La magistrada Diana Marina Vélez Vásquez, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, hizo todas las marrullas posibles para que prescribiera una sanción disciplinaria contra un abogado antiético. La magistrada demoró casi un año el estudio de una apelación a una sanción impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, esperó a que faltaran unos días para que prescribiera la acción, entonces presentó una ponencia absurda, perezosa y contraevidente, lo hizo en la sala plena previa a una semana en la que no habría reunión plenaria para que en la siguiente sesión ordinaria hubiera operado el vencimiento del plazo.
El caso es el del llamado abogánster Diego Cadena. El 30 de junio de 2022 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca lo sancionó con 34 meses de suspensión en el ejercicio del derecho y una multa de diez salarios mínimos por faltas contra la ética y el Código Disciplinario del Abogado. Esas faltas tienen que ver con el pago de sobornos al paramilitar Carlos Enrique Vélez para que declarara falsamente a favor del expresidente Álvaro Uribe y en contra de Iván Cepeda.
Los jueces disciplinarios de primera instancia encontraron que los pagos a Carlos Enrique Vélez no eran, como lo afirmaba Cadena, auxilios humanitarios: “Salta a la vista que los pagos que pretende la defensa hacer ver como viáticos o como ayudas humanitarias, principalmente se dirigieron a las señoras María Helena Vélez, hermana del condenado, y a la señora Daniela Paz, quien en declaración juramentada reconoció que se desempeñaba como trabajadora sexual, y que conoció a Carlos Enrique Vélez por su trabajo”.
El abogado de Cadena es Iván Cancino. El trámite disciplinario había sufrido ya algunas demoras convenientes porque a veces no llegaban los sujetos procesales, a veces el vuelo del doctor Cancino desde Miami se demoraba. Así que el tic tac de la prescripción se iba acelerando cuando Cancino decidió apelar la sentencia ante la Comisión Nacional.
La Comisión de Disciplina del Valle la envió a la Nacional el 1 de agosto de 2022, con mensaje de urgencia, y al día siguiente fue repartida a la magistrada Diana Marina Vélez, que antes de serlo era funcionaria del gobierno de Iván Duque y fue elegida en el cargo con el impulso del uribismo y particularmente de Álvaro Hernán Prada, otro de los involucrados en el proceso por soborno de testigos y fraude procesal.
En abril de este año, nueve meses después del reparto, envié un derecho de petición a la Comisión Nacional de Disciplina preguntando por el proceso y las acciones que estaban tomando para evitar su prescripción. La magistrada Vélez respondió que el expediente se encontraba “al despacho” y la Comisión señaló que “corresponde al resorte exclusivo del magistrado ponente el estudio, proyección y momento de registro de los procesos que le son asignados por reparto”.
La Comisión tiene siete miembros y puede tomar decisiones válidas con cuatro. Las salas plenas de decisión son los miércoles. La acción disciplinaria prescribía este lunes, 10 de julio, pero desde hace tiempo estaba previsto que no habría plenaria la primera semana de julio por ausencia con permiso de tres de los magistrados.
El plazo fue calculado de manera artera por la magistrada Vélez. Presentó su ponencia absolviendo a Cadena en la última sala plena de junio. Es un documento de 165 páginas, extenso pero superficial, parece más obra del copy/paste de un oficinista perezoso o de un estudiante atrasado en sus tareas, indigno de la capacidad conceptual de un magistrado. De hecho, la metadata del documento señala que la autora es una persona llamada Sorany Paola Acuña Amézquita.
La magistrada sabía que su ponencia contraevidente iba a ser rechazada. De hecho, la Comisión ya había sancionado a Cadena con tres años de suspensión ratificando una decisión de primera instancia de la Comisión Seccional de Bogotá por el intento de soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve. En esa ocasión la votación quedó 6 a 1, el único voto absolviendo a Cadena fue de la magistrada Vélez.
Ella no apostaba a los argumentos jurídicos sino a la prescripción de la acción. La semana que seguía no se reuniría la sala plena y la próxima sesión ordinaria sería el 12 de julio, dos días después del vencimiento.
El reglamento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial establece que cuando una ponencia es derrotada, la nueva debe ser presentada por el magistrado siguiente en orden alfabético. Esa magistrada era la presidenta de la corporación Magda Victoria Acosta. La doctora Acosta había sido ponente de la primera sanción a Cadena.
Mediante otra argucia, a través del manejo del orden del día, la magistrada Vélez trató de alterar el reparto. Fueron tantos los ardides que los otros miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidieron estudiar la ponencia sustitutiva en una sala extraordinaria para ratificar la sanción a Cadena. La votación fue 5-1. El voto a favor de Cadena fue, como era de esperarse, el de la magistrada Diana Marina Vélez.
Es posible que la autora de la fallida estrategia sea denunciada por prevaricato ante la inútil Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
