Crédito: Colprensa
Joven indígena embarazada fue víctima de trata con fines de explotación laboral: Corte confirma condena contra jefa maltratadora
- Noticia relacionada:
- Corte Suprema de Justicia
- Crimen
- Acoso laboral
- Justicia
En 2014 le ofrecieron trabajo a una joven de Mitú para desarrollar labores domésticas en Bogotá. Cuando llegó a la capital la encerraron, no le pagaron salario y le prohibieron contactarse con otras personas y familiares.
Por: Redacción Cambio
En enero de 2014, Erika Vargas Castillo, una joven indígena de la comunidad Carapana ubicada en Mitú, Vaupés, fue contactada para desarrollar labores domésticas en la ciudad de Bogotá para la abogada Claudia Maritza Castiblanco Parra.
A Vargas, de 18 años y en estado de embarazo, se le prometió una remuneración mensual de 250.000 pesos, que no eran ni la mitad del salario mínimo de 2014, que se establecía en 616.000 pesos.
Este fue el primer aviso del infierno que la esperaba en la capital colombiana. A la joven se le pagó el pasaje y con el pretexto de que se le daría techo y alimentación, la vincularon como empleada doméstica interna.
Ya en la vivienda que se le asignó, Vargas fue víctima de explotación laboral y esclavitud moderna. Se vio obligada a trabajar extenuantes jornadas desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, sin días de descanso.
También le prohibieron todo contacto con sus familiares y otras personas, y la mantenían encerrada bajo llave, privándola de su libertad. Además, nunca recibió remuneración alguna por los servicios que prestaba.
Según recopiló la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), a la joven le dijeron que no recibiría salario, pues este se usaba para cubrir los pasajes que se compraron para trasladarla de Mitú a Bogotá.
Todo este entramado criminal se extendió a usar la deuda como mecanismo de coerción para sostener la situación de explotación. Por ello, cuando rompió un elemento decorativo que costaba cinco millones de pesos, le dijeron que debía asumir con su salario el pago de ese producto. De tal forma que debía trabajar alrededor de dos años sin recibir ninguna contraprestación.
Erika logró escapar de esa terrible situación cuando consiguió comunicarse a escondidas con su hermano y pedirle ayuda. Cuando él se enteró de los hechos, pidió dirección de la residencia con los recibos públicos y así logró contactarse con la abogada Castiblanco.
El hombre le exigió que Erika fuera liberada, ya que no recibía un salario justo ni atención médica, pero la abogada se negó, por lo que el hermano insistió con la advertencia de involucrar a las autoridades. Finalmente, esta firme presión permitió que Erika pudiera abandonar esa vivienda donde era retenida contra su voluntad.
La joven indígena interpuso una denuncia ante las autoridades, lo que desencadenó un fallo histórico en Colombia el 19 de septiembre de 2018. El Juzgado 16 Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Bogotá declaró a Claudia Maritza Castiblanco Parra culpable del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
Esta fue la primera condena en el país por maltratar y explotar a una mujer indígena. Aunque la abogada apeló la sentencia, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena este lunes. Por ello, la abogada deberá cumplir una pena de 13 años de prisión.
"En las sociedades contemporáneas, la marginalidad, la pobreza y la exclusión, generan contextos y condiciones favorables a la cosificación e instrumentalización de seres humanos, especialmente, de aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables (i.e. mujeres, campesinos, indígenas, afrodescendientes), que los hace susceptibles a una amplia y diversa gama de escenarios de explotación, como el que se presenta también con el trabajo forzoso, la esclavitud y sus prácticas análogas", dijo la Corte.
