Las razones de un tribunal para no frenar los 1,3 billones que Colombia le girará a Portugal por los nuevos pasaportes
La Procuraduría pedía suspender los desembolsos del convenio mientras se define su legalidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que no. Estas son las tres razones que dio el magistrado.
Por: Juan David Cano
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió no congelar los pagos que Colombia se comprometió a girar a la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal (INCM) por el convenio del nuevo modelo de expedición de pasaportes.
La decisión deja en firme desembolsos cercanos a 1,3 billones de pesos que la Procuraduría General de la Nación quería suspender mientras se resuelve una demanda de nulidad contra el acuerdo.
El convenio se firmó el 28 de julio de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la INCM, la empresa estatal portuguesa que fabrica moneda y documentos oficiales.
Con ese acuerdo, el Gobierno de Gustavo Petro reemplazó el esquema que durante años operó la multinacional Thomas Greg. A partir del 1 de abril de este 2026, el nuevo modelo entró en funcionamiento. Pero la Procuraduría demandó el convenio en octubre de 2025 pidiendo que se declarara nulo y poco después pidió la medida cautelar que ahora quedó negada.
Las tres razones del Tribunal
El auto del Tribunal se apoya en tres argumentos, uno para cada requisito que exige la ley para conceder una medida cautelar de este tipo.
El primero tiene que ver con la fuerza jurídica del reclamo. La Procuraduría dijo que el convenio se firmó sin licitación pública, violando el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, que es la norma general para escoger contratistas del Estado.
Pero el Tribunal advirtió que las entidades demandadas se ampararon en otra norma de la misma ley: el parágrafo 1.º del artículo 20, que permite firmar acuerdos con "personas extranjeras de derecho público" bajo las reglas de esos organismos, sin licitación.
Es decir, existe una vía especial en la ley que las partes dicen haber usado, y la Procuraduría no la controvirtió directamente en su solicitud. Para el tribunal, eso debilita la llamada "apariencia de buen derecho", una figura que exige que, al menos en apariencia, el reclamo esté sólidamente fundado.
El segundo argumento es el interés público. El Tribunal consideró que suspender los giros podría poner en riesgo la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, que arrancó en abril bajo el nuevo esquema.
Si los desembolsos se congelan, el Gobierno probablemente tendría que acudir a la urgencia manifiesta, un mecanismo excepcional para contratar sin los procedimientos ordinarios. Eso generaría inestabilidad y afectaría el derecho de los ciudadanos a la libre circulación.
El tercer argumento apunta al perjuicio. La Procuraduría sostenía que, si el convenio se declaraba nulo más adelante, los dineros ya girados serían muy difíciles de recuperar por cuenta del artículo 48 de la Ley 80 de 1993, que obliga a reconocer las prestaciones ya ejecutadas en un contrato anulado.
El Tribunal respondió que ese régimen legal opera igual con o sin medida cautelar y que no se aplica de manera automática: será el juez del proceso principal quien decida, al final, qué se paga y qué se devuelve.
¿Qué sigue ahora en la pelea por los pasaportes?
La decisión no cierra el caso, solo resuelve la solicitud de freno provisional. El proceso principal, es decir, el que discute si el convenio debe o no declararse nulo, continúa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Además, existe una acción popular presentada por el abogado Nicolás Dupont Bernal y la Fundación Dilo Colombia, en la que también se cuestiona el acuerdo.
Uno de los puntos de fondo del pleito es que la Procuraduría considera que la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda habrían aportado solamente el 21 por ciento del valor total del negocio, cuando la ley exige un mínimo del 50 por ciento de financiación para acogerse a las reglas de organismos extranjeros.
La Contraloría también planteó sus dudas sobre el retraso en el inicio del modelo y posibles sobrecostos en la financiación y ejecución del sistema, aunque el gobierno actual descartó esas preocupaciones.
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