos 20 años, con un efecto más fuerte sobre los hogares pobres. “Como mínimo, esas dos fuerzas se van a compensar. En caso de que la pobreza se reduzca, no lo hará de manera contundente”, agregó Angulo.
Para compensar ese efecto y mejorar las cifras de pobreza, los expertos coinciden en que es necesario incentivar un crecimiento económico con baja inflación y un contexto macroeconómico favorable y estable que permita la creación de negocios y de puestos de trabajo, es decir, más ingresos y distribución de recursos para todos.
Pero Angulo destaca que lo más importante es una estrategia del mercado laboral que aumente la productividad y mejore los ingresos de los trabajadores. Sus estudios han encontrado que no solo es clave mejorar el desempeño académico de la gente de menos recursos, sino mejorar el tejido productivo y la productividad laboral, es decir, aumentar el pago por hora trabajada.
Esto se logra con una educación pertinente para los empleados que están buscando las empresas. “Si no hay una apuesta seria de formación para el trabajo y educación técnica y tecnológica, no va a existir una mayor rentabilidad por cada día de trabajo y calidad de trabajo”, concluye Angulo.
