De esta manera, el fiscal Francisco Barbosa y su hombre de confianza Gabriel Ramón Jaimes le garantizan la impunidad a otro poderoso miembro de la clase política.
Aunque existen indicios del soborno de un funcionario judicial por parte del hijo de Luis Alfredo Ramos, hay una maniobra en la Fiscalía para impedir que le imputen cargos. El fiscal general Francisco Barbosa comisionó a Gabriel Ramón Jaimes Durán para que frene el proceso contra Esteban Ramos Maya, mientras castiga al fiscal que se atrevió a adelantar la investigación por este posible delito.
La historia tiene que ver con el asesinato del testigo Carlos Enrique Areiza, a quien mataron aprovechando que estaba fuera de la cárcel. Él sabía lo que le esperaba. Lo había dicho en una declaración a la Corte Suprema de Justicia: “Uno sabe que uno sale de acá y uno no tiene ya país para vivir. Y yo saldré de aquí y yo pienso que a mí me asesinan ligero”.
El presentimiento de Areiza se cumplió. Fue asesinado el 16 de abril de 2018 en Bello, Antioquia, cuando disfrutaba de una polémica detención domiciliaria. Había salido de la prisión porque el fiscal de la Unidad de Falsos Testigos, José Umbarila, llegó a un preacuerdo con su defensa para concederle casa por cárcel a cambio de que dijera que era falso lo que había asegurado sobre los vínculos de Luis Alfredo Ramos con grupos paramilitares.
Lo extraño es que la Fiscalía admitiera su pretendida confesión cuando el propio Areiza declaró ante la Corte Suprema que su retractación había sido presionada inicialmente por dos abogados de Luis Alfredo Ramos: Luis Gustavo Moreno, condenado en Estados Unidos después de ser grabado recibiendo un soborno de otro político dentro del escándalo del cartel de la toga, y Leonardo Pinilla, alias el Porcino, condenado por los mismos hechos: “El señor Leonardo Pinilla me visitó un día después, aquí en la cárcel, con el investigador de nombre Jeffrey….Jeffrey Garavito”.
Poco después de esa visita arrancaron las amenazas para que se retractara. Areiza le aseguró a la Corte –y su testimonio está grabado– que, desesperado por las intimidaciones, buscó un contacto con un alto directivo del Centro Democrático: “La intención mía de hablar con José Obdulio y decirle “Hermano, paren todo esta amenazadera si es que tiene que ver ustedes o tiene que ver otras personas”. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria y encargaron a una persona que me fue a visitar que era el abogado Jaime Restrepo Restrepo”.
Jaime Restrepo, conocido como “el Patriota”, es célebre por sus fotos armado con fusiles de asalto y por hacer alarde de sus posturas de ultraderecha. Según el asesinado Areiza, su conversación con Restrepo empezó en estos términos: “Hermano yo estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces, él me dijo: yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó, entonces si usted nos quiere dar una muestra de confianza entonces fírmeme las hojas y listo y yo miro a ver qué hago con esto”.
Las hojas en blanco terminaron convertidas en cartas de retractación a favor de Luis Alfredo Ramos en las que, en cambio, acusaba al senador Iván Cepeda de comprar su testimonio. Una de esas cartas está dirigida al Patriota.
Varios periodistas recibieron copias de la supuesta rectificación del testigo Areiza enviadas desde el correo electrónico de la empresa Criminal Defense Investigation Unit, la misma compañía donde trabaja un investigador llamado Yefrin Garavito.
Las declaraciones del testigo sobre las presiones y amenazas eran suficiente razón para que la confesión no fuera admitida. Por eso, la Corte Suprema pidió investigar al fiscal José Umbarila y al juez que avaló el acuerdo que permitió que Areiza saliera de prisión y quedara a merced de sus asesinos.
La investigación fue encomendada a tres fiscales encabezados por Daniel Cardona. Ellos encontraron que el fiscal Umbarila recibió un tiquete aéreo para llegar a Medellín, a una diligencia necesaria para formalizar el fatal acuerdo. El tiquete fue pagado por el hijo de Luis Alfredo Ramos, Esteban Ramos, y por su entonces esposa Alejandra González Chavarriaga.
Además, Leonardo Pinilla aceptó que Esteban Ramos le mandó un carro con chofer al fiscal Umbarila para que lo transportara en Medellín mientras asistía a los procedimientos judiciales. Es decir, están documentadas dos dádivas al funcionario por parte de interesados en el proceso.
Todo estaba listo para imputar cargos al fiscal Umbarila, a Esteban Ramos y a Alejandra González cuando comenzaron las presiones.
El fiscal Daniel Cardona recibió una carta el pasado 28 de agosto comunicándole que el fiscal Francisco Barbosa había decidido convocar un comité para evaluar el caso y ordenándole que mientras tanto “se abstenga de realizar cualquier actuación de fondo o de impulso en la mencionada noticia”.
La orden está firmada por Gabriel Ramón Jaimes Durán, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte, a quien el país empezó a conocer esta semana por su papel en el proceso al expresidente Álvaro Uribe.
Unos días después al fiscal Daniel Cardona, investigador principal del caso, le llegó una orden comunicándole que había sido trasladado a Nariño. Un movimiento con tanto sabor a castigo que precipitó su renuncia.
De esta manera, el fiscal Francisco Barbosa y su hombre de confianza Gabriel Ramón Jaimes le garantizan la impunidad a otro poderoso miembro de la clase política.
