¿Qué puede salir mal en el control a los precios de la energía?

El jueves 26 de enero, el presidente Gustavo Petro, durante su visita a Duitama, donde dialogaba con líderes de las juntas de acción comunal del municipio, anunció que tomaría las funciones de las comisiones reguladoras de servicios públicos para fijar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. 

El día anterior, el presidente había trinado la foto de un gráfico con dos líneas punteadas que, según él, compara las variaciones de precios de la energía eléctrica con la metodología actual y con la que él quiere aplicar. Pero no mencionó ni explicó su propuesta, solo dijo que la actual es especulativa.

El presidente preguntó en Twitter por qué el precio del kilovatio de energía pasó de 200 a 900 pesos por hora, aunque no especificó el rango de tiempo en el que sucedió ese cambio. También preguntó por qué en la costa Atlántica la tarifa se incrementó 40 por ciento.

No nombró, sin embargo, que uno de los elementos de la fórmula con la que se calcula la tarifa de energía en el país es el índice de precios al consumidor (IPC), que en 2022 fue de 13,12 por ciento anual, impulsado en buena parte por los alimentos y por los precios de los servicios públicos. Y si la inflación sube, las tarifas que la incluyen en su fórmula también lo hacen.

A pesar de que la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el segundo semestre de ese año pasado, hizo un Pacto de Justicia Tarifaria que cambiar el IPC por el Índice de Precios al Productor (IPP), lo que hizo que en los últimos tres meses los precios de la energía bajaran apenas 6 por ciento, la medida, que lleva apenas tres meses, no le ha parecido suficiente al Gobierno.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sugirió recientemente que en la fórmula se utilice mejor la inflación básica, un indicador que no tiene en cuenta la inflación de alimentos ni regulados (los servicios públicos domiciliarios) por lo que es más baja y menos sensible a los choques de oferta y demanda de la economía.

Para intervenir las comisiones reguladoras, el presidente Petro se basó en el poder que le otorga el artículo 370 de la Constitución y las Leyes 68 y 142 de 1994. sin embargo, la Constitución y las dos leyes establecen que el presidente debe indicar las políticas generales de administración de los servicios públicos domiciliarios y vigilar su prestación, pero mediante las entidades correspondientes y teniendo en cuenta no solo el bienestar de los consumidores sino la viabilidad financiera de las empresas prestadoras. Y es la viabilidad financiera la que causa preocupación.

Las posibles consecuencias

Expertos del sector y académicos han advertido que el control de precios genera mercados negros y escasez en los bienes controlados, como se ha visto en otros países como Argentina. 

Andrés Giraldo, profesor de economía de la Universidad Javeriana, explica que una de las consecuencias de fijar tarifas de energía muy bajas podría ser que los costos de las empresas en ese mercado les impidan recuperar sus inversiones. Si eso es así, las empresas preferirían retirarse del país y el Estado tendría que asumir la operación del servicio eléctrico. 

Ese escenario dejaría al país de vuelta en la situación de finales de la década de 1980, que desencadenó el apagón de 1991, que se extendió por dos años y resultó en el diseño del sistema eléctrico y de regulación que conocemos hoy.

La otra posibilidad sería que las empresas prestadoras decidieran permanecer en el país, pero reducir sus presupuestos de inversión en mantenimiento de redes o ampliación de las mismas, lo que con el tiempo se traduce en el deterioro de las redes y los cortes en el servicio. Un ejemplo cercano es el conocido Electricaribe, que durante sus últimos años dejó de invertir los 5 billones de pesos, que son los que ahora están invirtiendo las nuevas empresas que compraron la operación, en las dos regiones en las que se dividió el servicio eléctrico en el Caribe.