Protocolos contra la violencia de género: una materia pendiente en las universidades

​A comienzos de diciembre del año pasado, Salomé Burbano, profesora de la Universidad Nacional publicó un video en las redes sociales en el que denunciaba haber sufrido violencia sexual a manos de Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle. De acuerdo con su relato, Pérez había abusado de ella en Cali, durante un encuentro ocasional, aprovechándose de que ella estaba pasada de tragos.

Una vez verificó que, efectivamente, había sido abusada, Salomé interpuso la denuncia ante la Fiscalía y Medicina Legal; pero cuando intentó que la Universidad del Valle también tomara medidas sobre el asunto, se encontró con una barrera enorme: “No hicieron ni el menor esfuerzo de intentar contactarme”. 

En teoría, la universidad ha debido ponerse al frente. El 25 de julio de 2022, el Ministerio de Educación emitió la resolución 014466 en la que exige a todas las universidades fijar lineamientos que prevengan, detecten y den atención a cualquier tipo de violencia, y a cualquier tipo de discriminación basada en género que involucre a miembros de su facultad o grupo de estudiantes. 

Un protocolo que no se usa

La resolución obliga a las instituciones educativas a brindar una intervención integral en el caso, que vele por los derechos de las víctimas, comenzando por la atención psicosocial prioritaria y el acompañamiento durante todo el proceso. La universidad también debe hacerse responsable de que el perpetrador entienda los efectos de su conducta, y dictar las sanciones pertinentes que la misma universidad establezca para esos casos. 

Pero nada de esto sucedió. “Me dejaron totalmente sola –dice–. Únicamente activaron los protocolos cuando vieron que la noticia se había viralizado por redes sociales”.

En pocas palabras, el protocolo consistió en admitir que Burbano había hecho una denuncia contra alguien de la Universidad. Sin embargo, no siguió el protocolo que la propia institución tiene dispuesto: no hubo acompañamiento primario a Salomé, no le dieron atención psicosocial, no la acompañaron a realizar la denuncia ante las autoridades pertinentes, y tampoco mediaron en el caso. Lo único que manifestaron las directivas a través de su cuenta de Twitter es que no tomarían ninguna determinación antes de que los jueces de la república se pronuncien sobre el caso. Mientras tanto, Pérez Bonfante continúa en el cargo. “Son protocolos hechos por hombres que no son capaces de entender a plenitud lo que implica este tipo de violencia”, asegura Salomé. 

Luz Ángela Gómez, investigadora feminista y defensora de derechos humanos, añade que lo común es que las universidades no asuman el asunto con la seriedad que requiere sino que, por el contrario, activen una persecución contra las mujeres que se atrevan a hablar. "Si el protocolo estuviera pensado para proteger a las víctimas, lo lógico sería retirar a la persona del cargo mientras se adelanta la investigación, sobre todo si se trata de una persona en un cargo de poder que tiene contacto con mujeres que pueden ser vulnerables". 

A raíz de la denuncia presentada por Salomé Burbano contra Luis Alberto Pérez Bonfante, el colectivo Ultravioleta, del comité estudiantil de género de la Universidad del Valle, inició una serie de acciones dentro y fuera del campus para exigir que Pérez fuera apartado de su cargo, por considerarlo un peligro para las estudiantes y otras mujeres que estén en el campus. Pero la universidad se sostuvo en lo que había publicado en Twitter: que la universidad se regiría por las investigaciones que adelanten la Fiscalía y la Procuraduría.

pic.twitter.com/7Wjs6gtGfL

— Univ. del Valle (@UnivalleCol) December 5, 2022

De acuerdo con las cifras de DeJusticia, sólo entre 2019 y 2020 se interpusieron 413 denuncias por acoso en las universidades. De ellas, 83 corresponden a acoso sexual. Hasta el momento, únicamente ha habido ocho sanciones: cuatro en la Universidad de Santander, dos en la Universidad Nacional y dos en la Universidad de los Andes. Mientras tanto, DeJusticia detectó que, de 44 universidades observadas, únicamente 16 tienen protocolos establecidos para enfrentar las violencias basadas en género. Las otras 28 o no tienen protocolo o se negaron a dar información. 

Un estudio interno adelantado por la Universidad Nacional sobre el primer semestre de 2022, que contó con más de 2.000 participantes, mostró que un 49 por ciento de los interrogados habían sufrido algún tipo de violencia basada en género desde que habían ingresado a la institución. En ese 49 por ciento, el 80 por ciento de las víctimas son mujeres. De acuerdo con el estudio, solo en ese semestre 89 personas reportaron haber sido víctimas de violación: 44 de aquellas violaciones ocurrieron bajo los efectos de alguna sustancia, y 45 ocurrieron con el uso de la fuerza. En cuanto a los agresores, un 66 por ciento fueron otros estudiantes, un 15 por ciento fueron desconocidos, un 13 por ciento fueron profesores y un 6 por ciento fueron trabajadores del campus. 

Si la justicia no actúa...

Diversas colectividades feministas han realizado protestas, escraches y acciones directas en universidades como la Nacional, el Valle y Antioquia, para hacer visibles los casos en los que profesores, estudiantes o directivos de la universidad son señalados por ser abusadores, o por haber ejercido violencia de género. Entre otras manifestaciones, han marcado las paredes con grafitis que cuentan los abusos. 

En octubre del año pasado, el colectivo feminista radical Acción Clandestina Policarpa Salavarrieta se tomó la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y señaló a 20 hombres, entre profesores y alumnos, que, de acuerdo con los miembros del colectivo feminista, habían abusado a estudiantes. Estas, sin embargo, no recibieron ningún tipo de acompañamiento como víctimas. La Universidad de Antioquia también tiene un protocolo para prevenir y acompañar estas violencias. Sin embargo, este colectivo aseguró que la misma universidad no lo está aplicando. 

De acuerdo con DeJusticia, la ausencia de medidas contra el abuso proviene del hecho de que quienes han adecuado los protocolos son, en su mayoría, hombres, pues en la mayoría de universidades los cargos directivos son ocupados por hombres. “Los protocolos son puramente punitivos, y, por eso mismo, difíciles de aplicar. Las mismas universidades terminan imitando los protocolos de la Fiscalía, y en eso se basan para tomar medidas”,  dice Luz Ángela Gómez, lo cual, para ella, no tiene ningún sentido: “Podríamos tomar ejemplo de universidades de otros países, como México, donde las acciones colectivas para prevenir las violencias basadas en género han llevado a crear distintos tipos de procesos reparativos para las víctimas y de sanción no punitiva para los victimarios. En cambio, en Colombia todos estos casos se llevan a estrados judiciales, lo que hace que se pierda el proceso de reparación que tendría que existir”. 

En este sentido, los protocolos exigidos por el Ministerio de Educación contemplan acciones pedagógicas, campañas de sensibilización y organización de eventos que permitan a alumnos, profesores y directivas comprender las consecuencias psicológicas, físicas y sociales de este tipo de violencia. Pero la realidad es que las universidades, en vez de poner el tema sobre el tapete, prefieren esconderlo o ignorarlo.

De victimario a víctima

Al verse señalado en redes, Pérez Bonfante publicó un comunicado en el que aseguró que iniciaría acciones legales contra Salomé por injuria y calumnia; y añadió que cualquier amenaza o atentado que sufriera él, sería culpa de Salomé. 

Desde hace poco, Salomé recibe distintos tipo de acompañamiento social, psicológico y jurídico, pero no precisamente por la Universidad del Valle. Mientras tanto, insiste en que es necesario que se vuelva a pensar qué hacer con la violencia basada en género para, al menos, disminuir el número de víctimas: “No podemos seguir siendo sujetos de la violencia patriarcal”.