Para darle vuelo al fondo contra la explotación sexual de la niñez, el ICBF espera el aval del... Ministerio de Transporte

Quienes circulan por las calles de Medellín, entre El Poblado, el Parque Lleras y el centro de la ciudad, pueden ver con facilidad un panorama que cada día se hace más común: las calles están llenas de niños, niñas y adolescentes expuestos a explotación sexual. Jazmín Santa, quien desde hace años pertenece a la Mesa interinstitucional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), ve el panorama crecer día a día, sin que ninguna institución proponga una solución.

Por pertenecer a la mesa contra el ESCNNA, que tiene una coordinación interinstitucional y tiene representación de la Alcaldía de Medellín, Santa se enteró de que el ICBF –se supone– administra un fondo que cada año crece en presupuesto: el Fondo contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este fondo, que fue creado en 2001 a la par con la ley que penaliza esta práctica en Colombia, está destinado a dar un manejo preventivo y de acciones reparativas para los menores de edad que hayan sido sometidos a este delito.

Sin embargo, ella no ha conseguido ver ese fondo en acción: “Tú vas a solicitarlo y te dicen que es de manejo exclusivo del ICBF. Pero también vas a buscar la intervención del ICBF en estos casos y no es nada efectiva. Entonces estamos quedando sin recursos, sin hogares de atención, sin procesos reparativos y sin procesos de prevención. Entonces, ¿para qué sirve ese fondo? Eso es lo que nos preguntamos”, asegura Santa.

Katherinne Jaramillo, de la ONG Valientes –que hace la misma labor de prevención y denuncia de este delito, pero en Bogotá–, intentó acudir al fondo para dar manejo a varios casos que recibió recientemente. La respuesta fue la misma. Pese a que ha escrito reiteradamente al Instituto para entender el uso del fondo, no ha conseguido respuesta.

La respuesta parece ser que ese fondo ha estado embolatado, desde 2017, en la burocracia.

El fondo que no tiene fondos

El fondo fue creado en 2001, con la Ley 679, que expidió el estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores; pero solo en 2017 fue reglamentado. Cuando se reglamentó, se creó a su vez el Comité Nacional Interinstitucional para ejecutar la Política Pública para prevenir y erradicar la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.

El objetivo de este comité, como su nombre lo indica, es el de crear estrategias interinstitucionales, haciendo uso del dinero de este fondo, para así combatir el delito de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes. Está conformado por representantes de 12 entidades: Ministerio del Trabajo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Justicia, Dane, Ministerio TIC y, por parte del ICBF, la Dirección de Niñez y Adolescencia, la Dirección de Protección, la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Restablecimiento de Derechos. También están involucrados el Ministerio de Transporte, Aeronáutica Civil y The International Air Transport Association (IATA), porque ellos, de acuerdo con la ley, también deben crear estrategias contra la trata de personas, en especial de la niños, niñas y adolescentes.

Pero ni siquiera la reglamentación le dio vía libre al fondo. Solo en 2022, pasó por fin a revisión de la Oficina Jurídica de la Presidencia, del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y del Ministerio de Hacienda. Y ahora espera el aval jurídico del Ministerio de Transporte. "Nosotros tenemos la esperanza de que, con el actual Gobierno, se puedan agilizar los avales y que finalmente logremos empezar a implementar una estrategia realmente efectiva para enfrentar este delito", aseguró a CAMBIO la directora del ICBF, Astrid Cáceres.

Tal y como sucede con muchas otras iniciativas, la ley y la reglamentación hablan de que el fondo será financiado a través de partidas presupuestarias ordenadas por el Gobierno, créditos obtenidos en el exterior y donaciones. Pero no hay especificación alguna de cómo se administrarán esos dineros. Solo ahora, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro dispone que el 5 por ciento de las ganancias generadas por ventas de contenido de entretenimiento para adultos, será destinado al fondo.

Así, los prestadores de este tipo de servicios tendrán que reportar sus ganancias al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), y el ministerio, a su vez, tendrá que enviar el dinero aportado al ICBF.

Mientras tanto, la atención sigue siendo ineficiente

¿En qué podría usarse el dinero? Las organizaciones nacionales e internacionales han pedido usarlo en campañas de prevención del delito, la atención preventiva a potenciales víctimas y el refuerzo de las estructuras de protección a menores, como primera medida. Además, el refuerzo a la atención urgente de casos reportados y procesos de refugio, además de atención psicosocial para los menores que hayan estado expuestos a este delito.

"Todas estas acciones serán más que necesarias para poder enfrentar de manera efectiva la explotación sexual que está siendo tan fuerte en nuestro país en la actualidad", asegura Cáceres.

“Por un lado, quienes deberían dar atención a los delitos usualmente no son capaces, ni siquiera, de reconocer el delito –asegura Jazmín Santa–. Recientemente reportamos que unas niñas indígenas estaban siendo explotadas en una casa en el centro de Medellín. Esperamos más de cuatro horas y no llegó nadie. Al día siguiente un policía se contactó con nosotros para decirnos que irían hasta la dirección, pero que no podían hacer mucho porque únicamente el ICBF puede atender el delito”.

Sin embargo, asegura Santa, el ICBF tampoco da una atención adecuada: “Usualmente, tanto en el Instituto, como en la Alcaldía de Medellín, no hay funcionarios competentes dando atención al tema. Es normal que estén allí por cuotas políticas, además de que normalmente les hacen contratos a tres meses nada más, con condiciones muy precarias”.

Y eso, dice ella, que en Medellín sí existe una mesa interinstitucional de atención a este delito. En el resto del país, no. Katherinne Jaramillo señala que la falta de acciones efectivas entre instituciones lleva a que el delito pase muy inadvertido y que, por supuesto, atenderlo sea más difícil.

En Bogotá, durante la alcaldía de Petro, se creó el único refugio para víctimas de ESCNNA, a través del IDIPRON. Este programa funcionó y es el único lugar al que, desde la ONG Valientes, han logrado remitir a menores para que sean atendidos. Sin embargo, dice Jaramillo, aún no es suficiente. Por ello, lo que solicitan tanto al Gobierno, como al ICBF, es que este plan se extienda al resto del país.

Dice Jaramillo que lo mínimo sería una inversión en refugios y en funcionarios competentes que sepan, realmente, dar atención a los casos de ESCNNA de acuerdo con la modalidad del mismo delito: “No es lo mismo una persona menor de edad víctima de ESCNNA en contextos de prostitución a una víctima en medios digitales. Es importante que se invierta un alto porcentaje en investigación y esta sea investigación aplicada para poder crear proyectos preventivos eficaces y eficientes. Quienes están detrás de este ‘negocio’ son redes que están actualizadas, que conocen en dónde están las niñas, niños y adolescentes”, asegura.

Adicionalmente, considera que poder acceder al fondo de prevención ayudaría, ampliamente, a combatir el delito que, de otra forma, seguirá creciendo en Colombia: “No podemos derrotar un delito que se enmarca en el tercer negocio ilícito más rentable en el mundo sin dinero. Por eso este fondo es tan importante para el país, la niñez y la adolescencia”.