1.048 niños y niñas han sido atendidos por el ICBF por violencia y explotación sexual comercial en los últimos tres años

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, denunció que en “algunos barrios de Medellín” se ha normalizado la explotación sexual de niños y niñas. Tanto la capital antioqueña como la de Bolívar, Cartagena, parecen epicentros de este crimen que les roba la infancia y los proyectos de vida a decenas de menores. Sin embargo, los reflectores no han apuntado a otras zonas del país en donde la afectación a los derechos de los más vulnerables también ocurre en una escala preocupante.

El ICBF tiene un mecanismo de atención llamado Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (Pard) para atender a los niños y niñas víctimas de violencia de alguna clase. Este incluye acogimiento en hogares sustitutos, internados u otros y apoyo psicológico, entre otros servicios. No todos los casos de violencia sexual y explotación le llegan al instituto. Datos conocidos por este medio reflejan que el número parece quedarse corto ante la cantidad de casos. 

Entre 2021 y el 31 de marzo de 2024, en las 33 regionales y los 215 Centros Zonales adscritos a ellos en todo el país, 1.048 niños han sido ingresados a un Pard: 432 en 2021; 261 en 2022; 298 en 2023, y 57 en el año en curso.

Como se puede ver en la tabla a continuación, Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Bolívar y Caldas han tenido el mayor número de menores atendidos en ese periodo. 

Hay otra gran cantidad de menores víctimas de delitos sexuales que no ingresan a un Pard, pero que el ICBF también ha atendido. En noviembre de 2023, la Procuraduría reveló que, entre enero y el 31 de agosto de 2023, el ICBF había reportado 11.135 registros de casos. 

El Ministerio Público también reveló datos de la Estadística Delictiva de la Policía Nacional, que mostró que entre enero y agosto de ese año se registraron 8.295 delitos sexuales en contra de menores. De estos, 4.605 fueron contra niños y niñas y 3.690 contra adolescentes. Entre tanto, Medicina Legal informó de 12.899 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales en primera infancia, infancia y adolescencia. 

Estas cifras se pueden ver a la luz de casos recientes conocidos por el país: el pasado 15 de mayo, las autoridades capturaron a 185 personas involucradas en crímenes de este tipo en 11 departamentos del país. Un influenciador llamado Jeyboxing es uno de los vinculados al caso, cuyos registros incluyen actos sexuales con menores de 14 años y explotación sexual comercial. En abril, por su parte, fue capturado en Miami un estadounidense que había venido 45 veces a Colombia y ya había pactado el abuso de dos menores de 11 y 12 años. 

¿Qué consecuencias tiene?

Rosas asegura que los y las niñas víctimas de violencia sexual corren el riesgo de perpetrarla en el futuro o de entrar en relaciones violencias y abusivas. Así mismo, habla de la dificultad que tendrá la víctima para tejer relaciones interpersonales en el futuro.

“Una víctima de abuso sexual, una víctima de explotación sexual enfrenta traumas profundos, que pueden afectar su salud sexual, emocional y mental. En el momento subsiguiente a que la padece no solamente, sino también se perpetúa, más cuando es un menor de edad –explica Rosas–. Puede experimentar problemas de autoestima, estrés postraumático, depresiones y ansiedades”. 

Ángela Anzola de Toro, directora de la Fundación Plan, considera que el factor común entre todas las regiones en las que ocurre la violencia y explotación sexual de menores de edad es la normalización de la violencia. Incluso, lo relaciona con la recurrencia del matrimonio infantil, uno de los potenciadores de los abusos sexuales de las niñas y niños.

Para ella, las redes sociales también son un factor a tener en cuenta. “Los niños, niñas y adolescentes están muy expuestos y tienden a crecer en unos entornos que no funcionan como quisiéramos –lamenta Anzola.de Toro–. Los abordan con ofertas económicas a menores muy vulnerables y que son presa fácil”.

¿Cómo combatir este crimen?

Según la directora de la Fundación Plan, la responsabilidad no puede quedarse solo en el Gobierno o en grupos específicos. Es una tarea de toda la sociedad. Para ella, la educación es fundamental: “De los peores problemas del país es no tener educación integral en sexualidad. En este Gobierno, que prometía ser tan progresista, creo que no ha pasado nada en esa materia y hay mucho campo para avanzar todavía”.

Para Carolina Rosas, el Estado debe implementar una serie de medidas integrales y profundas para prevenir que ocurra, no solo actuar cuando los hechos ya pasaron. También, coincide en la importancia de la educación.

El ICBF le informó a CAMBIO que participa en distintas estrategias para abordar esas problemáticas. La primera y más clave es la Línea de Política Pública para la prevención y erradicación de la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), nacida (2018-2028) y que pretende unificar acciones entorno a este asunto.

La política pública incluye las acciones de las autoridades, gobiernos locales y nacional y otras entidades. Sin embargo, los factores de vulnerabilidad y la persistente afectación de los derechos de los y las menores de edad exponen que las medidas siguen siendo insuficientes. El foco de la atención se ha concentrado en dos ciudades capitales para un fenómeno que ocurre a los largo y ancho del país en distintas proporciones.