Vamos a cumplir diez años del peor error de nuestra historia reciente: la dejación de armas y el inicio del tránsito a la vida civil de más de 10 mil guerrilleros de las FARC. El indicador más claro de ese exabrupto es que la inactividad guerrillera redujo dramáticamente un índice del que nos enorgullecíamos tanto: el de homicidios por cada 100 mil habitantes. Pocos países nos disputaban hasta entonces ese lugar que mostraba el carácter aguerrido de nuestra sociedad.
Pero eso solo fue el comienzo de una cadena de yerros políticos y jurídicos que hoy dimensionamos. El primero de ellos fue el sometimiento de las FARC a la justicia. Algo inédito en nuestro país, donde han imperado dos tradiciones que nos enorgullecen: las amnistías y unas tasas de impunidad envidiables en los estudios comparados. Solo en 2005 se logró frenar uno de los vectores de violencia sin acudir a la impunidad, para disgusto de quienes querían que los paramilitares siguieran aumentando los homicidios y mejorando la reputación del Congreso.
Esa voluntad de los guerrilleros de ser juzgados llevó a la creación de una nueva institucionalidad en Colombia que sumó un error más: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y subrayo en qué consistió el equívoco: allí también se decidió juzgar a los agentes del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública, y a terceros que, por alguna razón, se vieron vinculados al conflicto, gracias a lo cual unos y otros se han beneficiado. Todos deberían volver a ser juzgados con todas las de la ley en la jurisdicción ordinaria, aprovechando que ya están plenamente identificados, localizados, “desmovilizados” y dispuestos a hablar.
Pero, sin duda, el mayor desacierto fue escuchar a las víctimas en la JEP, contraviniendo una sana cultura judicial en la que las sanciones se imponen por los jueces, de forma autoritativa, a partir de lo que se prueba. Nada tienen que enseñarles las víctimas a los jueces, salvo sus versiones de lo que pasó, ojalá escritas y por medio de abogados, que sí entienden el escenario judicial. El juez tiene que ser distante y nada empático con un dolor que él no causó.
Y como lo que empieza mal termina mal, ahí están los resultados. El principal procedimiento de la JEP, habilitado por el Congreso y avalado por la Corte Constitucional, numerosos observadores internacionales y hasta la Corte Penal Internacional, desembocó en prácticas desconcertantes para la tradición judicial y la conciencia social.
De un lado, guerrilleros y militares empezaron a contar detalles desconocidos de historias trágicas bastante conocidas: unas sobre secuestros y otras sobre asesinatos de civiles a sangre fría. Unos y otros han revelado datos inéditos que retaron narrativas que parecían ya consolidadas en nuestros manuales de historia sobre reclutamiento, violencia intrafilas y sobre la desaparición de un partido político a partir del asesinato de casi todos sus integrantes. Y así.
Pero lo peor de todo ha sido tener que asistir a dos espectáculos denigrantes. El primero, el encuentro entre personas que dejaron de verse como combatientes y decidieron seguir adelante con sus vidas. El segundo, aún más inquietante, la compasión que afloró entre víctimas y victimarios al reconocerse mutuamente como personas. Años de búsqueda de respuestas sobre secuestrados, desaparecidos, desplazados, reclutados y asesinados no pueden terminar bien si los responsables de esos crímenes, movidos apenas por un incentivo penal, deciden renunciar a su presunción de inocencia, contar lo que saben e incluso pedir perdón.
Realmente no tiene ningún sentido un sistema de justicia que propicie ese tipo de encuentros. ¡Qué reconciliación... ni qué ocho cuartos! El derecho penal está hecho para otra cosa. El bandido es malo desde su nacimiento y así se quedó. Para ellos no queda más, como dice la canción, que la cárcel, el hospital o el cementerio.
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