¿Por qué Miguel Ángel del Río pide investigar la “inducción al suicidio” del coronel Óscar Dávila?

Mientras la vicefiscal Martha Mancera revelaba que las pesquisas sobre la muerte del coronel Óscar Darío Dávila Torres, jefe de las avanzadas de seguridad del presidente de la república, mostraban que se trataba de un suicidio, el abogado Miguel Ángel del Río, a quien el coronel le alcanzó a pagar 50 millones de pesos para que lo defendiera ante un eventual proceso penal, trinó que el policía se había suicidado por presiones de la Fiscalía. En una carta que envió el abogado sobre por qué no asistiría a una declaración quedaron consignados los argumentos.

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El abogado no menciona el delito de inducción al suicidio sino que le pide a la Fiscalía investigar si las supuestas afirmaciones del funcionario judicial pudieron enmarcarse en un delito.

“De la misma forma, el coronel me manifestó la inminente preocupación que lo abordaba, especialmente por unas afirmaciones realizadas por un funcionario de la Fiscalía identificado como Juan Carlos Pinzón, quien durante la inspección realizada al piso 13 del edificio de la Dian el día 06 de junio de 2023, le manifestó al coronel Dávila que por esta investigación “iban a derramar sangre”, además del abrumador impacto que esto generaría en su familia. Por esta afirmación, se le solicita formalmente a la Fiscalía General de la Nación se INVESTIGUE sobre las manifestaciones realizadas por el funcionario de la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Oscar Dávila con la finalidad de verificar la existencia de la comisión de algún delito”, dice la petición del abogado Del Río.

Además de hacer esa petición, Del Río cuenta que el jueves 8 de junio de 2023 se reunió por una única vez con el coronel Dávila Torres en el hotel La Fontana, en la ciudad de Bogotá, “como quiera el señor coronel me había solicitado una consulta a efectos de que pudiera representarlo ante una eventual captura por parte de la Fiscalía, debido a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en relación a las interceptaciones y polígrafos realizados a la empleada de la señora Laura Sarabia. En dicha reunión se hicieron presentes los señores Yeferson Fabian Tocarruncho Parra y Wadith Miguel Velásquez García en calidad de investigadores adjuntos a mi oficina de abogados”.

Ahí, dice el abogado, se organizó una propuesta jurídica y económica al interesado a efectos de formalizar su defensa. En esa reunión es que el coronel le había contado sobre la supuesta afirmación hecha por un funcionario de la Fiscalía en el sentido de que “iban a derramar sangre”.

Después, dice Del Río, en la mañana el 9 de junio, el coronel Dávila solicitó al investigador Velásquez García que se le permitiera un espacio de 10 minutos para tratar asuntos relativos a la representación y generar el pago de algunos anticipos de honorarios fijados el día anterior. Entonces, se realizaron dos reuniones ese día en las que, dice el abogado, “siempre estuvo presente uno de los abogados de mi oficina jurídica, el señor Wadys Miguel Velásquez Zea”.

Los encuentros de ese viernes 9 de junio entre el coronel, el investigador Wadith Velásquez García y el abogado Wadys Velásquez, tuvieron una duración –según Del Río– de aproximadamente 30 minutos, “toda vez que, como se mencionó, eran encuentros solicitados por el coronel Óscar Dávila a efectos de ultimar algunos detalles de la contratación y pago de anticipos de honorarios”.

En la última reunión, cuenta Del Río, se programó una cita con el coronel Dávila para el sábado 10 de junio a las 10:00 de la mañana, “a efectos de continuar con la elaboración de la estrategia jurídica a adoptar. Reunión que por obvias razones no pudo realizarse”.

Después de esa última reunión del viernes 9 de junio, el coronel habría ido rumbo a la vivienda de un familiar y luego a su lugar de residencia donde, finalmente, se quitó la vida con el arma de dotación de su conductor.

El abogado Del Río enfatiza en que solo se reunió con él el jueves 8 de junio por “la solicitud elevada por el mismo funcionario para que se ejerciera por parte de mi oficina de abogados la representación de sus intereses ante una eventual captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento”.

Finalmente, con esta carta, el abogado manifiesta que no puede declarar sobre lo que habló con el coronel porque la información suministrada se encuentra amparada en las excepciones constitucionales al deber de declarar, especialmente por la relación de abogado con cliente.