La carga de la prueba 

CAMBIO conoció la declaración de un patrullero de la Policía que para el momento del hurto era el jefe del puesto fijo de vigilancia destacado en el edificio donde vive Laura Sarabia. Según el testimonio del uniformado, la maleta que llevaron a la casa de la entonces jefa de Gabinete era tan pesada que él tuvo que ayudarle a la teniente a subirla al apartamento. El policía sostiene que la oficial tuvo que alzar la carga con sus dos manos. Su declaración dice textualmente:

“Cuando yo veo la camioneta, el patrullero Bonilla que estaba de turno conmigo, me dice que ahí llegó mi Teniente SANDY entonces como no sabía quién era la oficial decidimos ir a la camioneta a presentarme como jefe de servicio en el momento, cuando llego a la camioneta mi Teniente no está, estaba en la administración, pasados unos minutos ella regresa y me le presento, hablamos respecto al servicio que se está presentando en el edificio y me manifestó que la administradora estaba contenta por la presencia de nosotros, de un momento a otro ella nos solicita que uno de los dos la acompañemos a subir una maleta al apartamento, mi Teniente SANDY va a la parte de atrás de la camioneta y ella toma la maleta y la baja de la camioneta, en ese momento veo que ella sujeta la maleta con las dos manos, pues hizo bastante fuerza para sostenerla, inmediatamente le digo venga mi Teniente yo le colaboro a cargar la maleta y ella me la entrega, en ese momento caminamos unos cuatro o cinco pasos, el conductor la llama y le dice que suba un termo que también era para el apartamento, luego continuamos hacia el ascensor, pedimos el piso 13, ingresamos al mismo, nos encontramos con un trabajador que venia del sótano, llegamos al piso 13 donde queda el apartamento, me bajo con mi Teniente SANDY y le entrego la maleta, el trabajador sigue porque va para el piso 19, ella timbra se escucha la empleada preguntar quién es, mi teniente se le identifica la señora abre la puerta y la observo con un niño de brazos alzados, la saludo y mi teniente ingresa al apartamento, mientras yo la espero”.

Los investigadores de la Fiscalía están convencidos de que 7.000 dólares no pesan tanto, lo cual es cierto. Y por esa razón piensan que en la maleta podía haber una cantidad mucho mayor, lo cual por ahora es especulativo porque hasta el momento nadie ha afirmado que el único contenido fuera dinero en efectivo.

Por ahora, la Fiscalía no cuenta con más testigos que hablen de la cantidad que iba en la maleta. En esa línea de investigación, ya escucharon a Marelbys Meza quien asegura no haberse robado el dinero, a pesar de que una de las interceptaciones ilegales hablan de un hurto, de que reprobó el polígrafo y de tener el antecedente de otro polígrafo perdido en junio del año pasado cuando se perdió otra plata en efectivo de la casa de su entonces patrón, el embajador Armando Benedetti.

El próximo martes 20 de junio está citado Harold Rondón, conductor de la UNP asignado a Sarabia. Ese mismo día irán a la Fiscalía la subintendente Luisa Calle, del esquema de seguridad de Sarabia, y el abogado Andrés Parra, esposo de la exjefa de Gabinete. Dos días después, también deberá acudir a la Fiscalía Laura Sarabia.

Todo empezó el 29 de enero pasado cuando Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, se percató de la desaparición de una suma aún no establecida que había dejado dentro de una maleta en su casa. Ese maletín, que acabó desatando un tsunami político, llevaba dos días sobre una silla, lugar en el que fue puesto por una teniente y un patrullero que trabajaban en la seguridad de la ahora exfuncionaria. Según fuentes consultadas por CAMBIO, en ese momento Sarabia le habría pedido ayuda al teniente coronel Carlos Feria, jefe para la protección presidencial, para dar con los responsables del hurto. Esa solicitud marcaría el inicio de una cacería para encontrar a los culpables.

La operación se puso en marcha. Lo primero fue el polígrafo, un procedimiento que algunos encontraron inconveniente y abusivo. Otros, estiman que se trató de una declaración voluntaria y un proceder justificado en el contexto de la seguridad presidencial. Sin embargo, cuando el país supo que existieron chuzadas ilegales de por medio, el rumbo de la historia cambió. A ese hecho, en ninguna circunstancia, se le puede encontrar justificación. El escándalo cobró la vida del coronel Óscar Darío Dávila Torres, jefe de las avanzadas de seguridad del presidente de la república, y uno de los investigados por el uso del polígrafo y las chuzadas a las empleadas de Sarabia. La Fiscalía ya trabaja en 6 frentes distintos.

El escándalo estalló el 27 de mayo cuando Semana reveló que la niñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, había sido “sometida” a la prueba del polígrafo. En entrevista con el mismo medio, Marelbys dijo que tuvo que hacerlo por la presión que ejercieron en su contra. “Usted es una ladrona, mentirosa, usted puede engañar a esta máquina pero a nosotros no, de aquí va derechito a la cárcel’”, dijo Marelbys que fueron algunos de los tratos que recibió ese día por parte de uniformados de la Policía. No obstante, en apartes conocidos en exclusiva por CAMBIO de la prueba realizada en el edificio Galán, se puede ver que Marelbys leyó por seis minutos el documento de consentimiento antes de firmarlo. Así mismo, se observa que los funcionarios le dicen claramente que se trata de una prueba voluntaria y que no está obligada a someterse a ella. Marelbys Meza no fue la única persona sometida al polígrafo. Esta prueba también se le practicó a miembros de su esquema de seguridad. La controversia estriba en el propósito de la diligencia: el interrogatorio se limitó a preguntar por el robo y no por asuntos relacionados con la seguridad de Sarabia o del presidente Petro. Por esa razón, la Fiscalía desestima totalmente el argumento de la seguridad presidencial como justificación para someter al polígrafo a una particular que nada tiene que ver en el día a día con el mandatario ni tiene acceso regular a él.

El mismo día de la prueba del detector de mentiras, Laura Sarabia puso una denuncia formal por hurto en la Fiscalía. Para muchos esta es una prueba de buena fé porque si fuera un dinero con origen oscuro nadie lo declararía en una denuncia ante la Fiscalía. Como sea casi en simultánea, los números de los celulares de Marelbys y de la empleada de Laura Sarabia aparecieron misteriosamente en un informe de policía judicial y fueron colados, señalando a estas mujeres de ser presuntas integrantes del Clan del Golfo en Chocó.

Cuando CAMBIO reveló la existencia de las chuzadas, el fiscal Francisco Barbosa citó una conferencia de prensa donde confirmó la información y agregó: “Un informe de fuente no formal señala que Marelbys Meza es la cocinera de alias Siopas y dice que esta señora vive en el corregimiento de Tagachí, que es en Chocó, y que es la encargada de cocinarle a uno de los anillos de seguridad”.

Sobre ese episodio la Fiscalía inició dos líneas de investigación: el polígrafo y las chuzadas.

Acerca del presunto uso irregular del polígrafo al servicio de la Presidencia de la República fueron citados a interrogatorio oficiales que trabajan en Palacio, encabezados por el coronel Carlos Alberto Feria, jefe para la protección presidencial.

En las últimas horas el abogado Marlon Díaz Ortega se presentó públicamente como el apoderado del coronel Feria y manifestó que el oficial está dispuesto a comparecer ante la Fiscalía y las autoridades judiciales “por el presunto uso irregular del polígrafo de la Presidencia de la República y por los supuestos delitos de abuso de autoridad y peculado por uso”. El comunicado no dice una sola palabra acerca de las chuzadas. Las diligencias están previstas para el próximo miércoles 21 de junio.

El escándalo ha adquirido dimensiones que volvieron el polígrafo casi una anécdota menor. La Fiscalía avanza rápidamente en las investigaciones por las chuzadas ilegales. Por ahora, los fiscales tratan de determinar quién le dio la orden a uniformados de la Dijín de la Policía para que colaran los números telefónicos de las dos mujeres. Las hipótesis de investigación apuntan a que el coronel Feria le habría pedido al coronel Óscar Dávila que buscara ayuda en la Dijín para colar los números y que esa solicitud fue entendida como una orden. Según esa línea, ninguno de los subalternos en Chocó habría sido capaz de negar una solicitud proveniente del coronel más cercano al presidente Gustavo Petro.

En esa línea de investigación no solo están en la mira de la justicia los investigadores que construyeron el informe de Policía Judicial sino también la eventual responsabilidad de los coroneles Feria, Dávila y un mayor y un coronel de la Dijín que, presuntamente, estuvieron enterados del ilícito. La Fiscalía citó a interrogatorio al patrullero que solicitó la interceptación ilegal de las mujeres en la investigación contra el Clan del Golfo y a los dos patrulleros de la Dijín que pidieron interceptar a ambas mujeres en la investigación que llevaban por el hurto del dinero de Sarabia. Los tres guardaron silencio.

No fueron los únicos que tomaron esa decisión. El pasado jueves, también fue citado a interrogatorio el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, quien era el jefe del patrullero del informe del Chocó. Aunque los fiscales esperaban que contara lo que sabía sobre la elaboración del informe de Policía Judicial, el uniformado también guardó silencio.

El patrullero del Chocó y el capitán Correa Loaiza comparten abogado. El encargado de defenderlos es Miguel Ángel del Río, quien ha estado en medio del escándalo desde el primer momento como férreo defensor de que las chuzadas ilegales fueron un entrampamiento de la Fiscalía. Según su hipótesis, el patrullero consignó los números de las mujeres porque así se los dio una “fuente no formal” en la que confiaba, la cual, hacía parte de la estructura del Clan del Golfo y que ya había entregado antes información sobre el grupo criminal. Asegura el abogado que tiene pruebas para demostrar que tres días después de estar interceptadas le pidieron al fiscal del caso que cancelaran las líneas porque no estaban relacionadas con los motivos fundados para la interceptación, pero solo las cancelaron una semana después. Las mujeres fueron escuchadas durante diez días.

Para los investigadores del caso, la hipótesis es una “desfachatez”. Según una fuente del proceso, el fiscal pudo haber faltado a su deber de verificar los datos entregados en el informe de Policía Judicial, pero no estuvo relacionado con el plan para colar los números.

frase-destacada

“Normalmente, un fiscal cree en los informes que construye su Policía Judicial y con base a ellos, simplemente, les da órdenes. Claro que debe responder por sus omisiones, pero no quiere decir que haga parte del plan criminal”, dicen las fuentes.

Esas dos hipótesis se enfrentarán en un posible juicio y será un juez de conocimiento el que determine cuál es la verdad. Por ahora, los fiscales se enfrentan al mayor obstáculo: nadie quiere hablar y hay mucho miedo, sobre todo, después de la muerte del coronel Dávila. Diez días después de su muerte no se sabe si fue un suicidio o un homicidio.

Fuentes de CAMBIO confirmaron que la hipótesis se inclina a que fue un suicidio. Incluso, los fiscales del caso trabajan minuciosamente para determinar cuáles fueron sus últimos movimientos.

Según las fuentes, el coronel salió de la Casa de Nariño sobre las 3:30 de la tarde del viernes 9 de junio. Por ahora se sabe que se comunicó con la periodista Sylvia Charry de CAMBIO a las 4:17 de la tarde, dos horas antes de quitarse la vida. En una comunicación en la que no se le ve mayor preocupación el coronel respondió “Primero que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no. Eso sí me da pena contigo porque, hum, mejor dicho, me acaban”.

Según fuentes de este medio, en ese momento el coronel llegaba a una reunión con el sargento (r) Wadith Velásquez, que hace parte del equipo investigador del abogado Miguel Ángel del Río y que está procesado por chuzadas ilegales a otros policías. En esa cita, el coronel Dávila le dio al investigador los últimos 20 millones de pesos con los que sellaba el negocio para que el abogado lo defendiera. El monto total entregado fueron 50 millones de pesos. Después de la reunión, el coronel se habría ido directo a su casa ubicada frente al búnker de la Fiscalía, en el occidente de Bogotá, y ahí, hizo una llamada a las 6:13 de la tarde a la periodista de CAMBIO, la cual, no fue contestada. Minutos después, según la versión de su conductor, se suicidó frente a él. Los investigadores están haciendo un análisis a la sábana de su teléfono celular para determinar qué otras personas tuvieron contacto el coronel.

Sobre la muerte del coronel Dávila, la Fiscalía citó a declaración juramentada al abogado Miguel Ángel del Rio que fue uno de los primeros en informar a través de su cuenta de Twitter que el coronel se había suicidado con su arma de dotación y también, al coronel Carlos Feria, que era el superior de Dávila y con quien habló el día de su muerte. El abogado decidió no acudir a la diligencia y el coronel Feria pidió aplazamiento. En todo caso, según lo informó la Fiscalía, esta semana se conocerán los primeros resultados de las pesquisas.

La cacería que –aparentemente- emprendieron uniformados de la Policía para dar con los responsables del hurto a Sarabia ha llevado a todo menos a encontrarlos. Han pasado casi cinco meses y el dinero no aparece. En esa línea de investigación, la Fiscalía cuenta con una declaración que le daría fuerza a la hipótesis de que en la maleta había más dinero que los 4.000 dólares denunciados por Sarabia que luego aumentó públicamente a 7.000.

Por ahora, hay preguntas pendientes ¿Cuál es la cantidad real del dinero perdido? ¿De quién era el dinero? ¿Por qué hicieron semejante cacería si se trataba de 7.000 dólares? ¿Quién ordenó colar los números de las sospechosas del hurto en una investigación contra integrantes del Clan del Golfo? ¿La orden se dio como un favor para Presidencia? ¿El coronel Dávila se suicidó o lo mataron? Todas las preguntas deberán ser resueltas por los fiscales que investigan el caso.