Las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado todavía no reciben justicia
La JEP anunció que abrirá el macrocaso 11, en el que abordará la violencia sexual y basada en género durante el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, las víctimas y las organizaciones que las acompañan han solicitado mayor celeridad en este proceso, pues, aseguran, es una violencia invisibilizada.
Por: Maria F. Fitzgerald
“A gritos exigimos que se tenga en cuenta nuestra verdad”, dice Mary Luz Chica Martínez, una mujer campesina que, a sus 20 años, fue secuestrada, abusada sexualmente y luego utilizada como escudo humano por un guerrillero de las Farc, en Argelia, Antioquia.
Durante una de las audiencias de observaciones a versiones del bloque noroccidental de las exFarc-EP, Mary Luz contó su testimonio por primera vez, 23 años después de que ocurrieran los hechos.
Fue durante una toma al pueblo, cuando la columna noroccidental de la extinta guerrilla llegó a Argelia y tomó a las mujeres más jóvenes para apartarlas. No fue solo Mary Luz: decenas de mujeres fueron abusadas sexualmente por sus secuestradores. Sin embargo, tanto ella como las demás guardaron silencio por años. Pensaron haber sido las únicas que sufrieron violencia sexual. Solo años más tarde, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, entendieron que no era así.
De acuerdo con las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), más de 16.000 personas, principalmente mujeres y disidencias de género, han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano.
Por eso, para Mary Luz fue especialmente impactante que la Justicia Especial para la Paz (JEP) no creara un macrocaso para reconocer a las víctimas de violencias basadas en género y violencia sexual. Desde entonces, ella y las demás víctimas de este delito han solicitado a la JEP que investigue estas prácticas y condene a los actores que las perpetraron.
Aunque la JEP anunció en julio del año pasado que la apertura del macrocaso (que sería el número 11) a la fecha no se ha iniciado investigación alguna para esclarecer las dimensiones de la violencia basada en género.
Para profundizar
“El 30 por ciento de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado son niñas o adolescentes”
El Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH determinó que entre 1959 y 2020, en Colombia 16.753 personas sufrieron violencia sexual y violencia basada en género. Entre ellas, el 61,8 por ciento de las víctimas de violencia sexual en el registro son mujeres. El 30,8 por ciento son niñas y adolescentes. Entre todas, representan el 92,6 por ciento del total de personas vulneradas.
Las mujeres afrodescendientes fueron las principales víctimas étnicas: “De las víctimas de violencia sexual con pertenencia étnica, el 87,36 por ciento corresponde a afrodescendientes, el 12,14 por ciento a indígenas, el 0,29 por ciento a palenqueras y el 0,21 por ciento a personas del pueblo gitano”.
Esta, además, fue una violencia que se extendió a personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas quienes, además de sufrir violencia sexual, fueron también víctimas de asesinatos selectivos, persecuciones, violencia física y violencia homicida: “Han sufrido distintos repertorios de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que buscan imponer un orden social en el que no tienen cabida las formas de vida que se apartan de la heterosexualidad”.
La Unidad de Víctimas tiene un registro mucho más alto: de acuerdo con ellos, hay más de 32.000 víctimas de violencias basadas en género durante el conflicto armado en Colombia. Según sus registros, el 90 por ciento son mujeres: “El acceso carnal violento representa el delito mayormente utilizado por los actores armados con un 55 por ciento de los casos (14.335). Otros delitos son actos sexuales violentos (851); esclavitud sexual (181); esterilización o aborto forzado (19) y prostitución forzada (25)”.
Dadas las dimensiones de esta violencia, tanto organizaciones de la sociedad civil, como la misma Comisión de la Verdad han insistido en la importancia de empezar a hacer no solo un registro, sino también un proceso de reparación y justicia para las miles de víctimas de las violencias basadas en género. A este llamado se unió más recientemente la Procuraduría, que en diciembre de 2022 le insistió a la JEP acelerar la conformación del macrocaso y darle prioridad a la investigación de estos hechos.
Para profundizar
¿En qué va el macro caso 11?
La JEP anunció hace dos semanas que se encontraba en etapa de recolección de la información y consolidación de los procesos, para iniciar las investigaciones correspondientes.
Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la organización que ha hecho acompañamiento a varias víctimas de esta violencia, entre ellas Mary Luz Chica, consideran que es más que urgente consolidar este macrocaso: “Es urgente que se comprenda el impacto de esta violencia para que la responsabilidad deje de estar en cabeza de las víctimas. Dado que ha sido una violencia invisibilizada, es importante que estos hechos sean reconocidos por parte de los frentes de las Farc y que empecemos a reparar a las víctimas de manera contundente”.
