Ablación: la mutilación genital persiste contra niñas indígenas en Colombia
Crédito: Foto referencia Colprensa.
Una recién nacida fue la víctima más reciente de la mutilación genital en Risaralda y aunque no hay cifras precisas sobre esta violación a los derechos de las niñas, el caso pone a la vista que en Colombia, la ablación aún no está exterminada.
Por: Lina María Cuitiva
A pesar de que organizaciones internacionales como Unicef han definido la ablación, mutilación genital femenina, como una violación a los derecho humanos, algunas comunidades indígenas en Colombia aún conservan esa práctica en niñas y bebés.
El último caso conocido se dio en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, al que una madre embera chamí llegó porque su bebé recién nacida estaba presentando diarrea y vómito. Al revisar a la pequeña por la infección intestinal, el personal médico pudo constatar que tenía una hinchazón en la zona genital producto de una ablación.
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La madre de la recién nacida tiene tan solo 15 años y no recibió controles prenatales.
Madre e hija provienen de Puerto Rico, en Risaralda, departamento con el asentamiento embera chamí más grande de Colombia (55 por ciento de esa comunidad indígena) y donde según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, más del 49 por ciento de las mujeres indígenas han padecido la falta de acceso a servicios de salud y educación, así como el desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual se convierte en escenario propicio para la reproducción de las violencias de género y las prácticas culturales nocivas, como la ablación o mutilación genital.
La bebé permanece en observación y a la espera del restablecimiento de derechos por parte del ICBF.
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La mutilación genital femenina puede provocar graves complicaciones a largo plazo, incluso la muerte. Entre los riesgos inmediatos están hemorragias, infecciones, retención de orina, dolor intenso, entre otros.
La ablación en Colombia
La ablación o curación -como es conocida en algunas comunidades indígenas- consiste en hacer un corte en el clítoris cuando se considera que es más grande de lo "normal" y suele realizarse en niñas de menos de 15 días de nacidas.
Según la antropóloga e investigadora Raquel González, la mutilación genital tiene tres dimensiones: la estética, por la que un clítoris es más "feo" que otro; la social, en la que, según su investigación, está la creencia que una mujer con el clítoris así tiene un deseo sexual muy frecuente y que si ese órgano es muy grande, en el futuro, se erectará como un pene; y la familiar, por que se dice que los hombres no toman como esposa a una mujer con un clítoris de esas características.
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"La ablación genital viola los principios de igualdad y de no discriminación por razones de género. Asimismo, atenta contra el derecho a no ser sometida a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes y vulnera el derecho a gozar del máximo nivel posible de salud": Unicef.
El tema de la ablación es casi un secreto entre parteras, muchas mujeres emberá chamí conocen sobre el procedimiento invasivo solamente cuando tienen su primera hija y solo se conocen de casos de mutilación y violación a los derechos de las niñas cuando hay emergencias médicas como la que llegó a Pereira esta semana o muertes, como la de dos bebés en 2007 que no resistieron las infecciones derivadas del procedimiento.
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En Colombia no hay cifras precisas sobre la ablación, precisamente porque es una práctica que no sale del entorno privado, sin embargo se estima que dos de cada tres mujeres chamí la han sufrido, de acuerdo con estimaciones a 2012 de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic.
Afortunadamente, en los últimos años varias parteras chamí se han declarado en contra de la ablación, gracias a unos acuerdos liderados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Onic y las autoridades indígenas para ponerle fin a la mutilación genital femenina en Colombia. Sin embargo, la evidencia muestra que aún hay trabajo por hacer.
La Procuraduría Regional de Risaralda abrió a una acción preventiva donde se ha requerido al ICBF y la Gobernación para el restablecimiento de los derechos de la menor de edad vulnerada.
