Inicialmente la terna para elegir al nuevo fiscal general de la nación era distinta. El presidente Gustavo Petro se reunió con tres personas de su confianza para definir los nombres. La reunión duró dos días consecutivos y empezó el martes 1 de agosto, el mismo día en el que Nicolás Petro, el hijo mayor del jefe de Estado, anunció su voluntad de colaborar con la Fiscalía en investigaciones que involucran la campaña de su padre y eventualmente al propio mandatario.
El presidente Petro quería que la terna transmitiera varios mensajes políticos: primero, que respetaría la independencia de las investigaciones de la Fiscalía y por esa razón no incluiría a nadie cercano a él; segundo, que desde la misma nominación abriría la posibilidad de que se escogiera un fiscal ad hoc para los casos que implicaran a miembros de su familia; y tercero, que los candidatos deberían haber hecho parte de la propia Fiscalía o de la rama judicial para darle un carácter técnico a la elección.
En la lista inicial había un hombre. El actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien, como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, fue el investigador principal de la parapolítica. A pesar del deseo del mandatario de incluirlo, la coyuntura política terminó sacándolo de la terna. Poner a un miembro del gabinete no era compatible con la señal de acatamiento a la autonomía de la Fiscalía que quería dar Petro. Además, antes de llegar al gobierno, Velásquez había entablado ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad de la elección de siete magistrados de la Corte Suprema. Perdió el pleito pero su nominación obligaría a esos siete magistrados a declararse impedidos, con lo cual podría bloquearse la elección.
Ante la supresión del nombre de Velásquez, surgió la idea de una terna conformada exclusivamente por mujeres. Ya en ese escenario estaban los nombres de Ángela María Buitrago, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y Amelia Pérez, exfiscal delegada ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos quien entró en el lugar de Velásquez. Sin embargo, esa terna se completaba con otro nombre que el país no ha conocido. Se trata de la jurista María del Rosario González de Lemos, expresidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente pidió a uno de sus interlocutores que se comunicara con cada una de las potenciales nominadas para informarles la decisión y preguntarles si querían estar en la lista. Es una diligencia que se debe cumplir para evitar que se desintegre la terna por no aceptación de alguna de las candidatas. La sorpresa fue grande cuando la exmagistrada María del Rosario González declinó el ofrecimiento. Después de expresar su gratitud por la inclusión de su nombre, dijo que se sentía muy honrada con la nominación pero que en mayo de 2024 cumple 70 años, la edad legal de retiro forzoso, y que por lo tanto no era elegible.
Uno de los miembros de ese petit comité de discusión de la terna era Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Él no es abogado sino ingeniero químico pero ha tenido muchos años de cercanía con el presidente. Como su asesor legislativo estuvo a cargo de buena parte de las investigaciones para los debates de control político que Petro adelantó como senador y representante a la Cámara, incluyendo los de la parapolítica.
Rodríguez recordó el nombre de la exfiscal Amparo Cerón. No la evocaba por los últimos trabajos que hizo en la Fiscalía sino por investigaciones más antiguas en temas de derechos humanos. El presidente también se acordaba de ella en esa función y tenía referencias menos claras de su papel en el caso Odebrecht.
La cercanía de Amparo Cerón con Néstor Humberto Martínez es conocida en la Fiscalía. El exdirector de la Unidad Nacional Anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, condenado por recibir sobornos, le contó a la periodista María Jimena Duzán: “El caso de Odebrecht llegó en diciembre, me llamó el fiscal (Néstor Humberto Martínez), me dijo, pues conforme un equipo de fiscales que hagan caso, Moreno. Y yo me puse a la tarea de conformar un equipo de esos fiscales que hacen caso. Yo cojo a Cerón, que Cerón me dice: “Jefecito, mire, yo hago lo que me toque hacer, pero no me vaya a trasladar para Cartagena”. Ella estaba sufriendo por un traslado. Y le dije, yo la dejo pero necesito que haga caso”. Moreno aseguró, además, que la fiscal Amparo Cerón fue ubicada cerca del despacho de Néstor Humberto Martínez para que el fiscal general pudiera meterle la mano al caso Odebrecht, a pesar de haber sido el abogado del Grupo Aval implicado en los hechos.
Jorge Enrique Pizano, quien denunció los sobornos de Odebrecht y Aval ante la Fiscalía y el FBI, le envió una carta a la entonces fiscal 80 de la Unidad Anticorrupción, Amparo Cerón, pidiéndole que “de manera urgente y pronta se me brinde protección a mí y a mi familia por parte de la Fiscalía ya que veo en riesgo inminente nuestra integridad por todo lo denunciado por mí”.
Tres meses y medio después, él y su hijo murieron en circunstancias que no han sido investigadas de manera independiente. La fiscal 80, Amparo Cerón, no le ofreció protección. En cambio, sí tenía contacto con amigos de los uribistas implicados en el caso Odebrecht. En una de las conversaciones que Daniel García Arizabaleta tuvo con Óscar Iván Zuluaga, grabó este revelador diálogo:
–Me fui el jueves por la mañana, a la hora que estaba citado a donde la fiscal y le dije… –iba contando García Arizabaleta.
–¿La fiscal 80? ¿Sabe quién la conoce mucho? –pregunta Zuluaga antes de susurrar– María Fernanda.
–¿Ah sí? Ah no sabía.
–Péguele una habladita a María Fernanda –recomienda Zuluaga.
–Vale, ¿es amiga de ella?
–No sé, pero dice que la conoce mucho. Ella es Cerón de Boyacá o no sé qué –dice Óscar Iván Zuluaga refiriéndose a la fiscal Amparo Cerón nacida en Iza, Boyacá.
Lo curioso es que esta paracaidista, llegada a última hora a la terna, tiene grandes posibilidades de convertirse en la próxima fiscal general porque, en contraste con las otras dos nominadas, cuenta con el lobby del uribismo y de Néstor Humberto Martínez.
