Vientres en alquiler: una forma de trata de personas no tipificada en Colombia
El alquiler de vientres es una práctica cada vez más extendida en Colombia, sobre todo entre extranjeros, a quienes el procedimiento les sale mucho más económico que en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, las organizaciones que velan por las víctimas de la trata de personas piden regular esta práctica, pues pone en riesgo las vidas de las madres gestantes y atenta contra la dignidad de los bebés.
Por: Maria F. Fitzgerald
Cuando Katherine Jaramillo, directora de Valientes, una organización que vela por la protección de víctimas de trata de personas en el país, recibió la llamada, no supo qué hacer. La encargada de un hotel de Bogotá, al otro lado de la línea, denunciaba que dos hombres jóvenes, estadounidenses, se habían registrado con un recién nacido que no tenía documentación. No tenían un acta de adopción, tampoco un registro de nacimiento que mostrara quiénes eran sus padres. Solamente, cargaban un certificado de nacido vivo. Nada más. La empleada del hotel preguntaba qué debía hacer. Lo malo es que Katherine tampoco lo sabía: “Llamamos a la Policía, a la Fiscalía y al ICBF, para saber si era posible hacer alguna intervención. Al final, nos dijeron que no podían hacer nada, pues no era una práctica ilegal".
El alquiler de vientres en Colombia se ha convertido en un negocio del que tanto personas individuales, como agencias, están sacando provecho. Aunque en otros países es considerada una práctica que encaja dentro de las descripciones de la trata de personas, en Colombia el vacío legal y la falta de regulación ha llevado a que este sea uno de los principales destinos para llevar a cabo este procedimiento.
Cómo funciona esta industria en el país
Es tan sencillo como buscar en Facebook. Al ingresar las palabras “alquiler de vientre Colombia”, aparecen varias publicaciones y grupos en los que se ofrece el servicio. Una agencia en particular, ofrece un plan de reclutamiento para mujeres que deseen alquilar sus vientres: les ofrecen un pago de dos millones de pesos mensuales por cada mes del embarazo, más un pago final de 15 millones cuando entreguen al bebé. También les ofrecen otra forma de pago: un millón y medio de pesos mensuales, y al final un pago por 21 millones de pesos.
Además, ofrecen pagar por las citas médicas, el acompañamiento psicológico, acompañamiento de abogados, permitir que la madre elija el tipo de parto que desea tener y entregar el bebé únicamente a parejas extranjeras. Al final, exigen que la candidata tenga entre 18 y 42 años, que ya haya tenido al menos un hijo sin complicaciones, y máximo 4 hijos en total. Exigen, también, que no haya tenido más de dos cesáreas.
Entre las páginas, también es posible encontrar personas que buscan hacer el alquiler de manera directa, ofreciendo montos alrededor de los 10 y 15 millones de pesos. “El tema con toda esta industria es que en Colombia ninguno de estos procedimientos es ilegal. Por eso mismo, llevar un registro de los casos, o ver qué es lo que está pasando, se dificulta mucho”, asegura Katherine Jaramillo, de Valientes.
Un artículo publicado recientemente en El País señala que, como los procesos de alquiler de vientres no tienen ningún tipo de regulación en Colombia, se ha creado una red de corrupción que incluye notarías que expiden documentos ilegales. “Las clínicas de vientres de alquiler pagan también a los médicos para que el nombre que aparezca sea el de los padres que compraron al bebé, y no el de la mujer que acaba de tener el parto. Todo el negocio está bien atado”, denuncia el artículo.
Las páginas de redes sociales promocionan abiertamente el alquiler de vientres en Colombia. Lo que más destacan son dos cosas: que el vientre es de una mujer colombiana y que los precios son mucho más accesibles que en otras zonas del mundo. Así, estas páginas prometen lograr que las parejas puedan ser felices y, finalmente, formar sus familias.
Para profundizar
Lo que en Colombia es legal, en otros países es trata de personas
“Es una industria que en Colombia se ha fortalecido, justamente por la falta de leyes que rodeen a las posibles víctimas. Por ello, cada vez es más común encontrar casos en los que a las mujeres les roban a los bebés sin recibir ninguna remuneración. También hemos visto que cada vez se alquilan vientres a precios más económicos, pues la oferta cada vez es mayor”, asegura Betty Sánchez, directora de Espacios de Mujer, otra ONG enfocada en acompañar a víctimas de trata y explotación sexual.
Para Sánchez y Jaramillo es urgente que Colombia regule esta práctica. Principalmente porque, en otros países, se ha tipificado como un delito que promueve la trata de personas. Sánchez señala que, lamentablemente, los bebés que son vendidos no son tomados únicamente para formar familias: “Se ha sabido internacionalmente que, en ocasiones, los bebés son llevados a explotación sexual, incluso para tráfico de órganos. Esa es una práctica usual a nivel global que por supuesto se facilita por la falta de regulación y seguimiento que hacen las autoridades colombianas”.
En Colombia se han presentado al Congreso al menos 16 proyectos de ley que buscan regular la práctica. El último de ellos fue promovido por el Centro Democrático. Sin embargo, todos han sido hundidos en primer debate.
El ICBF publicó un informe en el que se cuestionan los vacíos legales que existen para las madres biológicas y la posible desprotección a las que pueden estar sometidas. Más allá de estos hechos, y de algunas tutelas que otorgaron licencias de maternidad a madres que alquilaron los vientres de otras mujeres, la ley colombiana no ha cuestionado la práctica.
Para Jaramillo es urgente atender e intervenir las agencias, clínicas y todas las instituciones que promueven el alquiler de vientres en el país: “Es aterradora la manera en la que se ha comprendido esta práctica. A todas luces es la puerta para muchos delitos. Sin embargo, poco o nada se hace al respecto”.
