Es apenas natural que quienes llegan al poder quieran hacer algunos cambios, pero tanto derroche de nuestros recursos para difundir la visión oficial de la realidad es una grosería.
En 1906 la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín formalizó una tradición campesina que luego se convertiría en la Feria de las Flores de la ciudad y en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, porque está íntimamente atada a la historia y formas de vida antioqueñas. Sus protagonistas son los silleteros: personas que se han dedicado por más de un siglo a adornar sus espaldas para contar historias con flores. Esta semana, parece que una de ellas, Angélica Soto Londoño, fue el florero de Llorente entre el alcalde Daniel Quintero y Hernán Muñoz, el director del noticiero de Telemedellín.
Según Muñoz, la denuncia de esta silletera por problemas logísticos en un desfile en el estadio, junto con otros reportajes sobre robos e inseguridad en la capital paisa, molestaron al alcalde Quintero y al recién nombrado gerente del canal, Deninson Mendoza. La periodista Johana Jaramillo, testigo del disgusto, confirmaron que Mendoza sentenció en una reunión: “Telemedellín es el canal de Daniel Quintero”, y objetó lo que percibía como el cubrimiento negativo contra el alcalde. Días después sacaron del noticiero a Muñoz. Censura. No tiene otro nombre.
Cuando Muñoz denunció públicamente este silenciamiento, el boquisuelto gerente Mendoza hizo alarde de su ignorancia en asuntos periodísticos y salió a medios de comunicación a confesar que, como gerente, se inmiscuía en el contenido editorial del noticiero.
Pero no es la primera vez que un político en el poder cree que los medios de comunicación públicos son de su propiedad, son su máquina personal de propaganda. El mismo veto ejerció Juan Pablo Bieri, recién nombrado gerente de RTVC, al censurar y sacar de la parrilla el programa Los puros criollos del periodista Santiago Rivas, por cuenta de sus críticas a la abominable Ley TIC de Iván Duque. Gracias a una chiva de La Pulla escuchamos a Bieri cuando increpaba en una reunión: cómo es posible que Rivas “muerda la mano que le da de comer”.
Y como ya es costumbre en este país, a un sector de la opinión solo le molesta la censura de Bieri y a otro, solo la de Mendoza. Ante el reciente escándalo se exigió, con razón, que el alcalde Quintero se pronunciara sobre el acto de censura cometido por su funcionario, al parecer, en su nombre. Pero no se ve a muchos periodistas preguntándole a Iván Duque cómo es posible que hubiese premiado a Bieri con un cargo de asesor –que ostenta actualmente– en el Palacio de Nariño, por cuenta del silenciamiento a Rivas.
Bieri y Mendoza se equivocan, porque a los medios públicos los alimenta la ciudadanía, no los políticos. Cualquier empresa periodística seria se debe a su audiencia, pero en el caso de las públicas este mandato es aún más importante. RTVC, Telemedellín y semejantes importan no solo porque funcionan con nuestra plata, sino porque tienen mandatos constitucionales y legales que los obligan a dar pluralidad al debate público, a visibilizar voces silenciadas, como las silleteras inconformes. Son, más que ningún otro medio, propiedad de la gente. Así se lo dice Telemedellín a los paisas: “Aquí te ves”.
Es usual que los gobernantes abusen de este valioso recurso para imponer sus visiones y halagarse. En Colombia es particularmente preocupante que cada nueva administración reestructura a los medios públicos, cambia su imagen, su eslogan, su estrategia, y lo que es peor, a los periodistas. Semejante vaivén vulnera el derecho de la gente, que paga por este servicio con sus impuestos y aspira a recibir un atisbo de información objetiva. Es apenas natural que quienes llegan al poder quieran hacer algunos cambios, pero tanto derroche de nuestros recursos para difundir la visión oficial de la realidad es una grosería.
Todo el gremio periodístico y, con fuerza aún mayor, la ciudadanía deberían repudiar la administración abusiva de los medios públicos. Resulta tan peligrosa esta práctica para la vida democrática que podría dar lugar a la responsabilidad extracontractual del Estado, que podría ser llamado a responder cuando sus funcionarios ejercen censura sobre los periodistas públicos. Si el Estado puede tener medios de comunicación, ¿no debería ser responsable también cuando los administra mal? Y después, condenado el Estado: ¿No podríamos acaso repetir contra el patrimonio de esos funcionarios que ejercieron la censura?
El pasado viernes se anunció el Premio Nobel de Paz para Maria Ressa y Dmitry Muratov, quienes según el Comité Noruego “representan a todos los periodistas que defienden esos ideales en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más adversas”. A periodistas como Muñoz y Rivas, que defienden la independencia de sus micrófonos, especialmente porque son públicos, y le ponen atención a la queja de una silletera, incluso cuando le moleste al alcalde.
