Este lunes se reanudan las audiencias del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por su presunta participación en los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. El nuevo fiscal asignado para sumarse a la defensa del señor expresidente Álvaro Uribe volverá a pedir que se precluya la investigación a favor del jefe del Centro Democrático. No hay que sorprenderse. Los antecedentes de ese funcionario muestran claramente que es un áulico del poder, que tiene dormida una investigación muy grave contra Uribe y que sus jefes tienen tanta confianza en su sumisión que le asignaron la investigación penal contra la esposa del fiscal para que discretamente la archive cuando no nos demos cuenta.
Se llama Javier Fernando Cárdenas Pérez y en su gaveta está un expediente trasladado de la Corte Suprema de Justicia que investigaba al señor expresidente por los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro y desplazamiento forzado. Una serie de crímenes que hacen que el proceso que hoy afronta parezca un juego de niños.
El caso estuvo en la Corte Suprema de Justicia hasta cuando Álvaro Uribe renunció a su escaño en el Senado para huir de la jurisdicción del más alto tribunal y ponerse en las cómodas manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Eso sucedió en agosto de 2020 y de inmediato la Sala de Instrucción de la Corte Suprema envió el expediente y todos sus anexos a la Fiscalía General para que continuara la investigación.
Han pasado dos años y dos meses sin que se presente el más pequeño avance, la más mínima diligencia para investigar si el expresidente Uribe es o no responsable de los graves hechos que relaciona la Corte Suprema de Justicia en un documento publicado desde agosto de 2020 por Los Danieles.
El proceso gana polvo en los anaqueles del fiscal Javier Fernando Cárdenas Pérez. Los casos por los que se pide investigar a Álvaro Uribe tienen que ver con su presunta responsabilidad en cuatro masacres paramilitares sucedidas en Antioquia en 1996 y 1997.
Las dos primeras en San Roque dejaron 11 muertos, la mayoría de ellos mineros, una de las víctimas era una monja; las matanzas fueron efectuadas por el Bloque Metro de las Autodefensas que se habría creado en la Hacienda Guacharacas, que fue propiedad de la familia Uribe.
La tercera masacre tuvo lugar en La Granja, un corregimiento de Ituango. En esa ocasión mataron a cinco personas, antes de ejecutarlas las torturaron delante de sus familiares.
La peor de todas fue la cuarta. Ocurrió en otro corregimiento de Ituango llamado El Aro. Allí los paramilitares asesinaron a 17 personas, violaron mujeres y se quedaron ocho días torturando despiadadamente a los habitantes. Antes de irse quemaron 42 de las 60 casas del pueblo. Francisco Villalba, uno de los perpetradores de la matanza, declaró contra Álvaro Uribe. A pesar de que a Villalba le faltaba mucho tiempo para cumplir su sentencia, lo sacaron de la cárcel —alegando razones de salud— 23 días antes de que lo mataran. (Ver aquí el contenido)
El expediente también menciona el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien se atrevió a denunciar las masacres de La Granja y El Aro. Él pidió que se abrieran procesos contra el secretario de gobierno de Antioquia Pedro Juan Moreno y el gobernador Álvaro Uribe por su “comportamiento omisivo que raya en lo delictual”. Meses después de su denuncia fue asesinado en su oficina de abogado por pistoleros de la banda La Terraza.
Tanto estas masacres como el homicidio del abogado Valle fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Es decir que no prescribirán. Nada ha hecho el fiscal Cárdenas para esclarecerlos.
Cárdenas es también el jefe del fiscal Durley González Useda quien practicó un sumiso interrogatorio al expresidente sin formularle una sola contrapregunta, dejándolo contar anécdotas que nada tenían que ver con el caso, permitiéndole guiar la diligencia y rematando con un servil “gracias, doctor” cada respuesta al cuestionario regalado
La última prueba de confianza de sus jefes en su mansedumbre la recibió el fiscal Javier Fernando Cárdenas hace unos días. En esta columna informé que, al despacho del fiscal general, Francisco Barbosa, había llegado una denuncia que involucraba a su propia esposa, Walfa Téllez, en un posible delito.
Lo que procedía legalmente es que el fiscal Barbosa se declarara impedido para que la Corte Suprema designara a un fiscal ad hoc para manejar el proceso. Sin embargo, de manera mañosa, esperó que pasaran unos días para que cuando se fuera de viaje a El Salvador, la vicefiscal quedara encargada de la entidad y asignara a un fiscal de confianza. Obviamente Javier Fernando Cárdenas.
El comunicado contiene una verdad a medias. Dice que Cárdenas es el único delegado ante la Corte Suprema de Justicia que está en carrera. Sugiriendo que el fiscal Barbosa no lo podría cambiar si decidiera el caso de su esposa como a él no le guste. La verdad es que todos los fiscales delegados ante la Corte son de libre remoción por voluntad del fiscal general. Podría moverlo cuando quisiera y Cárdenas tendría que pasar a un cargo de menor jerarquía y remuneración.
Este será el fiscal que desde este lunes hará causa común con los abogados de Álvaro Uribe para tratar de anular las numerosas pruebas que pesan en su contra.
