Por la muerte de 56 reclusos en Tuluá, guardias de Inpec irán a juicio disciplinario

El 27 de junio de 2022, se desató un incendio en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, que acabó el día siguiente, cobrando la vida de 56 personas alojadas en el pabellón 8 de la penitenciaría, mientras que otras 24 resultaron heridas. Según testigos, el incendio tuvo origen en un motín entre reclusos, agravado por la presunta intervención de los guardias, quienes lanzaron una lata de gases que contribuyó a la propagación del fuego.

Según conoció CAMBIO, la riña fue entre Andrés Pulgarín González, fallecido en el incendio, y José Fernando Millán, ambos pertenecientes a la banda La Inmaculada y quienes se disputaban el control y el tráfico de drogas dentro de la cárcel.

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La Procuraduría presentó pliego de cargos contra el exdirector de la cárcel, Arley Fernández Torres, y tres guardias del Inpec, "por presuntas irregularidades en el manejo de los disturbios que desembocaron en un feroz incendio, que segó la vida de 56 personas privadas de la libertad".

Tras llevar a cabo investigaciones, el Ministerio Público determinó que "el director del penal y los guardianes encargados de la seguridad de ese sector de la cárcel no habrían tomado las medidas necesarias para evitar que los reclusos tuvieran en su poder armas contundentes, cortopunzantes, encendedores y otros elementos prohibidos que contribuyeron al descontrol de la situación".

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Asimismo, se sostiene que los componentes de los gases lacrimógenos utilizados por los guardias para dispersar el motín habrían facilitado la expansión del fuego en el pabellón 8 de la penitenciaría.

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"Las pruebas de campo realizadas nos permitieron evidenciar que el efecto propelente (aerosol) que tienen los componentes de la granada lacrimógena utilizada el día de los hechos para expulsar el agente químico o gas CS, sirvió como multiplicador del fuego producido por las colchonetas que previamente habían sido encendidas presuntamente por el personal privado de la libertad", concluyó la Procuraduría.

Adicionalmente, se señala que el exdirector de la cárcel no respondió a tiempo al llamado de evacuación de los reclusos, adoptando la medida cuando ya era demasiado tarde y el fuego había alcanzado dimensiones incontrolables.

Así las cosas, los cargos imputados a Arley Fernández Torres y a los tres guardias del Inpec están relacionados con la presunta omisión de sus funciones al no haber adoptado y ejecutado las medidas necesarias para la adecuada custodia y vigilancia de las personas al interior del establecimiento, velando por su integridad, seguridad y respeto de sus derechos, según explicó el Ministerio Público.