Windpeshi: el efecto económico en La Guajira y en el sistema eléctrico

El pasado 24 de mayo, Enel Colombia anunció la suspensión indefinida de su proyecto eólico Windpeshi, ubicado en La Guajira, por los retrasos en las obras que han generado las protestas, bloqueos y reclamos de las comunidades cercanas. 

La decisión se tomó 15 días después de que, en una mesa de diálogo entre Enel, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior y las comunidades wayúu de Romana y Julapa se levantara el último de los bloqueos al proyecto. 

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En ese momento, el Ministerio de Minas y Energía aseguró que Windpeshi era clave para la transición energética que impulsa el Gobierno y que por eso las partes habían llegado a una serie de acuerdos que permitían la sostenibilidad del proyecto y cumplirles a las comunidades. Además, se instalaría una mesa de seguimiento. 

Sin embargo, Enel advirtió que las peticiones estaban fuera de las capacidades de la organización y que, tras una inversión de más de 7.100 millones de pesos en proyectos relacionados con educación de calidad, acceso al agua y desarrollo económico adicionales a los costos de construcción del proyecto, prefirió suspenderlo indefinidamente. 

Además de retrasar aún más el incremento en la matriz eléctrica nacional de kilovatios de energía generados mediante fuentes renovables no convencionales, la suspensión del proyecto ya tiene efectos sobre la economía local. 

Contratos suspendidos

Enel anunció que, con excepción de sus labores ambientales y sociales en la área de influencia de Windpeshi, suspendía todas sus actividades en el proyecto, que tenía serios retrasos por los confinamientos de 2020 y porque entre 2021 y 2022 solo pudieron trabajar la mitad del tiempo. En el primer semestre de 2023, dijo la empresa, sus empleados apenas trabajaron el 60 por ciento del tiempo posible por cuenta de bloqueos y manifestaciones de las comunidades. 

Dadas las altas temperaturas de la región, los cimientos de los proyectos eólicos y de otras construcciones de infraestructura requieren que el cemento se mezcle con hielo en lugar de agua para que preserve sus propiedades y calidad.

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Para que este hielo sea mezclado en las condiciones de temperatura y raspado ideales, las empresas proveedoras envían grandes maquinarias al punto en el que el cemento se mezclará y utilizará. Pero, advierten empresarios del sector que hablaron con CAMBIO, llevar la maquinaria hasta los puntos es una aventura que implica pagar peajes de cabuya hechos por niños, adolescentes, madres o hasta encapuchados. 

Eso, sin contar con los costos de la energía, un tema constante en la costa Caribe, pues a la inflación de este servicio se les deben sumar las tarifas de recuperación de la inversión de las empresas que compraron lo que antes era Electricaribe y el pago por pérdidas, aunque estas sean por robos de energía y no por las pérdidas técnicas típicas en todo sistema. 

La firma de análisis político Colombia Risk Analysis advirtió que, de no atenderse oportunamente los problemas de orden público que retrasan la ejecución de los proyectos de energías renovables, el país se arriesga a una pérdida de interés de los inversionistas del sector, lo que demoraría la transición energética y obligaría a Colombia a depender por más tiempo del petróleo y del gas natural. 

Pero con reservas de hidrocarburos que apenas superan los siete años y sin firmar nuevos contratos de exploración y explotación –añade Colombia Risk–, el país también podría enfrentarse a dificultades financieras, dada la importancia para las exportaciones e inversiones que tiene el sector extractivo.

Por su parte, voceros de la Asociación de Energías Renovables (SER) advierten que "la cancelación de Windpeshi implica cerca de 3,5 billones de pesos de inversión que dejará de recibir el país y el 6 por ciento de la nueva capacidad de generación de energías renovables programada para ponerse en marcha entre 2023 y 2024. Esta capacidad de generación de energía adicional era importante para atender o respaldar el consumo de 500.000 hogares".

Eso, sin contar con que la suspensión del proyecto significa que no se contratará mano de obra, es decir que se pierde una capacidad de generación de empleo en la región que, vía el consumo de esos trabajadores y sus familias, también habría impulsado la economía local.

Todos están de acuerdo: no hay presencia del Estado

Desde el gremio explican que los retrasos en los proyectos de generación de energía renovable en La Guajira están divididos en dos partes: en una buena parte ni siquiera han iniciado la construcción porque deben conectarse a Colectora 1, una línea de transmisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN), que sigue en etapa de consultas previas con las comunidades.

Otro grupo de proyectos, que no se tienen que conectar a Colectora, “han tenido dificultades con las comunidades. Se espera que los avances en las conversaciones logrados a la fecha permitan atender las nuevas fechas de entrada en operación”.

Las comunidades indígenas, las ONG que les acompañan y las empresas tienen la misma queja: en La Guajira no hay presencia del Estado.

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Por un lado, las comunidades indígenas dicen que las licencias otorgadas y los procesos de consulta previa no tienen en cuenta realmente a sus autoridades y que, incluso, desconocen su cadena de mando y quiénes son los realmente autorizados para dar permisos de construcción en sus territorios y de pasar los carros por sus carreteras. 

Por el otro lado, las empresas locales se quejan de que les dejan solas ante las comunidades a la hora de negociar y que, como es territorio de nadie, las carreteras son difíciles, pues cada cierto tiempo aparecen los famosos peajes de cabuya que organizan niños, adolescentes y algunos adultos para pedir hasta 50.000 pesos por trayecto

Todos piden lo mismo: que el Estado por fin asuma sus responsabilidades en La Guajira, respetando la organización indígena pero sin dejar a los empresarios a su suerte en el territorio.