Mataron civiles y manipularon sus cuerpos: esta es la conclusión de la Fiscalía sobre el operativo militar en El Remanso, Putumayo.

Ha pasado un año y cinco meses desde el día en que el Ejército ejecutó un dudoso operativo militar en la vereda Alto Remanso, Putumayo, en el que indígenas y campesinos de Colombia, Ecuador y Perú realizaban un animado bazar comunitario. Despuntando la madrugada del tercer día de fiesta, un grupo de 24 soldados asaltó el lugar y presentó como resultado "la baja de 11 integrantes de las disidencias”. El operativo contó con el respaldo del entonces presidente Iván Duque, de su ministro de Defensa, Diego Molano, y del comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, quienes lo defendieron públicamente a capa y espada. Sin embargo, para la Fiscalía hoy no cabe duda de que allí hubo una grave violación a los derechos humanos.

La tesis de la Fiscalía confirma la investigación conjunta realizada por CAMBIO, El Espectador y Vorágine, en la que se denunció que ese 28 de marzo el operativo contra alias Bruno, jefe de los Comandos de la Frontera, terminó en una masacre en la que el Ejército asesinó a varios civiles y manipuló sus cuerpos para hacerlos pasar por guerrilleros con los mismos artificios de los falsos positivos. Desde entonces, la Fiscalía desplegó un equipo interdisciplinario que contó con expertos balísticos, médicos forenses, topógrafos y fiscales de la Unidad de Derechos Humanos. El material recogido, según pudo constatar CAMBIO, revela que el gobernador indígena Pablo Paduro murió como consecuencia de un tiro de fusil disparado por uno de los uniformados y que el arma que se encontró cerca de su cuerpo nunca fue accionada ni manipulada por él, sino que le fue plantada con el ánimo de desviar la investigación. Además, existe una evidencia incontestable: los muertos son 11 y las armas encontradas son cinco, al menos 6 de ellos no tenían cómo disparar contra el Ejército. 

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El gobernador indígena Pablo Paduro murió como consecuencia de un tiro de fusil disparado por uno de los uniformados y el arma que se encontró cerca a su cuerpo nunca fue accionada ni manipulada por él, por lo que le habría sido implantada con el ánimo de desviar la investigación

La indagación también concluyó que por la cantidad de licor que habían ingerido varias de las personas que resultaron muertas, entre ellas Paduro, es inverosímil que hubieran tomado parte en un combate con los miembros del Ejército. Y más bien que, en su condición, estaban en estado de indefensión y limitados en sus capacidades motoras. En esta condición también murieron el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández y su esposa embarazada Ana María Sarrias. Este y otros elementos de la investigación hacen parte del escrito de imputación que la Fiscalía presentará en la audiencia en la que les formulará cargos por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en el grado de tentativa contra los 25 uniformados que realizaron el operativo -incluyendo al teniente coronel Néstor Andrés Cadena que estaba al mando pero no estuvo en el terreno-. Para todos ellos pedirán detención intramural.

La audiencia de imputación estaba programada para los primeros días de agosto, pero, en una inesperada decisión, el juez 106 de Instrucción Penal Militar de Puerto Leguízamo aceptó la solicitud de los abogados de los uniformados y envió el proceso a la Corte Constitucional para que dirimiera una colisión de competencia. La decisión del juez ha sido criticada porque un mes después del operativo, en mayo de 2022, la misma Justicia Penal Militar envió el proceso a la Fiscalía por sostener que las posibles violaciones de los derechos humanos no podían considerarse actos del servicio. Incluso, el pasado 21 de julio, el propio fiscal Luis Alfonso Cabezas, que adelanta la indagación, consideró que “sería un exabrupto jurídico” enviar el expediente a la Corte Constitucional pues la jurisprudencia establece que una acción de esta naturaleza es de competencia de la justicia ordinaria. Hoy el expediente espera en la Corte para que tome una decisión antes de que se venzan los términos procesales.
 

Lo que dice el director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía 

El fiscal Hugo Tovar, director especializado contra las violaciones de los derechos humanos y coordinador de la investigación, habló con CAMBIO sobre los avances del caso y los elementos que les permitieron solicitar la audiencia de imputación contra los integrantes del Ejército. 

“Encontramos una escena con varios cuerpos de personas que habían muerto en desarrollo de la operación. Reconstruimos la escena con un equipo interdisciplinario compuesto por expertos balísticos, médicos forenses y topógrafos, entre otros. Recogimos testimonios de quienes se encontraban en ese momento en El Remanso. Y, como los cuerpos también hablan, hicimos un ejercicio muy serio para establecer desde dónde se habrían hecho los disparos que derivaron en la muerte de las once personas. Con ese trabajo logramos saber que los disparos no venían de un solo lugar, sino de dos lugares diferentes. Lo que permite saber que el Ejército realizó una maniobra envolvente, disparando desde dos puntos opuestos”, detalló el fiscal

Durante el diálogo con CAMBIO, Tovar Pérez fue enfático y reiterativo en que no podía referirse a detalles de la investigación hasta que no se realice la audiencia de imputación. “Tenemos avances sustanciales en la investigación, pero para no ponerla en riesgo solo hablaremos de los detalles el día del descubrimiento probatorio en las audiencias correspondientes”, expresó. Al ser preguntado sobre los casos en que murieron Paduro, Divier y Ana María Sarrias contestó: “No voy hablar de ningún caso. No puedo violar la reserva. Solo puedo decir que entre los muertos hubo civiles”.

En lo que sí se extendió Tovar fue en los elementos generales de la investigación y de cómo llegaron a una conclusión: “Recogimos muchas vainillas y se cotejaron con los fusiles que portaron los integrantes del Ejército. Esto nos permitirá saber a quiénes pertenecían los proyectiles. Un elemento determinante en esta investigación fue la obtención de muestras biológicas, como por ejemplo, las practicadas a las manchas de sangre que encontramos en las armas. Con esto establecimos quién accionó las armas encontradas, y si pertenecían a las personas que resultaron muertas. Lo hicimos, porque desde el principio se dijo que los muertos eran integrantes de un grupo armado, entonces la Fiscalía se dedicó a confirmar o descartar esa hipótesis”

Y aunque es poco lo que el fiscal puede declarar, para él es claro que existió una grave violación a los derechos humanos, sustentada en que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y una violación al principio de distinción. “El resultado es claro: hubo víctimas civiles. Había un bazar en el que, si bien había integrantes de grupos armados, la mayoría del personal era civil”, refirió el investigador.

Sobre las posibles alteraciones de la escena expresó: “Encontramos que los cuerpos no conservaban la posición natural post mortem, lo que indica que eventualmente habrían sido manipulados. Aquí lo esencial ha sido establecer si esa manipulación corresponde a la intención de salvaguardar el cuerpo en los casos en que el río amenazaba con arrastrarlos, como explicaron los integrantes del Ejército. Esto es una explicación plausible en algunos casos. No en todos. No puedo dar nombres ni detalles, porque viciaría la investigación y atentaría contra el juicioso trabajo que hizo el equipo forense. Todas las pruebas que soportan la hipótesis de la Fiscalía se conocerán el día de la imputación, por lo que le pido a los medios y al país un poco de paciencia para no poner en riesgo la justicia en este caso”.

En ese sentido, el fiscal Tovar explicó que “el derecho internacional humanitario (DIH) tiene unos principios rectores: la proporcionalidad de la fuerza, la distinción entre combatientes y civiles. Esos principios obligan a los integrantes de la fuerza pública a medir la proporcionalidad de su accionar y saber hasta qué punto es necesario iniciar un operativo militar cuando están en riesgo bienes y personas civiles. Por esto es mandatorio que los miembros de la fuerza pública hagan un test de proporcionalidad y ponderen los riesgos. Esto se los enseñan desde la academia a los soldados profesionales”.

Se refiere exactamente a que la Fiscalía determinó que “tras el primer disparo del tirador de alta precisión se presenta una acción de disparos que trae como consecuencia la muerte de once personas, igualmente, resultan cinco personas heridas (un soldado profesional y cuatro civiles). La acción de disparos y sus trayectorias permiten demostrar que sí había presencia de presuntos miembros del GAOR E-48, y también que se presentó vulneración a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución que gobiernan el DIH, en el que estaba enmarcada dicha Operación Táctica Militar”.

En palabras de Tovar la conclusión es clara: “La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación en contra de los integrantes del Ejército Nacional, toda vez que la investigación arrojó responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos”. Aún así el trabajo del ente acusador no ha terminado, falta que la Corte dirima el conflicto de competencias y que en audiencia pueda probar la hipótesis de lo ocurrido. Pero, además, el fiscal Tovar también aseguró que la indagación continúa en busca de establecer si existen otras personas involucradas en esta irregular operación militar.

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“La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación en contra de los integrantes del Ejército Nacional, toda vez que la investigación arrojó responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos”

“Esta es una primera parte del proceso. Con seguridad habrá una ruptura procesal, que continuará en indagación con el mismo fiscal, y ahondaremos en otras tesis para determinar si hubo responsabilidades de otras personas. La primera parte, que conduce a esta imputación, es contra los autores materiales. La segunda, indagará sobre si por línea de mando hay otras personas y funcionarios de más alto nivel que puedan tener responsabilidades”.

Ahora el proceso está suspendido y a la espera de que la Corte Constitucional defina el conflicto de competencias. Los tiempos corren y el fantasma del vencimiento de términos acecha el trabajo de los investigadores. Con un ingrediente adicional: tanto el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un grupo de ocho congresistas de ese país tiene los ojos puestos en la investigación, en parte, porque la unidad que ejecutó el operativo recibe apoyo militar norteamericano.

La verdad sobre el operativo militar del Alto Remanso, en Putumayo, parece encontrar su curso, y confirmar lo que pocos días después de los hechos contó la alianza periodística: que entre las personas asesinadas por el Ejército ese día había varios civiles, que sus cuerpos fueron manipulados y que el positivo que con bombos y platillos anunció el expresidente Duque, en realidad era una masacre y un falso positivo.