Primera Infancia, una deuda con saldo pendiente

En mayo de 2016, el Congreso aprobó por unanimidad la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia "De Cero a Siempre", promulgada mediante la Ley 1804 de agosto de ese mismo año. Este hito no fue fortuito; elevó a política de Estado una apuesta con años de diseño y aprendizaje institucional. Colombia logró un acuerdo nacional excepcional alrededor de la primera infancia, convirtiéndose en un referente y pionero en la medición de calidad y atención integral en América Latina

Sin embargo, luego de cuatro planes de desarrollo consecutivos que han priorizado y han hecho explícita la meta de atención integral a la primera infancia y a diez años de aprobada la ley, la realidad obliga a formular una pregunta incómoda: ¿por qué esta apuesta de desarrollo parece haber perdido fuerza, prioridad y capacidad transformadora? La respuesta está en una triple brecha estructural que inmoviliza la política pública: la distancia entre lo que la ciencia y la ley exigen, lo que viven las familias, las niñas y los niños en los territorios y el vacío crítico en las propuestas del debate político contemporáneo.

La triple brecha en la Política de Primera Infancia

1. Primera brecha: lo que se espera (la evidencia vs. la acción)

Desde la neurociencia, la economía y las ciencias sociales existe un consenso absoluto: el 90% del desarrollo cerebral ocurre en los primeros años de vida, cimentando la salud mental, estabilidad emocional, capacidad cognitiva y nutrición. Invertir en esta etapa es la decisión más costo-efectiva para romper trampas de pobreza intergeneracional.

La política "De Cero a Siempre" tradujo esta evidencia en un enfoque comprensivo de atención integral bajo un esquema de trabajo intersectorial. El desarrollo infantil no es lineal ni fragmentado; no puede ser responsabilidad de un solo sector (educación, salud, bienestar familiar, inclusión social, cultura). Exige que a cada niña y cada niño le llegue simultáneamente la concurrencia de atenciones prioritarias (salud, cuidado, identidad, nutrición, educación inicial y entornos protectores), sustentada en un seguimiento nominal, alertas tempranas y valoración del desarrollo. Esta ruta sigue siendo científicamente válida y es respaldada por consensos internacionales, como el modelo de interacciones sensibles de "servir y devolver" (serve and return) de Harvard y el marco del Cuidado Cariñoso y Sensible de UNICEF, BM y OMS.

2. Segunda brecha: Lo que realmente pasa (la inercia y la desarticulación territorial)

A pesar de la solidez técnica, la implementación real revela un estancamiento crítico. Colombia atraviesa una transición demográfica acelerada. Según el DANE, en 2025 se registraron solo 433.678 nacimientos, la cifra más baja de la última década, representando una caída del 4,5% respecto a 2024 y de más del 33% frente a 2018. Sin embargo, aun con menos niños naciendo, el Estado sigue sin garantizar cobertura universal en atención integral. Persiste una deuda histórica que mantiene cerca del 50% de la población de primera infancia desatendida.

Esta realidad se agrava al analizar los recursos públicos. En 2024, el presupuesto asignado a la primera infancia fue de $14,2 billones, apenas el 0,83% del PIB. Esta cifra se ubica por debajo del umbral mínimo del 1,16% del PIB recomendado por UNICEF, CEPAL y ONU Mujeres, para garantizar atención integral básica, y dista del 1,6% del PIB que destinan otros países de la región. Además, mientras el Estado invierte en promedio 13 millones de pesos por estudiante en educación básica, la asignación anual por niño en primera infancia es de apenas siete millones de pesos, debiendo cubrir simultáneamente salud, nutrición, educación inicial y acompañamiento familiar.

Se mantiene una disputa absurda sobre si la educación inicial es competencia del sector educativo o del social. Mientras las entidades se disputan el liderazgo, se agudizan las tensiones institucionales y se desatiende al tramo más crítico: los menores de tres años, quienes registran los niveles más bajos de cobertura. Intervenir solo a los 3 o 4 años de edad significa llegar tarde a la mayor ventana de oportunidad neurológica, emocional y nutricional (los primeros 1.000 días). Reparar los daños acumulados es inmensamente más costoso para el país que prevenirlos.

Las modalidades de atención diseñadas hace 15 años se han vuelto rígidas. Conseguir un servicio permanente, flexible, pertinente y de calidad es una carga dramática para las familias. Esto expulsa del sistema a quienes viven lejos, trabajan o cuidan, afectando la autonomía económica de las mujeres, quienes históricamente asumen el rol de cuidado y requieren horarios y servicios flexibles para poder estudiar, trabajar y generar ingresos.

No existe un tránsito armónico entre la educación inicial y el sistema escolar formal. Una niña que vive una educación inicial centrada en el juego y la exploración llega al grado primero para encontrarse con una lógica rígida que premia la estandarización y castiga la curiosidad. El aprendizaje es multicausal y requiere una respuesta multisectorial; la escuela sola no puede resolverlo todo.

3. Tercera Brecha: Lo que se propone (el vacío en el debate político)

El aspecto más preocupante es el vacío técnico en las propuestas del debate político reciente. Las plataformas electorales han demostrado un profundo desconocimiento del acumulado histórico del país. Las propuestas han tomado distancia de la visión estructural de la Ley 1804. Se ha retornado a una lógica de programas fragmentados, de corto plazo, centrados en la apertura de cupos físicos o matrículas en el sistema formal, ignorando que prestar un servicio no equivale a garantizar un derecho si este carece de calidad y pertinencia y no está acompañado de procesos de movilización social y transformación cultural.

Se ha debilitado la conversación sobre la calidad y no existen propuestas sólidas de formación continua, acompañamiento situado, tutorías ni mentorías permanentes para las maestras y agentes educativos que transformen las interacciones cotidianas en el aula.

La tecnología se ha invisibilizado y no se proponen herramientas para usar datos en tiempo real que permitan interoperar sistemas de información, uso de la inteligencia artificial al servicio de potenciar la oferta de atención, realizar seguimiento nominal y generar alertas tempranas oportunas frente a riesgos de desnutrición, inasistencia o violencia.

Desafíos para el próximo gobierno

La deuda con la primera infancia en Colombia no radica en la falta de política pública; el país cuenta con un marco legal robusto y un acumulado técnico que sigue siendo referente regional. El verdadero problema radica en haber permitido que esta apuesta estratégica se debilitara en su implementación, perdiera prioridad en la agenda nacional y quedara atrapada en tensiones burocráticas sectoriales.

Para revertir este estancamiento, el próximo gobierno debe asumir cuatro compromisos inaplazables:

• Restaurar la prioridad nacional y presupuestal: elevar la primera infancia al centro de la agenda de desarrollo, incrementando la inversión pública de manera progresiva. No es un programa social más; es el principal motor de movilidad social, productividad, equidad y construcción de paz.
• Reestructurar las modalidades de atención del ICBF y flexibilizar el servicio de educación inicial que orienta el Ministerio de Educación Nacional para adaptarlas a las necesidades de las familias contemporáneas, las geografías y condiciones territoriales. Se requiere flexibilizar los horarios, adaptar las jornadas, vincular más a las familias y fortalecer los servicios para reducir la carga de cuidado que recae sobre las mujeres, promoviendo su autonomía económica.
• Avanzar hacia la definición de una agenda nacional de calidad, con unas metas y una inversión específica.  Retomar la formación continua, el acompañamiento situado, las tutorías y la dignificación de las maestras y agentes educativos. Son las interacciones sensibles y cotidianas las que verdaderamente transforman la arquitectura cerebral infantil y tienen impacto sobre el desarrollo de las niñas y niños en primera infancia.
• Devolver el liderazgo técnico y político a la Comisión Intersectorial de Primera Infancia (CIPI) para superar la fragmentación sectorial. Asimismo, implementar sistemas de información nominales interoperables en tiempo real para activar alertas tempranas y asegurar transiciones armónicas desde la educación inicial hacia la educación básica.

Comentario final

Pasados los debates electorales, llega el momento de la acción. Abelardo de la Espriella en los próximos cuatro años tendrá la responsabilidad ética e histórica de decidir si continúa administrando la inercia de una política debilitada o si asume la primera infancia como la bandera estratégica más importante para el presente de las niñas y niños y para el futuro de Colombia. No podemos seguir llegando tarde a la vida de las niñas y los niños; el costo social, humano y económico de reparar lo que pudimos prevenir es una carga que el país ya no puede soportar.