Todo parece indicar que Abelardo de la Espriella será el ganador de la segunda vuelta el próximo domingo y, si es así, su llegada a la Casa de Nariño no es la victoria simplemente de un gobierno de extrema derecha. Es la de un experimento político mucho más incierto: un outsider sin experiencia en el ejercicio de gobierno, con discurso de fuerza, estética de revancha, promesa de orden inmediato, Congreso sin mayorías, izquierda herida, un expresidente que vuelve a los terrenos de la movilización de su gente y un Estado demasiado débil para aguantar tanta confrontación.
Me explico. La hipótesis de un gobierno de Abelardo de la Espriella no puede analizarse como si se tratara de una alternancia normal del péndulo entre izquierda y derecha. Colombia ha sido gobernada muchas veces por la derecha. Esto no es nuevo. Lo extraño acá es la llegada al poder de una derecha emocional, punitiva, performática, plebiscitaria y digital, construida menos alrededor de un partido que de una marca personal. Una mezcla tropical entre los presidentes Javier Milei, Nayib Bukele y Donald J. Trump. Con los peligros de las deformaciones de sus tres estilos.
En un gobierno de Abelardo podremos ver que tomaría los recortes de Milei como símbolo. La idea de que el Estado es una casta, de que el gasto público es la enfermedad, de que el funcionario es sospechoso por definición y de que la autoridad política se prueba destruyendo ministerios, burocracias y consensos. De la narrativa de Bukele tomaría la promesa de seguridad absoluta, la fascinación por las megacárceles, el lenguaje de guerra contra el crimen y la idea de que los derechos son un obstáculo cuando la ciudadanía tiene miedo. De Trump tomaría el espectáculo, la relación directa con sus seguidores, la sospecha frente a la prensa, la política como agravio personal y la capacidad de convertir cualquier crítica en persecución.
Y eso es peligroso. Un país cansado del caos siempre escucha con atención a quien promete orden. Un ciudadano asustado por la inseguridad está dispuesto a perdonar excesos si cree que esos excesos lo protegen. Un contribuyente cansado de la corrupción puede aplaudir a quien promete cortar de raíz el gasto. Un empresario agotado por la incertidumbre puede respirar con alivio ante un presidente que le hable de mercado, inversión y seguridad jurídica. No todo en ese impulso es irracional. Hay razones reales detrás de la rabia que está empujando a Abelardo.
Pero gobernar no es administrar una emoción. Gobernar no es hacer un discurso con fuegos artificiales. Gobernar no es intimidar periodistas, insultar opositores, producir frases virales, hacer gestos en tarima o prometer revanchas políticas. Gobernar es entender presupuestos, negociar con el Congreso, respetar las cortes, coordinar la fuerza pública, administrar crisis, cumplir reglas fiscales y conocer el territorio. Gobernar es la parte aburrida de la política. Y en Colombia casi siempre fracasan, como lo demostró Gustavo Petro, quienes creen que la épica reemplaza el método.
Ese es el primer problema. Abelardo de la Espriella nunca ha gobernado. No ha sido alcalde, gobernador, ministro, congresista ni administrador público. Llega, si gana, desde el litigio, la televisión, las redes, la indignación y la marca personal. Pero llega sin experiencia de Estado. Su oferta no descansa en una obra ejecutada, una administración exitosa o una capacidad de gobierno demostrada. Descansa en una promesa de fuerza, mano dura, guerra frontal contra los grupos ilegales y la ilusión peligrosa de que gobernar Colombia es cuestión de carácter. Esa idea puede ganar elecciones. Otra cosa muy distinta es gobernar con ella.
Eso no significa que esté condenado a fracasar. La experiencia tampoco garantiza un buen gobierno. Iván Duque llegó a la Presidencia sin haber administrado una ciudad, un departamento o una entidad compleja. Gustavo Petro sí había gobernado Bogotá, pero llegó al poder nacional convencido de que la épica podía sustituir la gestión y de que la Presidencia era una tarima con presupuesto. Los dos, de maneras distintas, aprendieron demasiado tarde que la Casa de Nariño no es una práctica profesional. Abelardo llegaría con un riesgo adicional: no solo tendría que aprender a gobernar, sino aprender a hacerlo mientras administra una expectativa mesiánica de la mitad del país de orden inmediato.
Eso no es menor porque la promesa de Abelardo se sostiene sobre una idea muy concreta: la fuerza. Pero la fuerza estatal no se decreta. Se construye. Requiere inteligencia, coordinación, legitimidad, justicia, prisiones funcionales, jueces protegidos, fiscales capaces, policías bien mandados, soldados equipados, alcaldes articulados y recursos. Si la fuerza se vuelve solo un gesto, termina siendo propaganda. Y la propaganda, cuando se enfrenta a organizaciones criminales reales, se agota rápido.
Colombia enfrenta estructuras armadas con control territorial, economías ilegales, rutas internacionales, redes de corrupción política, capacidad de reclutamiento, inteligencia criminal y presencia en zonas donde el Estado es intermitente. Reuters reportó en 2025 que los grupos armados ilegales habían aumentado su tamaño en cerca de 45 por ciento desde mediados de 2022, hasta alrededor de 21.958 integrantes.
Entonces la pregunta no es si Colombia necesita autoridad. Claro que la necesita. La pregunta es si un gobierno de Abelardo tendría la capacidad de ejercer autoridad sin convertirla en teatro, sin confundir firmeza con arbitrariedad, sin regalarle a la izquierda mártires políticos, sin incendiar las calles y sin producir una crisis de derechos humanos que termine debilitando justamente la seguridad que promete recuperar.
Porque ese sería el tercer problema, Gustavo Petro en la oposición. Como lo he dicho antes, Petro ha sido mucho más eficaz peleando contra el poder que ejerciéndolo. La administración lo desgasta, mientras que la confrontación lo agranda. En el gabinete se enredó y en la plaza se enciende.
Un gobierno de Abelardo sería para Petro el adversario perfecto. Crearía el villano completo. Ese es el escenario más peligroso. Abelardo gobernando desde la rabia de la derecha y Petro haciendo oposición desde la rabia de la izquierda. Dos discursos permanentes enfrentados. Dos liderazgos que se alimentan del conflicto. Dos formas de política emocional ocupando al mismo tiempo la Presidencia y la calle.
Y eso podría regresar al país a la situación de orden público de 2021. Colombia vivió un estallido social profundo, inicialmente alrededor de una reforma tributaria, pero rápidamente convertido en una protesta más amplia contra la desigualdad, el abuso policial, la pobreza, la rabia acumulada y la falta de representación. Human Rights Watch confirmó 34 muertes en el contexto de las protestas hasta junio de ese año, mientras otros organismos recibieron más denuncias de fallecimientos y abusos.
Un gobierno de Abelardo de la Espriella podría enfrentar protestas desde muy temprano. Por recortes, reformas sociales, política de seguridad o por el rechazo existencial que su figura produce en una parte del país. Pero, sobre todo, porque Petro volverá al escenario que mejor conoce: la calle, la movilización y la oposición permanente.
Y ahí cada decisión tendría costo. Si responde con debilidad, su base lo acusará de traicionar la promesa de orden. Si responde con fuerza desproporcionada, Petro tendrá la calle, la comunidad internacional, las organizaciones sociales y la narrativa del autoritarismo, todas servidas en bandeja. Si militariza, la protesta puede crecer. Si negocia, puede parecer derrotado. Si reprime, puede deslegitimarse. Si se burla, puede radicalizar. Si gobierna por Twitter, puede perder el control de la realidad.
El cuarto problema sería el Congreso. Una cosa es ganar la Presidencia y otra muy distinta es tener poder para gobernar. Abelardo podría llegar a la Casa de Nariño sin una mayoría propia y con un Legislativo extorsivo fragmentado. En el Senado, el Pacto Histórico obtuvo 25 de 102 curules y el Centro Democrático 17. En la Cámara, el Centro Democrático quedó con 32 representantes, el Partido Liberal con 31 y el Pacto Histórico con 29. Es decir, nadie tiene el control del Legislativo. Cualquier presidente necesitará coaliciones difíciles, acuerdos incómodos y concesiones que chocan de frente con el discurso de ruptura.
Eso significa que Abelardo tendría que escoger entre tres caminos. Negociar con la política tradicional que dice despreciar. Gobernar por confrontación, chocando con el Congreso y culpándolo de todo bloqueo. O intentar saltarse la política mediante decretos, estados de excepción, consultas, presión digital y movilización de su propia base. El primer camino lo desgasta ante sus seguidores. El segundo paraliza el gobierno. El tercero tensiona la democracia.
Ese es el dilema de los discursos populistas cuando llegan al poder sin partido suficiente: prometen pureza, velocidad y ruptura, pero la gobernabilidad exige negociación, cuotas, acuerdos regionales y procedimiento.
Y ese choque puede ser brutal. Abelardo podría descubrir rápidamente que no basta con insultar al Congreso para aprobar una reforma tributaria, decir “patria” para ordenar las finanzas públicas, invocar a Dios para cuadrar el déficit o prometer megacárceles para resolver un sistema penitenciario y judicial colapsado.
Además, el país que recibiría no está fiscalmente cómodo. La OCDE proyecta para Colombia un crecimiento moderado de 2,4 por ciento en 2026 y 2,1 por ciento en 2027, con déficits todavía altos e incertidumbre sobre inversión y consumo. El FMI, por su parte, advirtió sobre el aumento del déficit y la suspensión de la regla fiscal.
Eso limita cualquier gobierno. Prometer menos impuestos, más gasto en seguridad, cárceles nuevas, fuerza pública fortalecida, salud ordenada, infraestructura recuperada y déficit a la baja puede funcionar muy bien en una entrevista. Otra cosa es sentarse frente a la caja del Estado y descubrir que las cuentas no hacen saludo militar a los aplausos.
El quinto problema podría ser Estados Unidos. Abelardo tiene una ventaja inicial ya que a Washington le resulta mucho más cómodo. El respaldo del presidente Trump ha sido muy importante. Pero esa cercanía también puede convertirse en desventaja por las expectativas. Estados Unidos no le pedirá poesía ideológica. Le pedirá resultados. Más erradicación. Más extradiciones. Más laboratorios destruidos. Más cooperación de inteligencia. Más presión sobre Clan del Golfo, ELN, disidencias y rutas marítimas. Más cifras. Menos discursos.
Y ahí aparece el problema del narcotráfico. Colombia llega a este punto con cifras profundamente preocupantes. La UNODC reportó que en 2023 los cultivos de coca llegaron a 253.000 hectáreas y que la producción potencial de cocaína subió 53 por ciento, hasta 2.664 toneladas métricas. El mercado global de cocaína también alcanzó máximos recientes, con producción, incautaciones y consumo en niveles récord en 2023. La demanda crece 40 por ciento cada 10 años.
Esa economía ilegal no se va a intimidar con una frase. Al contrario. Si el país se concentra, como pasó en 2021, en disturbios urbanos, crisis institucional, choques entre ramas, protestas masivas y guerra narrativa entre Abelardo y Petro, las estructuras criminales podrían aprovechar la distracción. No necesitan que el Estado desaparezca. Les basta con que mire hacia otro lado. Mientras Bogotá discute si el presidente es fascista o si la oposición es guerrillera, la droga sale por el Pacífico, por el Caribe, por la frontera, por los puertos, por los ríos, por Ecuador, por Venezuela y por donde encuentre menor costo.
Ese fue uno de los aprendizajes más duros de los momentos de desorden interno durante el gobierno de Iván Duque. Cuando el Estado se concentró en contener la protesta, los ilegales leyeron oportunidad. Cuando la fuerza pública se fragmentó para contener el orden público urbano, el control territorial y la protección de la infraestructura, los criminales redistribuyeron rutas. Cuando el país político se dedicó a protestar, el país ilegal se dedicó a facturar niveles récord.
Por eso, el gobierno de Abelardo podría terminar atrapado entre dos fuegos. La calle pidiéndole límites y Washington pidiéndole resultados. Petro denunciando autoritarismo y Trump exigiendo menos cocaína en sus calles, como le exigió al expresidente Duque. La izquierda acusándolo de represión y su base acusándolo de tibieza. Las cortes revisando sus decretos y los narcos probando su capacidad real. El Congreso bloqueando reformas y los mercados exigiendo disciplina.
Ahí está el verdadero riesgo. Colombia podría pasar de un gobierno de izquierda desordenado a un gobierno de derecha desbordado. De la improvisación progresista a la sobreactuación autoritaria. Del trino alterado de Petro al espectáculo presidencial de Abelardo. Del Estado narrado como víctima al Estado narrado como vengador.
@yohirakerman
akermancolumnista@gmail.com
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