El guerrillero Carlos Antonio Lozada, ahora senador por el partido Comunes bajo su nombre de bautizo Julián Gallo, ingresó a las FARC tras haber sido apresado en el paro de transportadores de 1978. Así lo relató la periodista Juanita Vélez en su libro Una guerra después, en el que cuenta la historia de los protagonistas del conflicto tras el acuerdo de paz. Vélez cuenta que Gallo era un muchacho de clase media que ante la quiebra de su padre dejó de estudiar en tercero de bachillerato y se enlistó en el Partido Comunista Colombiano. Desde la sala de su casa, Gallo presenció la conformación de marchas y movimientos sociales de protesta por años, de ahí pasó a la cárcel y después a las FARC.
Esta semana el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá condenó a cuatro personas por varios delitos, incluyendo terrorismo, por cuenta de sus actuaciones en la generación de desmadres en el marco del pasado paro nacional. El fallo señala que los condenados crearon grupos de Whatsapp, desde los que incitaron entre manifestantes acciones violentas e intentaron reclutar gente para unirse a las disidencias de las FARC.
La primicia la soltó Caracol Radio, que tituló: “Disidencias Farc estuvieron detrás de los desórdenes del 21 N de 2019”. No sé si en el medio de comunicación leyeron una versión diferente de la decisión, pero en ningún lugar se atribuye a esas cuatro personas los “desórdenes” del #21N. Se reconoce, sí, que los condenados aprovecharon el descontento social para intentar generar violencia y caos. Eso no los hace responsables de un paro nacional y las centenares de expresiones que tuvo a lo largo del país.
Inmediatamente reaccionó la derecha malintencionada y predecible, para hacer de la decisión todo lo que no era. Resaltó, en un reñido concurso de ceguera e indolencia, el trino de la exsecretaria de gabinete de Palacio María Paula Correa, quien afirmó sin sonrojarse: “Queda comprobado que el mal llamado estallido social no fue más que una toma guerrillera! (sic)”.
Es el sector que se rehúsa a entender que en Colombia el 39 % del país vive en la pobreza mientras que el 15 % lo hace en la pobreza extrema; que el desempleo está en 13 %; que el acceso a la salud, educación, justicia y tantas otras garantías estatales está reservado para un sector privilegiado y minoritario. Uno de los lugares más desiguales del mundo, el país donde la injusticia es marca registrada.
Son los mismos que se tapan los ojos para negar que el paro nacional fue la expresión orgánica de un pueblo desesperado, hambreado y silenciado. Tanto la ONU como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentaron que la mayoría de violaciones a los derechos humanos provinieron de la fuerza pública en su actuar desmedido contra los manifestantes.
Entonces pueden repetir hasta el cansancio sus consignas de club social bogotano, pero la verdad incontrovertible es que el estallido social fue real, orgánico y justificado. Claro que semejante suceso social sería aprovechado por grupos armados y mercaderes del caos. Cuatro infiltrados de las disidencias de las FARC, o los que hubiesen sido, no desdicen de un movimiento social que sigue vivo y que volverá a estallar sin importar quien quiera instrumentalizarlo.
Precisamente invalidar el paro es la ecuación mental que lleva a muchos jóvenes a considerar la lucha armada. Ante un Estado indolente que no cumple sus promesas de vida digna para muchos, la gente sale a quejarse, y cuando lo hace enfrenta el bolillo represor, la cárcel, la estigmatización. Y no se trata de justificar la lucha armada en Colombia, se trata de entender cómo se alimenta, de empatizar con la cantidad de muchachos que engordan sus filas.
Obvio: la estigmatización de la protesta les sirve a Duque y su banda de mediocres para justificar los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron bajo su supervisión y además para recordarle a la gente el presidente exguerrillero que tenemos: “Los beneficiarios de la “paz total” detrás del terrorismo urbano para desestabilizar la democracia. Con razón tanta generosidad”, opinó Duque. Otra falsa equivalencia del presidente payaso que no cuenta con un centímetro de legitimidad para criticar a nadie.
Algunos jóvenes, como Gallo, que gritaron en el 78 a oídos sordos, alimentaron a las FARC y así seguirá pasando mientras no rompamos los ciclos de injusticia en Colombia. Ello no convierte a todos los manifestantes del #21N en guerrilleros y solo plantearlo es una afrenta a las memoria de las víctimas. Claro que la lucha armada y la protesta están entrelazadas en Colombia, no precisamente porque la primera infiltre a la segunda, sino porque se alimentan de las mismas inequidades estructurales que los señores de bolillo ciego, como Duque, se rehúsan a entender.
