Colegios en administración: calidad educativa en medio de una nueva disputa política

El mundo educativo ha estado debatiendo sobre la modificación del decreto 1075, anunciado por Viviane Morales en su paso tan fugaz por el Ministerio de Educación. El decreto 1075 regula la contratación de entidades externas al Estado para prestar el servicio educativo cuando una entidad territorial no cuenta con personal, infraestructura o capacidad suficiente. La modificación propone distinguir dos figuras: la contratación de la prestación del servicio y los contratos de apoyo a la administración.

En la primera, un privado recibe recursos públicos para atender estudiantes ante una insuficiencia demostrada. En la segunda, la entidad territorial conserva la infraestructura, la matrícula y la condición de prestadora, pero puede vincular a un tercero para apoyar la administración y los servicios pedagógicos. Esta categoría cobijaría a los colegios en administración, que prestan un servicio de alta calidad en Bogotá, y que sin este sustento jurídico pueden desaparecer en 2026, al finalizar los contratos entre estos operadores y la Secretaría de Educación de Bogotá.

¿Por qué se está debatiendo tanto sobre este decreto? La discusión se concentra en los criterios para acudir a esta modalidad. Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, quien lideró en su momento la evaluación de los colegios en concesión, con excelentes resultados de estos últimos, advierte que el texto “debería establecer criterios mucho más claros para determinar cuándo realmente se necesita acudir a un operador externo, qué evidencia debe presentar la entidad territorial y por qué esa alternativa resulta mejor que fortalecer directamente la capacidad pública”. Para Bonilla, la contratación debe tener “reglas claras, justificación técnica, evaluación de resultados, transparencia”, y no sustituir el fortalecimiento estatal.
Felipe Barrera, profesor de la Universidad de Vanderbilt, quien ha liderado el mayor estudio sobre los colegios en administración, cuestiona el decreto pero por una razón contraria: el decreto no incluye la calidad como un criterio para la insuficiencia. A su juicio, el Estado debe disponer de distintos instrumentos para garantizar educación de calidad y el decreto debería reconocer también una “insuficiencia de calidad”, no únicamente problemas de cobertura o capacidad.

“En esta versión, el decreto sigue limitando la prestación del servicio educativo a que las entidades territoriales demuestren su insuficiencia para prestarlo.  Eso es altamente inconveniente. El objetivo del Estado es garantizar el derecho a educación de buena calidad. El Estado puede tener muchos instrumentos para garantizar esto: prestación directa (colegios típicos públicos), colegios en administración. El decreto sigue manteniendo la idea de que estos modelos deben reemplazarse gradualmente. ¿Por qué reemplazar a este modelo progresivamente? Los colegios en administración de Bogotá están haciendo un trabajo excepcionalmente bueno. No tiene ningún sentido intentar reemplazarlos. Particularmente con colegios típicos públicos, con muchos problemas de calidad”, explica Barrera.

Los resultados de los colegios en administración

Los colegios en administración son apenas el 5 % de la oferta del Distrito, pero en su conjunto obtienen los mejores resultados en las localidades. Un primer estudio de Edna Bonilla y Jorge Iván González encontró mejores resultados en los indicadores de calidad de los entonces llamados colegios en concesión. Otro, liderado por Felipe Barrera, concluyó que sus estudiantes aprenden más en todas las áreas y obtienen mejores resultados socioemocionales. Los estudios confirman estos patrones: mejor desempeño académico, mayor acceso a la educación superior, mejor clima escolar y mayor satisfacción de las familias. También se destacan menores niveles de deserción y una alta demanda de cupos.

Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, concluye que “el balance es bastante favorable en el caso de Bogotá”, y atribuye los resultados a la “experiencia, calidad, innovación, trabajo en equipo y compromiso” de las entidades seleccionadas. Entre los casos destacados están el colegio Las Margaritas, de Kennedy, nominado en 2026 entre los diez mejores del mundo en los World's Best School Prizes, y el Gimnasio Sabio Caldas, de Ciudad Bolívar, administrado por el Gimnasio Moderno. Edna Bonilla es una defensora de esta coexistencia entre colegios oficiales y colegios en administración: “Para mí, la gran pregunta de política pública es otra: ¿qué podemos aprender de estas experiencias para fortalecer todo el sistema oficial? La jornada única, una mayor autonomía de gestión, el liderazgo de los rectores, el seguimiento a los estudiantes y una cultura institucional sólida son aprendizajes que deberían beneficiar a todos los colegios públicos, no solamente a los que están en administración”.

Un debate en medio de la polarización

La controversia se ha presentado como una disputa entre educación pública y privada, e incluso como una puerta de entrada de la Biblia a las aulas oficiales, la designación de Myriam Hoyos en el Ministerio de Educación parece apuntarle a una continuidad en lo que este gobierno ha denominado como “la batalla cultural”. Bonilla precisa que la participación de iglesias ya existe en la regulación y que el proyecto no la crea, pero advierte sobre la posibilidad de que entren privados que no cumplan con las condiciones de idoneidad. Por eso pide revisar cuidadosamente reglas, controles y límites, bajo un principio estrictamente constitucional: “La educación pública debe ser laica”, y “respetar la libertad de conciencia y la pluralidad religiosa”.

Para De Zubiría, el debate revela una polarización muy peligrosa: “En Colombia la educación ha sido mixta y debemos hacer todo lo posible para que lo siga siendo. El gobierno anterior resquebrajó el carácter público-privado de la educación y se equivocó al debilitar la educación privada. Con el nuevo gobierno, se puede prever un cambio al extremo contrario. Ambos actúan de manera errada porque expresan posturas sectarias y extremistas. Lo único es que el Estado les debe exigir altos estándares a las instituciones seleccionadas para realizar el acompañamiento. En este contexto, respaldo a los operadores privados de colegios públicos exigiendo que se respete el carácter laico del Estado y se exijan altos niveles de calidad y contextualización”.

Más que escoger entre el Estado y privados, el debate de fondo es cómo estos modelos pueden contribuir a la calidad de la educación; este decreto, en el fondo, busca un sustento jurídico que impida que una de las estrategias más eficaces para cerrar brechas educativas, los colegios en administración, desaparezca de la ciudad a finales del 2026. El reto es convertir la experiencia de los colegios en administración en aprendizaje para todo el sistema, sin permitir que la disputa religiosa y partidista eclipse la calidad educativa.