Esta semana un juez produjo las primeras condenas contra el cartel de volteo de tierras en Cundinamarca. Eso es bueno, lo malo es que la cuerda se está rompiendo por la parte más delgada sin revisar quiénes han sido las cabezas de la operación. Esa modalidad delictiva ha hecho millonarios a empresarios y a políticos cundinamarqueses. El procedimiento, que fue denunciado en 2017 por el entonces senador Carlos Fernando Galán y su equipo, consiste en sobornar –con plata o con tierra– a alcaldes, concejales y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional (CAR) para cambiar los planes de ordenamiento territorial (POT) o aprobar planes parciales para acelerar esos cambios.
También en las oficinas municipales de planeación se hacen jugadas chuecas para modificar el índice de ocupación, es decir, el porcentaje de tierra que se puede usar para las obras y el que se debe dejar libre. O el índice de edificabilidad, esto es el número máximo de metros cuadrados que se puede construir en una propiedad.
Otra de las modalidades de este delito consiste en rebajar o desaparecer los tributos que deben pagar los dueños de la tierra beneficiados con esta decisión.
Los primeros condenados son el empresario Mario Angulo y la exjefe de planeación de Funza, Cundinamarca, Adriana Milena Orozco Quecano. El delito se ejecutó en el pueblo natal del hombre fuerte de Cundinamarca, el exgobernador Jorge Emilio Rey Ángel. Antes de llegar al Congreso y a la Gobernación, Rey fue dirigente comunal y alcalde de Funza.
El viernes 30 de diciembre de 2011, en el último día hábil de su alcaldía, Rey expidió una resolución estableciendo el monto que debían pagar por plusvalía los beneficiarios de un acuerdo del Concejo Municipal, controlado mayoritariamente por el alcalde.
En el listado de beneficiados aparece Mario Angulo, condenado esta semana a seis años y tres meses de prisión por el delito de fraude procesal. La resolución de Rey establecía que Angulo debía pagar 950 millones de pesos por plusvalía.
Dos días después de la resolución, un ahijado político de Rey lo remplazó como alcalde de Funza. Se trata de Jorge Enrique Machuca, hoy gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca, cargo en el que ha estado por siete años, primero nombrado por el gobernador Rey y luego ratificado por el actual gobernador Nicolás García Bustos, otra ficha de Rey.
Machuca, a su vez, nombró jefe de planeación de Funza a Adriana Orozco Quecano, quien expidió una resolución, la 366, concediendo licencia de urbanismo al predio de Mario Angulo para construir el Parque Industrial San Pedro. Bajo ese mismo número, 366, fueron irregularmente expedidas tres resoluciones diferentes.
El lote autorizado creció entre la primera y la última resolución. En la primera el área del terreno era de 168.950,30 metros cuadrados, compuesta por 34 lotes
En la última, el lote había crecido a 176.234 metros cuadrados y los lotes ya eran 41.
Sin embargo, el pago de plusvalía siguió del mismo tamaño: los 950 millones de pesos de la resolución expedida por Rey.
Por esa razón, la señora Orozco Quecano acaba de ser condenada a siete años de prisión por los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.
Lo curioso es que al exalcalde Jorge Machuca nadie le preguntó por estos hechos. Tampoco al exgobernador Jorge Emilio Rey. La señora Orozco Quecano ha seguido contratando todos estos años con diferentes dependencias de la Gobernación de Cundinamarca durante las administraciones de Rey y de su sucesor, el actual gobernador García Bustos.
La señora Orozco Quecano está casada con el exalcalde de Madrid Giovanni Villarraga, quien fue director de Función Pública de la gobernación de Rey hasta su captura por hechos de corrupción.
A Rey, el hombre fuerte del departamento, nunca le pasa nada. Él sostiene que no tiene que ver con volteos y que le quieren cobrar su desinteresada lucha por la defensa de los cundinamarqueses. Jorge Emilio Rey se prepara hoy para llegar nuevamente a la Gobernación ahora a nombre del cambio. Aspirará a volver al puesto con el aval del nuevo Partido Fuerza de la Paz, del senador Roy Barreras, integrante del Pacto Histórico.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien como senadora respaldó y amplió las denuncias contra Rey y el actual gobernador García por volteo de tierras, ahora es aliada de ellos. Hace un tiempo, cuando le pregunté por el asunto, me respondió –muy brava– que para Bogotá era muy importante el proyecto de ciudad-región y el tren de cercanías y que sin la Gobernacion no era posible hacerlos.
Unas cercanías por otras.