Desde hace al menos cinco años han surgido denuncias sobre el funcionamiento de un cartel de la infancia. Según las presuntas víctimas, la organización criminal persigue a padres y madres –generalmente de estratos altos– envueltos en procesos de custodia, violencia intrafamiliar y abuso sexual. Las personas afectadas aseguran que esos procesos termina ganándolos la parte que tenga más influencia o dinero. De acuerdo con las denuncias hay participación de abogados, psicólogos forenses, comisarios de familia y miembros de la Fiscalía. Otras personas sostienen que ese cartel no existe y que es solo una fabulación de padres abusadores para evadir su responsabilidad.
La Fiscalía inició hace años la investigación, pero hasta ahora no hay resultados. Por el contrario, pareciera que una mano poderosa evita que las pesquisas avancen.
En denuncias judiciales y publicaciones periodísticas se han mencionado insistentemente los nombres de las abogadas Ana Georgina Murillo y Aminta Gualdrón. De los señalados también hace parte Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, quien fuera comisaria de familia en Usaquén y está casada con un ex vicefiscal general. Así mismo aparece el nombre de Roberto Sicard, un psicólogo y perito forense que, de acuerdo con las denuncias, emite dictamen a favor del mejor postor.
Todos ellos han negado haber hecho algo indebido y, desde luego, tienen el derecho a la presunción de inocencia, pero las presuntas víctimas y la sociedad también tienen derecho a que se determine si esas denuncias son ciertas o falsas. O si, como lo pretenden varios de los señalados, todos los que denuncian padecen trastornos mentales.
Después de tantos años el caso está apenas en indagación. No hay un solo responsable vinculado y se sabe más de enfrentamientos entre fiscales investigadores que de progresos en la investigación.
Hace unas semanas la fiscal María Migdonia Martínez presentó una queja contra el fiscal Deiby Alfredo Cáceres Naranjo, quien fuera su fiscal delegado para investigar el asunto.
En su oficio a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la fiscal Martínez asegura que un día después de que la indagación llegara a sus manos, recibió un WhatsApp del fiscal Cáceres anunciándole que había sido designado como “fiscal de apoyo”.
La designación la hizo la doctora Luisa Fernanda Obando Guerrero, a quien muchos identifican como la mano derecha de la vicefiscal Marta Mancera. Cuestión Pública reveló que un mes después del nombramiento de Luisa Fernanda Obando en la Fiscalía, su hermana la psicóloga Lina María Obando fue nombrada investigadora I adscrita al despacho de la señora vicefiscal.
La doctora Luisa Fernanda Obando fue la misma persona que ordenó el traslado al Putumayo de la fiscal Angélica Monsalve, justo después de que ella decidiera llamar a imputación a tres miembros de la poderosa familia Ríos Velilla por el caso del recaudo de TransMilenio.
La fiscal María Migdonia Martínez me dijo, al reiterar su queja, que le causó mucha extrañeza que el fiscal de apoyo Alfredo Cáceres anunciara al día siguiente de la asignación que ya tenía plan metodológico y órdenes a la policía judicial. Ella sostiene que legalmente los fiscales de apoyo están para ayudar al titular del caso y no para sustituirlo.
Cuando le pregunté su opinión al fiscal Cáceres me indicó que, en su concepto, como fiscal de apoyo tenía exactamente las mismas facultades del fiscal titular.
De acuerdo con la fiscal Martínez, el fiscal de apoyo ordenó interceptaciones que ella no conoció, ni autorizó y que las reuniones con el analista –es decir la persona encargada de evaluar las escuchas– fueron canceladas. Cáceres, en contraste, sostiene que ella se reunió con el analista.
La fiscal Martínez también afirma que el fiscal Cáceres se molestó y ordenó cancelar unas diligencias de interrogatorio, ordenadas por ella, argumentando que perjudicarían el proceso.
Ella asegura, además, que al regresar de unas vacaciones colectivas se encontró con una sorpresa: el doctor Cáceres había subido al sistema SPOA de la Fiscalía, dos órdenes de Policía Judicial que aparecían firmadas por él pero bajo la fiscalía 214 de la que ella era titular. Cáceres sostiene que él no la suplantó, ni usó los códigos de acceso de ella, sino que la firma digital quedó así por un mecanismo automático del computador.
Cuando hablé con el fiscal Cáceres me dijo que quizás responda a la fiscal Martínez con una denuncia penal o una queja disciplinaria.
Lamentablemente el litigio entre funcionarios no servirá para procesar los responsables del cartel de la infancia y quizás tampoco para reivindicar la autonomía de los fiscales tan vapuleada durante la administración de Francisco Barbosa.
