La posesión del Congreso fue un desastre. Mal todo: la rechifla a Duque —así estuviera describiendo su cínica realidad paralela— y lo que pareció, a todas luces, un saboteo a la oposición. Pero lo cierto es que este Congreso, que se renovó en más de un sesenta por ciento, es el más diverso y plural que ha tenido el país en toda su historia. Y eso es bueno. Las deliberaciones plurales pueden tener resultados tan significativos como la Constitución de 1991.
Además, pese a que en casi todas las bancadas hay gente investigada por corrupción, también es verdad que hay más personas honestas que en las composiciones de las últimas décadas.
Se trata, de otra parte, de un grupo no menor de congresistas que tienen un compromiso genuino con quebrar lo que Mauricio García llama el apartheid institucional, es decir, la segregación que impide que millones de personas cuenten con el derecho a tener derechos y las condena a vivir en el desamparo y la pobreza.
Todo eso despierta esperanzas.
Sin embargo, para que el Estado pueda proveer servicios y bienes básicos a esos sectores de manera transparente, eficiente y sostenible, no solo es deseable sino indispensable que el Congreso se tome en serio el artículo 113 de la Constitución y adopte las decisiones para que los órganos de control sean verdaderamente autónomos e independientes de las otras ramas del poder. Me refiero a las llamadas ías: la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría. De la Fiscalía hablaremos luego, pues al fiscal lo elige la Corte Suprema de terna del presidente.
Frente a las ías el Congreso enfrenta dos alternativas: o, siguiendo el modelo Duque, realiza reformas y elecciones destinadas a capturar los órganos de control para lograr su complicidad, lo que viola abiertamente la letra y el espíritu de la Constitución; o cambia las prácticas políticas y elige personas decentes, capacitadas e independientes y adopta las reformas institucionales indispensables para que estos órganos puedan cumplir sus funciones de defensa del interés público. Esta, aunque a primera vista no lo parezca, es quizás una de las tareas más importantes para fortalecer un Estado de derecho y una democracia tan debilitada como la nuestra.
De la Contraloría se ha hablado mucho en estos días. El actual contralor es un funcionario sagaz que, sin ninguna explicación creíble, obtuvo varios títulos universitarios mientras ejercía su cargo. Como ya lo mencioné en una columna anterior, logró colar, protegido por total opacidad, una reforma que inyectó cerca de medio billón de pesos a la entidad, sin estudios que soportaran seriamente la necesidad de semejante gasto y sin ningún resultado alentador. Por el contrario, según reportajes recientes, algunos de sus funcionarios habrían participado en oscuras operaciones que involucrarían actos de corrupción respecto de recursos indispensables para los municipios más golpeados por el conflicto. Tendremos que esperar a que llegue un nuevo fiscal, menos amigo del actual contralor, para que investigue. Si de verdad las nuevas fuerzas políticas quieren un cambio, deben comenzar por elegir a una persona intachable, técnicamente competente e independiente del gobierno en la que todos los sectores puedan confiar.
No es menos preocupante la Procuraduría. Como lo han señalado destacados colegas (Uprimny, Reyes, Cuervo, Riveros, Hernández, Lorduy), la reforma a esta entidad debe estar encaminada a crear los frenos institucionales que impidan que desvíe sus funciones para perseguir opositores políticos. Conviene disminuir su monumental e inútil tamaño que solo sirve (como bien lo sabe la gente buena que trabaja en esa institución) para satisfacer apetitos burocráticos y eliminar o trasladar funciones redundantes. Se deben focalizar tanto la función de defensa de los intereses públicos en los procesos judiciales como su función disciplinaria, para concentrarlas en casos graves, emblemáticos o difíciles. La Procuraduría debería limitarse a investigar las quejas disciplinarias que puedan conducir a la afectación de los derechos políticos de los funcionarios de elección popular y, cuando fuere el caso, pedir a un juez que tome la decisión correspondiente. Constituye una afrenta a la Convención Americana de DDHH, a los derechos políticos, al erario y a la inteligencia que el Congreso anterior hubiera aprobado una reforma para aumentar la planta de esa entidad con el propósito de hacer aquello que la Convención prohíbe a las autoridades administrativas: destituir o inhabilitar funcionarios electos. Por elementales razones democráticas, estas funciones deben ser cumplidas por jueces independientes e imparciales en procesos con garantías reforzadas.
La Defensoría del Pueblo, por último, es fundamental para apoyar a quienes, en total desamparo, sufren amenazas y violaciones a sus derechos humanos. Con un defensor anodino que no sabe del tema y no parece interesado en aprender, la institución se ha desdibujado y solo resulta útil para adjudicar cientos de contratos que nadie controla. La elección de un defensor capacitado, comprometido e independiente, el traspaso de las funciones que en materia de derechos humanos hoy tiene la Procuraduría y la revisión de los esquemas de contratación —especialmente los de la defensoría pública— son asuntos de la mayor importancia.
Honorables congresistas: olvídense de los aplausos envenenados de quienes cruzan liniecitas éticas para llevarlos a desconocer principios democráticos. Elijan a gente decente, independiente y con experiencia en esas instituciones. No hay mejor aliado de un gobierno democrático que guardianes encargados de vigilar que la Administración cumpla bien su tarea. Hagan sus señorías las reformas y tomen las decisiones que necesita el país. Si siguen este modelo y no el de Duque, el cambio será profundo y duradero y pasarán a la historia como el mejor Congreso de nuestra vida republicana. Si no, habrá sido esta una oportunidad perdida.
