Habría fotomultas hasta en las patrullas de Policía: la resolución que el Gobierno alista obligado por la Justicia
Un fallo judicial del Consejo de Estado obligó al Gobierno a reglamentar el uso de fotomultas para detectar vehículos sin SOAT. El borrador ya circula y suma patrullas de la Policía y cámaras de peajes. ¿Habrá más vigilancia?
Casi la mitad de los carros y motos en Colombia circulan sin SOAT vigente. Esa cifra, que el propio Estado reconoce, es la que ahora empujará al Gobierno a poner cámaras en las patrullas de la Policía y en los peajes de la Nación. El artículo que lo exigía ya existía desde 2023, pero el Ministerio de Transporte lo dejó sin reglamentar durante casi tres años.
Se trata de una acción de cumplimiento, la herramienta judicial que obliga al Estado a hacer lo que una ley ya le ordena. La demanda llegó primero al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que falló en septiembre de 2025, dos años después de aprobada la ley. El Consejo de Estado confirmó la decisión el 5 de febrero de 2026 y le dio al Ministerio de Transporte seis meses de plazo.
Patrullas en movimiento y cámaras de peajes: lo que cambia
El cambio está en un proyecto de resolución que el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) redactaron de forma conjunta y que sustituiría por completo la reglamentación vigente sobre fotomultas.
Hoy la norma prohíbe usar fotomultas en vehículos en movimiento, salvo control aéreo como cámaras en drones o aeronaves de la Policía. El borrador agrega una segunda excepción: las patrullas terrestres de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) podrán detectar, mientras circulan por vías nacionales, la falta de SOAT, la técnico-mecánica vencida y el exceso de velocidad.
La otra novedad está en los peajes. Las cámaras de las vías a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) ya existen, pero no se usan para multar. El proyecto las incorpora al sistema: esas entidades deberán reportar sus equipos disponibles, y las autoridades de tránsito podrán pedir usar esa información para detectar infracciones.
Un sistema que el propio Gobierno admite que no funciona
El respaldo técnico de esta resolución es un informe de la Dirección de Infraestructura y Vehículos de la ANSV, que hace un balance del sistema actual. Las cifras que da no son alentadoras: solo el 44,1 por ciento de los puntos solicitados fueron aprobados entre 2020 y 2025. El 24,6 por ciento de las solicitudes se cancelaron por fallas de las autoridades de tránsito al radicarlas, y otro 24,7 por ciento fue rechazado directamente por la ANSV.
El trámite tampoco cumple sus propios plazos. La norma vigente le da a la ANSV 45 días hábiles para decidir sobre una solicitud, pero en la práctica, el proceso completo incluyendo el tiempo que tardan las autoridades locales en responder, toma en promedio 107 días calendario, más del doble de lo previsto.
Hay otro dato preocupante y es que el 61,2 por ciento de los puntos ya autorizados nunca reportó formalmente cuándo empezó a operar. Sin ese reporte, la ANSV no tiene forma de verificar si esas cámaras realmente están funcionando ni de medir su impacto en la accidentalidad.
El otro vacío del sistema: ¿Qué pasa si una fotomulta cumple sus cinco años?
El problema no son solo los trámites lentos, también es que la ley dice que toda fotomulta autorizada dura cinco años, pero nunca se escribió qué pasos seguir para renovarla cuando ese plazo se cumple.
Ese hueco quedó al descubierto desde noviembre de 2024, cuando un grupo grande de las fotomultas más antiguas del país, autorizadas por el Ministerio de Transporte antes de que esa función pasara a la ANSV, cumplieron sus cinco años casi al mismo tiempo. Sin un trámite de renovación definido, la Agencia tuvo que improvisar, entonces sacó una circular a finales de 2024 apoyándose en una norma genérica de 2012, pensada para prorrogar cualquier trámite del Estado que se quedara sin reglas, no para este caso puntual.
Este nuevo proyecto de resolución busca resolver eso creando un procedimiento formal de renovación, con plazos y requisitos definidos para que las fotomultas que cumplan sus cinco años dejen de depender de circulares de emergencia.
El texto aún está en consulta pública y no tiene fecha definida de expedición. Según el texto, una vez firmado entraría a regir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, pero las nuevas reglas solo empezarían a aplicarse seis meses después.
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