Un comprador de votos profesional y un empresario que combina licitaciones con influencia política son la prueba de que la impunidad es la norma en Colombia. Para algunos resulta increíble que la lenta mano de la justicia hubiera alcanzado antes a Arturo Char que a Laureano Acuña, cuya actividad delincuencial está probada tantas veces y de tan diversas maneras. Y no es que Char no deba estar en la cárcel, porque desde luego que ha hecho suficientes méritos junto con otros miembros de su familia, sino porque al lado de El Gato Volador, como le dicen al exsenador Laureano Acuña, es un niño de brazos.
Existe un audio inédito –uno más– en el que Acuña informa el precio de un voto en la última elección: 100.000 barras. El Gato Volador, que empezó su carrera trabajando para los Gerlein como mochilero, es decir comprador de votos al detal, habla en septiembre de 2021 con el concejal conservador de Barranquilla Andrés Ortiz.
Ortiz es un reconocido lambón que le echa cepillo al que toque: ayer al gato hoy a Efraín “Fincho” Cepeda. Es memorable un trino suyo en el que alaba a Laureano Acuña diciendo que dirige “el único movimiento que trabaja por las clases populares y vulnerables del Atlántico”.
Pero vamos al revelador diálogo que entrega el costo de la unidad mínima de la corrupción electoral: el voto comprado.
–150 ¿Y cuánto nos cuestan 150.000?...15.000 millones –dice el entonces senador Laureano Acuña.
–Así es –reafirma el concejal Ortiz, abrumado por la destreza matemática del gato, obtener 150.000 votos les va a costar 15.000 millones.
–Eso es 60, más 20, más 5 (inaudible), más 15 de transporte y publicidad.
–Eso es –ratifica el concejal.
–Ahí hay 100.000 barras –concluye el Gato Volador.
Según los entendidos en el mercado de votos, la operación de costo desagregado que Laureano Acuña hace de viva voz, significa: 60.000 pesos para el votante, 20.000 para el mochilero líder, 5.000 por la zonificación y 15.000 pesos por concepto de transporte y propaganda.
Las pruebas en audio contra Laureano Acuña son tantas que ya debería tener su álbum musical. En uno de esos audios en poder de la justicia dice “mínimo tenemos que comprar 70.000 votos. De ahí nos vamos empujados”. En otra afirma “yo al final le puedo decir al alcalde: vota por mí, mi hermano, y vota por una cámara aquí pa que te ganes un billetico y con esa plata los ponemos a votar”. Como estas hay cuarenta grabaciones que muestran cómo opera la organización del Gato Volador.
Es más, en la elección pasada se quemó únicamente porque su estrategia estaba tan cantada que no la pudo ejecutar. Sin embargo, sus procesos en la Corte Suprema, que lo investiga porque cometió esas conductas siendo senador, no avanzan y él sigue consolidando su poder en la costa.
Merly Miranda, la esposa de Acuña, es candidata a la Asamblea del Atlántico y será diputada. Está listo para pegar el zarpazo a la Alcaldía de Malambo con Yenis Orozco y para la Gobernación del Atlántico tiene a Eduardo Verano. En esa candidatura el Gato Volador está unido con el Clan Char, el Partido Conservador, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, representado por el senador Carlos Meisel y Euclides Torres, contratista del Atlántico que dio financiación para la campaña –o la precampaña– de Gustavo Petro.
No hay ninguna razón ideológica para esta coalición, solo una comunidad de intereses. Alejandro Char volverá a la Alcaldía de Barranquilla y quiere tener uno de su cuerda de gobernador. Fincho Cepeda necesita la gobernación y la alcaldía para impulsar su propia campaña y la de unos políticos locales como el concejal Andrés Ortiz, interlocutor del gato en el avalúo de votos.
El Clan Torres, cuyo miembro empresarial visible es Euclides – multimillonario contratista de alumbrados públicos, identificación y seguridad informática– quiere sacarle provecho a los gobiernos locales y además elegir como diputado a su sobrino Camilo Torres. Así seguirá creciendo un poder que tiene un pie en los negocios y otro en las corporaciones públicas. Ya tiene a Pedro Flórez, un sobrino político como senador del Pacto Histórico, la coalición de gobierno; Pedro está casado con Karina Llanos Torres, la sobrina de Euclides, que es diputada a la Asamblea del Atlántico por el Partido de la U. El hermano de Euclides, Dolcey Torres, es representante a la Cámara por el Partido Liberal.
Euclides Torres, ahora aliado del presidente Gustavo Petro y cercano amigo de la primera dama, es la viva encarnación de la mezcla de negocios con política. Según un informe de la Unidad Investigativa de El Tiempo, las empresas de Torres tiene contratos con Mintic, el Inpec, Planeación, la Dirección General Marítima, la Superintendencia Financiera, la Dian y la Unidad Nacional de Protección, entre otras entidades gubernamentales.
El hoy presidente denunció por años esa mezcla de negocios y política que ahora parece aceptar complacido.
Ni a Torres, ni al Gato Volador les pasa nada.
