Centros Poblados: Emilio Tapia quiere devolver lo que se robó, pero no en plata.

“Este ministerio, mientras yo sea ministro, no va a recibir ni lotes, ni casas, ni antenas, ni nada. Si ellos quieren reparar a las víctimas, que en este caso son todos los colombianos, lo único que vamos a recibir es la plata”. Con esta declaración el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, acabó de tajo con el trabajo que por meses adelantó la Fiscalía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que Emilio Tapia y Luis Fernando Duque, cabezas del robó de los 70.000 millones de Centros Poblados, repararan con algo al Estado y a la sociedad colombiana.

Y es que han pasado más de dos años y medio desde que estalló el escándalo de corrupción. Las cabezas del tumbe están identificadas y en su mayoría presos, pero la plata no se ha recuperado. Las autoridades solo han rescatado 3.300 millones de pesos y cada día que pasa las posibilidades de recuperarla son menores. De ahí que, sin mucha bulla, se venía trabajando en un camino poco convencional: la justicia restaurativa, un instrumento consignado en el Código de Procedimiento Penal, que se inscribe en el plano de las soluciones amistosas y con el cual se avanzaba en una propuesta de mediación hasta el pasado 16 de mayo, cuando Lizcano dio un golpe en la mesa y tumbó el tablero.

CAMBIO conoció la propuesta de mediación que llevaron los corruptos contratistas Emilio Tapia y Luis Fernando Duque ante el consultorio jurídico de la Universidad Libre en la que expusieron sus compromisos para reparar a Colombia. En el documento reconocen haber recibido un anticipo de más de 70.243 millones de pesos mediante dos giros, y admiten que entre los dos se robaron poco menos de 15.245 millones de pesos de la siguiente manera: Tapia se quedó con 6.182 millones, y Duque con 9.062 millones. El resto del dinero, según señalan, fue utilizado para la compra de equipos por 55.000 millones de pesos. Equipos que están en manos de la Dian y que podrían ser puestos al servicio de los ciudadanos si se reconoce el camino de la justicia restaurativa.