La crítica de la democracia en Colombia: Laureano Gómez y el marxismo

Colombia, desde la independencia, trató de organizar un sistema político democrático y liberal. Solamente Laureano Gómez y los teóricos marxistas, en el siglo XX, consideraron que la democracia no permitía resolver los problemas nacionales. Estas críticas, sin embargo, han perdido fuerza, y hoy casi todos los colombianos apoyan alguna forma de democracia. 

Este texto revisa algunos de los argumentos de Gómez, y sostiene que su apoyo a un pacto de convivencia entre liberales y conservadores, a las formas restrictivas y limitadas de democracia establecidas por el Frente Nacional, contribuyó en forma decisiva, después de 1958, a consolidar el sistema liberal en Colombia. 

Los colonos españoles y sus descendientes criollos establecieron desde 1810 una república independiente, en la que los propietarios y los grupos educados dominaban la mayoría de la población. Estos grupos se dividieron entre liberales, que creían que había que promover la participación política de toda la población, y los que pensaban que debía mantenerse la tradición colonial de una sociedad jerarquizada y apoyada en las verdades de la religión: los conservadores. Esta división llevó al enfrentamiento entre ambos partidos, muchas veces violento, y produjo una sociedad inestable y llena de odios.

Durante la Colonia, el régimen político de la Nueva Granada se apoyó en la visión social tradicional española, según la cual reyes y autoridades habían recibido la autoridad de Dios, confirmada por los pontífices, sus agentes en la Tierra. La tradición política española incluía elementos consensuales, que limitaban el poder del monarca: el Estado se conformaba por acuerdo entre el rey y los grupos de poder, la nobleza y las oligarquías urbanas.

Los colonos defendieron sus derechos, alegando que estos no podían ser desconocidos por la corona. Para el siglo XVIII, estos derechos estaban consolidados en un acuerdo general que señalaba los límites de la autoridad real. Los Borbones, desde 1700, buscaron reformar el orden colonial para mejorar la extracción de recursos, establecer nuevos impuestos y hacer más eficiente su recolección, que incluía el reemplazo de mucho funcionario criollo por españoles, lo que –pensaban los colonos– desconocía el sentido del pacto colonial. Los intentos del visitador Gutiérrez de Piñeres en este sentido provocaron, en 1781, la revuelta de los ‘comuneros’, que invocaron las tradiciones para defender el consenso tradicional entre el rey y sus súbditos.

A esta visión se opuso, en el siglo XVIII, la concepción ilustrada, influida por pensadores como Hobbes o Rousseau. Para estos, el Estado surgía de una necesidad creada por la esencia humana. Los hombres encontraban que sin Estado no podían proteger sus derechos básicos, como la propiedad, y establecían el Estado para que los protegiera. Para Rousseau, el Estado de naturaleza, igualitario y justo, había sido alterado por la propiedad privada, que creaba desigualdad y violencia. El orden político buscaba frenar este daño mediante la educación o el poder de la autoridad, señalando los derechos humanos fundamentales que debían estar protegidos.

La revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos alegaron el derecho de formar estados que garantizaran los derechos fundamentales y en Francia, en 1791, la revolución aprobó una declaración de derechos humanos. En la Nueva Granada, Antonio Nariño tradujo y divulgó la declaración francesa, y fue procesado y encarcelado por ello. Para Nariño no había contradicción entre los derechos del hombre surgidos del contrato social y la tradición española. Con ocasión de la detención del rey por el ejército francés en 1809, los criollos, sobre todo con base en un documento de Camilo Torres, alegaron que como descendientes de los conquistadores tenían derecho a asumir el gobierno. En 1810 se establecieron Juntas de Gobierno autónomas donde el pueblo, compuesto por propietarios de tierras con ‘casa poblada’, asumía sus derechos.

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Especial Imaginar la Democracia

En el siglo XIX, el orden político se estableció con estos argumentos. Los liberales adoptaron las ideas revolucionarias, pensando usar el Estado para ampliar la representación mediante la educación y la liberación de esclavos. Los conservadores preferían mantener las jerarquías tradicionales y el respeto a la religión, que definía la verdad última de las afirmaciones políticas. Ambos partidos estaban dirigidos por grupos tradicionales de propietarios. En 1853, los liberales aprobaron el sufragio universal masculino para las elecciones de presidente y congresistas. La crisis de las artesanías populares por las importaciones llevó a conflictos que culminaron en 1854 con el gobierno militar de Melo, quien prometió protección aduanera. Las elites se unieron para derrocarlo y frenar la movilización popular, y a partir de este momento definieron un acuerdo que dejaba a los poderes locales establecer el gobierno de cada región sin interferencia central. El federalismo se convirtió entre 1857 y 1886 en la base de la organización política, inestable y violenta. 

Hacia 1880, el desencanto con los resultados de la independencia condujo a un nuevo acuerdo, a una nueva alianza encabezada por Rafael Núñez y Migue Antonio Caro, que llevó a la ‘Regeneración’ en 1886. Los regeneradores defendían el centralismo para evitar la violencia regional y un Estado apoyado en ideas religiosas, para lo cual firmaron un concordato con Roma en 1887. Aunque el gobierno fue autoritario, mantuvo una retórica de convivencia, y después de la guerra de los mil días y la pérdida de Panamá, el acuerdo de tolerancia se impuso.

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Gómez también insistió en que la adopción de las ideas liberales, especialmente del federalismo, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, había sido prematura y sin bases suficientes, siendo en esencia el resultado de una conspiración masónica o comunista

Los gobiernos ‘republicanos’, entre 1910 y 1914, buscaron garantizar derechos políticos a ambos partidos y promover el desarrollo económico. Los gobiernos conservadores hasta 1930 compartieron el poder con las elites liberales. Se amplió la educación popular y se reconocieron derechos políticos como la representación obligatoria de las minorías, y sociales como la sindicalización, los convenios colectivos y la jornada laboral limitada.

De este modo, el país logró un acuerdo básico que se mantuvo después de 1930. En ese año, los liberales ganaron la elección presidencial por la división del conservatismo. La aceptación del sistema electoral como base de legitimidad se había impuesto y los conservadores entregaron el poder al elegido, Enrique Olaya Herrera, primer presidente liberal en décadas. El liberalismo en el poder acentuó los énfasis sociales del Estado, nombrando también ministros conservadores en un gobierno de ‘concentración nacional’. Sin embargo, al intensificar su política de educación popular y de separación de la iglesia, que incluyó la nacionalización de colegios religiosos y el establecimiento del matrimonio civil, entró en conflicto con el conservatismo de Laureano Gómez.

El gobierno realizó reformas constitucionales en 1936 y 1945 que eliminaron la apelación a la religión de la Constitución y aumentaron el poder estatal para intervenir en la economía, definiendo la propiedad como ‘función social’. Aunque en la práctica las políticas no produjeron grandes choques, en lo conceptual liberales y conservadores se distanciaron: para los conservadores, lo importante era restablecer el orden y la defensa de la religión, mientras los liberales buscaban dar espacio a los movimientos populares que surgían en ciudades y zonas rurales.

En este contexto, Laureano Gómez revivió varias de las críticas contra el liberalismo ilustrado, revivido por la ‘revolución en marcha’. Atacó los argumentos básicos en favor de la democracia, sosteniendo que era una ilusión liberal apoyada en la aceptación servil de la cultura ilustrada francesa y norteamericana, muy distinta de la española, que era la nuestra, en el mito del voto popular y en la ilusión de que podía encontrarse la verdad por la participación de todos los hombres y como efecto de ‘la mitad más uno’. Inspirado en los nuevos desarrollos en Portugal y España, revivió la idea de Bolívar y algunos conservadores del siglo XIX, defendida también en 1902 por el liberal Rafael Uribe Uribe, de contrapesar el peso popular de la cámara con un senado corporativo. Además, insistió en que la adopción de las ideas liberales, especialmente del federalismo, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, había sido prematura y sin bases suficientes, siendo en esencia el resultado de una conspiración masónica o comunista.

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Laureano Gómez atacó los argumentos básicos en favor de la democracia, sosteniendo que era una ilusión liberal apoyada en la aceptación servil de la cultura ilustrada francesa y norteamericana, muy distinta de la española, que era la nuestra

En 1946, nuevamente el partido de oposición ganó las elecciones, ante la división del partido de gobierno. Junto al liberalismo tradicional surgió una corriente que recogía la inquietud popular por los cambios económicos y la pobreza urbana. Dirigida por Jorge Eliécer Gaitán, fue imponiendo la representación de la sociedad como dividida entre ‘oligarquía’ y ‘pueblo’, este último una víctima de negocios y manipulaciones oligárquicas con apoyo estatal. Esta visión acercaba a las masas liberales y conservadoras de las ciudades, y en el campo se reflejaba en grupos de campesinos que buscaban obtener tierras mediante una distribución más justa de baldíos públicos y lograr derechos como aparceros en las haciendas.

Hasta este año, las confrontaciones electorales, como fuente de legitimidad, producían un sistema de cacicazgos donde los votantes de pequeños poblados eran organizados por los dirigentes políticos ‘alfabetas’, mientras en las capitales provinciales estos conformaban las estructuras dirigentes de ambos partidos. Los dirigentes locales movilizaban a la población, que a veces entraba en confrontaciones violentas con ciudadanos del partido opuesto. Para los dirigentes políticos, el acceso al poder exigía ganar las elecciones, aunque fuera con mecanismos fraudulentos, como ocurrió en 1922 y volvió a pasar en varias elecciones bajo el gobierno liberal. Por ello, la ‘abstención electoral’ se convirtió en la forma más fuerte de acusación de ilegitimidad política. 

En 1948, Gaitán fue asesinado, y su muerte produjo la rebelión popular en varias ciudades: las masas enfurecidas destruyeron almacenes y propiedades, y atacaron símbolos del gobierno, del conservatismo y la religión. Esto llevó al gobierno a acentuar su política de unión nacional, nombrando nuevamente ministros liberales. Sin embargo, no logró convencer a este partido de que la elección de 1950 sería limpia: el conservatismo alegaba que estos, al establecer la cédula de ciudadanía, habían expedido más de un millón y medio de cédulas falsas. En respuesta, las autoridades conservadoras actuaban con violencia en zonas rurales, quemando pueblos y persiguiendo a los políticos liberales locales.

Pronto los liberales formaron grupos armados, ‘guerrillas’, que enfrentaban la violencia policial y militar de las autoridades municipales conservadoras. La violencia se fue extendiendo y, en 1949, en elecciones presidenciales adelantadas, la mayoría la obtuvo Laureano Gómez. Su gobierno, iniciado en agosto de 1950, combinó intentos de negociación con medidas represivas y promovió una reforma constitucional que eliminaría, de acuerdo con las críticas que había hecho en los años anteriores, las bases liberales del orden democrático. Buscó además el apoyo de Estados Unidos, al ver la agitación liberal como derivación de la estrategia comunista internacional. Sus intentos fracasaron y, en 1953, el jefe del Ejército, Gustavo Rojas Pinilla, tomó el poder. Laureano Gómez se exilió en España, mientras el gobierno militar buscaba establecer un poder fuerte. Sin embargo, la dictadura fue una continuación de los aspectos autoritarios del gobierno conservador, aunque mantuvo la Asamblea Constitucional establecida en 1951.

La reforma constitucional había sido orientada por Gómez. Su crítica al liberalismo rechazaba su fundamento democrático. Consideraba que el sufragio implicaba una visión igualitaria de la población que no tenía bases reales, pues ignoraba las jerarquías y las diferencias de capacidad entre los grupos sociales. La mitad más uno no garantizaba ninguna verdad, y había que volver a la verdad religiosa y los principios fundamentales. Gómez no tenía en cuenta que en una democracia liberal se compite para escoger a los más hábiles e ilustrados: aunque la verdad no surge de la mayoría simple, el sufragio permite seleccionar a los políticos más capaces, que buscan la aceptación de los votantes.

Su visión histórica buscaba reconocer el aporte español a la cultura colombiana y mantener el peso de la tradición colonial, que había consolidado el poder de un grupo culto y poderoso, opuesto al ‘ignaro e inepto vulgo’. Por esto, el eje de su propuesta de reforma constitucional, presentada en 1953, fue la idea bolivariana del establecimiento de un senado corporativo, como se había hecho en Portugal y España, que sirviera de contrapeso a la cámara. En él tendrían representación diversos sectores de la sociedad: la iglesia con sus obispos, los rectores universitarios, los dirigentes gremiales y sindicales, los que saben. Así, mientras las elecciones presidenciales y de cámara daban peso al voto popular, el congreso corporativo permitiría reconocer las jerarquías sociales.

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Su visión histórica buscaba reconocer el aporte español a la cultura colombiana y mantener el peso de la tradición colonial, que había consolidado el poder de un grupo culto y poderoso, opuesto al 'ignaro e inepto vulgo'

La dictadura militar de Rojas enfrentó la oposición muy fuerte de las elites empresariales y políticas, y el caudillo cedió a un paro cívico en 1958 que tuvo un gran apoyo popular, y abandonó el poder. La Junta Militar que quedó a cargo del gobierno, siguiendo las recomendaciones de Laureano Gómez y Alberto Lleras, que habían firmado un pacto en 1956, citó a un plebiscito que recogía el acuerdo entre los máximos dirigentes del conservatismo y el liberalismo. Este pacto abandonaba la idea de cambiar el carácter popular del senado, pero establecía limitaciones significativas a la democracia: entre 1958 y 1974, los cuatro gobiernos tendrían presidentes alternos de ambos partidos, mientras que el congreso, el sistema judicial y los órganos electivos regionales serían paritarios entre liberales y conservadores.

El sistema propuesto por Lleras y Gómez constituyó un intento exitoso de conservar las estructuras representativas esenciales y de bloquear nuevas tendencias, pero incluyó algunos elementos democráticos: las mujeres confirmaron su derecho al voto y se destinó el 10 por ciento del presupuesto nacional a la educación. Los electores fueron perdiendo, durante su vigencia, el vínculo emocional con los partidos, excepto donde las guerrillas producían enfrentamientos armados. En 1970, en una elección que muchos consideraron fraudulenta, el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, casi fue derrotado por Rojas Pinilla, y ganó por el peso del voto rural conservador.

Los gobiernos del Frente Nacional, y los que siguieron entre 1974 y 1990, establecieron un sistema de consenso que representaba el ideal empresarial de un Estado promotor del desarrollo económico. La gestión de recursos fue manejada por tecnocracias universitarias que contribuyeron a una administración ortodoxa y más bien eficiente. Desde 1970 se impulsó el desarrollo urbano mediante vivienda social, que reemplazó los barrios de invasión, y crecieron los fondos públicos para la inversión industrial, consolidando empresas como Ecopetrol, que se sumaron a fondos privados cada vez más grandes. Además, se promovieron algunos elementos de desarrollo social y económico popular, como sistemas de salud, de subsidios y de educación, que más o menos funcionaron. 

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El sistema propuesto por Lleras y Gómez constituyó un intento exitoso de conservar las estructuras representativas esenciales y de bloquear nuevas tendencias, pero incluyó algunos elementos democráticos: las mujeres confirmaron su derecho al voto y se destinó el 10 por ciento del presupuesto nacional a la educación

La respuesta del gobierno a la guerrilla, que sostenía que el régimen democrático liberal debía ser reemplazado por el socialismo, fue ambigua. Por una parte, promovió los ataques militares a las zonas guerrilleras, sobre todo después de 1964 a Marquetalia. Estos ataques se acompañaron, después de 1978, con el apoyo semi-ilegal a grupos armados financiados por particulares, lo que se legalizó en 1994 con las Convivir como grupos paramilitares. Desde el gobierno de Julio César Turbay se facilitó la persecución judicial de activistas radicales (Estatuto de Seguridad), mientras se buscaba la negociación, especialmente bajo Belisario Betancur, quien veía la guerrilla como respuesta a injusticias reales que requerían tanto acciones militares como reformas sociales.

Con estas negociaciones se llegó al pacto que permitió a Virgilio Barco, en 1990, convocar una Asamblea Constituyente con participación de grupos armados desmovilizados. La Constitución de 1991 debilitó el peso de los partidos tradicionales mediante un nuevo sistema electoral, creó un sistema de descentralización de recursos y amplió significativamente la protección de derechos humanos. Este proceso golpeó al mismo tiempo la crítica laureanista y la marxista del régimen, que desde entonces es aceptado en términos generales por los electores, aunque sea criticado por su alta violencia y su gran corrupción, así como por el mantenimiento de una desigualdad social y política radical: el poder sigue en manos de la elite empresarial y política y el pueblo es atraído por los mecanismos ya tradicionales del clientelismo: medios de comunicación, redes sociales y pequeños favores a los votantes. 

Desde entonces, los grupos radicales consideraron posible ganar el poder por vía electoral mediante acuerdos con el gobierno. Las negociaciones produjeron desencantos, pero durante el gobierno de Álvaro Uribe, los golpes a las guerrillas, especialmente a las Farc, llevaron a que este grupo apoyara un proceso que culminó en 2016 con la firma de un convenio de paz con el presidente Juan Manuel Santos. Aunque el acuerdo debió modificarse al no lograr apoyo en el plebiscito, siguió debilitando el respaldo ciudadano a la guerrilla.

Para 2022, tras un gobierno poco imaginativo, fue elegido el candidato del Pacto Histórico (PH), un antiguo guerrillero con un programa de cambio social que buscaba consolidar los mecanismos de compensación de la desigualdad, especialmente los subsidios, y los sistemas estatales de regulación laboral, educación y salud. El PH planteó además un modelo de desarrollo económico ambientalista que generó rechazo empresarial. Aunque su proyecto tiene más afinidades con los programas liberales de desarrollo social que los comunistas, la opinión empresarial lo presentó como próximo al comunismo, a pesar de que su lenguaje político, más que en el clasismo, se apoya en la invocación identitaria de las minorías étnicas y sociales, en su cercanía con la población de la calle y ‘el territorio’. 

Hoy se enfrentan dos proyectos políticos principales: uno orientado por gremios y empresarios que confía en el liberalismo, la inversión privada y la gestión estatal, y otro de los sobrevivientes del proyecto radical de izquierda. Los proyectos son similares, pues buscan ampliar la producción y reducir las injusticias sociales, y podrían alternarse en el poder. Lo fundamental para ello es mantener el orden democrático, y es claro que ningún partido ha abandonado la fundamentación democrática del sistema. Por eso, puede concluirse que, a pesar de las críticas de Laureano Gómez y de los ideólogos marxistas, el modelo democrático se impuso finalmente en Colombia y no va a cambiar pronto. A menos que, lo que es casi imposible, reciba el rechazo de la mitad más uno.

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Hoy se enfrentan dos proyectos políticos principales: uno orientado por gremios y empresarios que confía en el liberalismo, la inversión privada y la gestión estatal, y otro de los sobrevivientes del proyecto radical de izquierda